Pleno de la Cámara de Diputados aprueba la derogación de normas consideradas procrimen
El Pleno de la Cámara de Diputados del Perú aprobó la derogación de dos disposiciones legales que han sido señaladas por diversos sectores políticos y expertos en materia penal como favorecedoras de la impunidad. Se trata de las leyes promulgadas por el anterior Parlamento, las cuales modificaron aspectos relacionados con la suspensión de la prescripción de la acción penal y la extinción de dominio.
La derogación de la Ley Soto y el impacto en la prescripción penal
El primer proyecto aprobado en la sesión elimina la Ley 31751, conocida popularmente como la Ley Soto, que estableció en un año el período de suspensión de la prescripción de la acción penal. Esto, en la práctica, acortó los plazos para que ciertos delitos prescribieran. Por ejemplo, delitos con una pena máxima de seis años prescribirían ahora en diez años, en lugar de los dieciocho anteriores.
Este dictamen fue respaldado con 77 votos a favor, sin votos en contra y 25 abstenciones, todos estos últimos por parte de los diputados de Fuerza Popular.
Restauración de la autonomía en los procesos de extinción de dominio
Asimismo, el Pleno debatió y aprobó un dictamen que restituye la facultad de los procesos de extinción de dominio a su autonomía individual. La modificación revierte cambios realizados por el anterior Parlamento que condicionaron esta figura a una sentencia penal previa, lo que en algunos casos llevó a la acumulación de procesos en trámite y a su archivo.
Este dictamen fue aprobado con 65 votos a favor, sin votos en contra y 35 abstenciones, provenientes principalmente de diputados de Fuerza Popular y Renovación Popular.
Proyectos pendientes y futuras etapas en la agenda legislativa
Por otra parte, los proyectos que buscan modificar aspectos relacionados con la investigación preliminar por parte de la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú no fueron debatidos en esta ocasión. Aunque estaban en la agenda, la Cámara de Diputados no los puso a discusión.
Es importante señalar que, además de las leyes procrimen, en la agenda también estaba el dictamen para derogar la Ley 32130, que transferió la facultad de investigar preliminarmente a la Policía Nacional, dejando sin efecto la atribución de la Fiscalía. Sin embargo, este proyecto no fue sometido a debate en esta sesión.
Rechazo de la denuncia constitucional contra expresidentes
Previo a las votaciones sobre las reformas legislativas, el Pleno de la Cámara de Diputados rechazó y archivó, la noche del martes 10 de noviembre, una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo y el exministro de Defensa Walter Ayala. La acusación los señalaba por vínculos con delitos relacionados con la venta de ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
La iniciativa no alcanzó los 66 votos necesarios para su aprobación, logrando solo 54 votos a favor, 43 en contra y 11 abstenciones.
El exmandatario acudió previamente a la sede legislativa para defenderse, desde el penal de Barbadillo, asegurando que respetó los procedimientos institucionales y rechazando las acusaciones en su contra. En sus declaraciones, afirmó que no intervino en los procesos de ascensos y que sus reuniones con representantes militares no tuvieron relación con negociaciones irregulares.
La votación refleja la división política en torno a estos casos, con el apoyo principal de Fuerza Popular, Renovación Popular y el Partido del Buen Gobierno. Las fuerzas opuestas corresponden a Juntos por el Perú y el Partido Cívico Obras, mientras que los legisladores de Ahora Nación optaron por abstenerse.
Con esta decisión, la denuncia fue archivada y su trámite en la Cámara de Diputados quedó concluido, sin que proceda su remisión al Senado para futuras instancias judiciales o parlamentarias en relación a estos casos.
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