El Instituto Nacional Electoral presenta denuncia ante la Fiscalía General de la República por presuntos malos manejos de recursos públicos
El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció este viernes que ha presentado formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que esta institución investigue posibles conductas constitutivas de delito relacionadas con el manejo de los recursos públicos asignados al organismo electoral. La decisión se tomó con el objetivo de que, en caso de que existan elementos suficientes, se puedan determinar las responsabilidades correspondientes.
Medidas institucionales y compromiso con la legalidad
Mediante un posicionamiento institucional, el organismo electoral explicó que la denuncia fue presentada ante la autoridad ministerial federal en cumplimiento de su obligación de garantizar la legalidad, la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos. El INE afirmó que estos principios deben prevalecer en todas sus actividades y procesos internos.
Asimismo, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente, informó a la Cámara de Diputados que su oficina presentó seis denuncias penales contra diversos funcionarios y exfuncionarios del organismo, así como contra empresas relacionadas, en relación con los escándalos que implican a Guadalupe Taddei y al contratista Alfredo Hernández Casillas. Según se conoció, una grabación del 16 de febrero muestra a Taddei, expresidenta del INE, junto con Hernández Casillas revisando en una libreta los montos que les corresponderían de un contrato por 71 millones de dólares, vigente hasta 2031.
Detalle de las denuncias y posibles delitos
Carvente Contreras indicó que las seis denuncias presentadas ante la FGR involucran a personas servidoras y exservidoras públicas del INE, así como a personas morales, por su probable participación en hechos que la ley señala como delitos. En palabras del funcionario, “Se presentaron seis denuncias penales ante la FGR en contra de diversas personas servidoras y exservidoras públicas del INE, así como de personas morales, por la probable participación en hechos que la ley señala como delitos”.
La denuncia permite a la Fiscalía explorar en profundidad las posibles irregularidades relacionadas con el manejo de los recursos públicos y valorar si los elementos recabados constituyen alguna conducta punible. La Fiscalía analizará si existen responsabilidades penales y procederá según las disposiciones legales aplicables, determinando si las irregularidades pueden constituir delitos y qué acciones deben tomarse al respecto.
En específico, las investigaciones buscarán identificar posibles conflictos de interés o responsabilidades administrativas, además de revisar los expedientes para determinar si hubo uso indebido de atribuciones, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público, utilización de documentos falsos o cohecho, delitos que también están siendo considerados en las denuncias.
Compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas
El INE enfatizó que la presentación de la denuncia no está condicionada por la identidad o funciones de las personas involucradas, sino que responde a su compromiso con la legalidad y la protección del patrimonio público. La institución aclaró que ninguna irregularidad debe quedar sin investigar, independientemente del cargo que hayan tenido quienes participaron en los posibles hechos ilícitos.
El organismo electoral reafirmó que cualquier señalamiento de uso indebido de recursos públicos debe ser atendido con la misma rigurosidad, y que las acciones legales y las investigaciones son parte de su política de cero tolerancia ante conductas que puedan comprometer la integridad de sus recursos.
Por otra parte, el INE subrayó que la vigilancia sobre el manejo del presupuesto es una responsabilidad constante, y que todos los niveles y áreas de la institución deben mantener el cumplimiento estricto de los principios de transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos asignados para sus funciones constitucionales.
Rol de la Fiscalía en la investigación
Una vez presentada la denuncia, la Fiscalía General de la República será la encargada de analizar los datos proporcionados por el INE, realizar las diligencias necesarias y determinar si existen elementos suficientes para abrir o continuar las investigaciones y, en caso afirmativo, establecer quiénes podrían ser responsables penalmente. La FGR tendrá la misión de desarrollar las actuaciones correspondientes y, con base en las pruebas, tomar las decisiones que corresponda en el marco legal.
En su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el responsable del OIC del INE recordó que entre 2014 y 2025, al menos cinco empresas vinculadas entre sí obtuvieron contratos por aproximadamente 2 mil 461 millones de pesos de diferentes organismos públicos electorales locales, en una situación que, según las investigaciones internas, reflejaría un esquema de simulación de competencia y posibles daños económicos al erario.
Declaraciones finales y compromiso institucional
El INE reafirmó que su propósito central es la protección del patrimonio público y garantizar que los recursos destinados a sus funciones constitucionales sean utilizados de manera adecuada, clara y responsable. La presentación de esta denuncia es parte de su firme postura de mantener la transparencia y aplicar los mecanismos institucionales y legales correspondientes para abordar cualquier posible irregularidad, sin importar quiénes puedan estar involucrados o qué cargos hayan ocupado.
En su comunicación, el organismo electoral dejó en claro que la protección de los recursos públicos es una obligación que debe cumplir en todos los niveles de su estructura, y que la transparencia y la rendición de cuentas continúan siendo principios rectores en todos sus procesos. La intervención de la FGR permitirá determinar si los hechos denunciados cuentan con suficientes elementos para proceder legalmente y establecer las eventuales responsabilidades.
Tras la presentación formal, la Fiscalía General de la República asumirá la revisión de los elementos entregados por el INE, llevará a cabo las diligencias correspondientes y decidirá si existen conductas que puedan constituir delitos. Esta denuncia marca el inicio formal de una investigación que deberá seguir su curso conforme a derecho, buscando esclarecer los hechos y garantizar que los responsables rindan cuentas ante la ley.
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