La investigación por la trágica muerte de tres efectivos del Ejército Nacional durante un ejercicio de nado nocturno en las aguas del río Uruguay, frente a la costa de Fray Bentos, sumó este lunes una instancia institucional clave. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, recibió a una delegación compuesta por senadores y diputados tanto del oficialismo como de la oposición para detallar el estado de las actuaciones y entregar las primeras conclusiones oficiales recopiladas por las Fuerzas Armadas.
El documento presentado corresponde al informe de urgencia elaborado por la propia fuerza en las primeras 48 horas posteriores al fatal desenlace en el departamento de Río Negro. Según confirmó la jerarca a la salida del encuentro, la totalidad del expediente administrativo ya fue remitido a la Fiscalía de la Nación que lleva adelante la causa judicial para deslindar posibles responsabilidades penales. Sin embargo, al ser consultada sobre si el texto arrojaba luz definitiva sobre la tragedia, Lazo fue categórica al calificarlo como «absolutamente no concluyente».
El peso del antecedente de instrucción y las garantías del sumario
El suceso encendió de inmediato el debate sobre los protocolos de entrenamiento e instrucción operacional que aplican las Unidades del Ejército en maniobras nocturnas en cursos de agua de alta peligrosidad. Tras la confirmación del deceso de los tres uniformados, la madre de una de las víctimas anunció la presentación de una demanda judicial formal contra las autoridades castrenses, señalando fallas graves en la planificación del operativo y falta de equipamiento de seguridad adecuado durante la maniobra.
Ante este escenario, la titular de la cartera de Defensa subrayó la relevancia de la investigación administrativa exhaustiva que viene desarrollando el propio Ministerio con un plazo legal de hasta 60 días para expedirse. Lazo remarcó ante los parlamentarios que este segundo procedimiento ministerial se ejecuta con la «independencia y rigurosidad necesaria» para determinar la cadena de mandos interviniente y evaluar las condiciones técnicas en las que se autorizó el ejercicio de nado.
Exigencias de la oposición y reclamo de transparencia
El encuentro generó repercusiones inmediatas entre los legisladores asistentes. El senador del Partido Nacional y exministro de Defensa, Javier García, solicitó formalmente a la ministra que toda la documentación técnica y las actuaciones recopiladas hasta la fecha sean puestas a disposición de la opinión pública, con el objetivo de garantizar máxima transparencia ante la gravedad del hecho.
En la misma línea institucional, la senadora del Frente Amplio, Bettiana Díaz, coincidió en la cautela del Poder Ejecutivo y reafirmó que las primeras averiguaciones militares no aportan datos definitorios sobre los niveles de riesgo asumidos ni sobre las eventuales omisiones de los mandos a cargo del ejercicio.
Próximos pasos en la investigación judicial y ministerial
La causa continuará su curso en el plano judicial a cargo de la Fiscalía departamental, mientras el Ministerio de Defensa Nacional aguarda por las pericias definitivas y el dictamen de los instructores sumariantes.
El desenlace de este caso resulta clave no solo para dar respuesta a las familias de los tres efectivos fallecidos, sino también para revisar de forma integral los manuales de entrenamiento físico militar y los controles de seguridad exigidos en maniobras de riesgo en todo el país.
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