La interna del Poder Ejecutivo de la República Oriental del Uruguay registra intensos movimientos políticos y estratégicos en su estructura de mando. Según reveló el semanario Búsqueda, la Presidencia evalúa concretar una reestructuración dentro de su gabinete ministerial que ubica al actual prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, como la principal opción para asumir la conducción del Ministerio de Defensa Nacional en reemplazo de la ministra Sandra Lazo.
El eventual traslado de Díaz a la cartera de Defensa —donde podría estar acompañado por el actual director general de Presidencia, Diego Pastorín, en el rol de subsecretario— coincide con un raid de reuniones que el jerarca ha venido manteniendo con las cúpulas directivas del Frente Amplio. Entre los sectores con los que entabló diálogo se encuentran Asamblea Uruguay, el Movimiento de Participación Popular (MPP), la Vertiente Artiguista, Progresistas 76, Compromiso 711 y el Partido Socialista. Asimismo, el exfiscal participará a finales de este mes en una actividad sobre narcotráfico organizada por la juventud de la agrupación conducida por el ministro de Educación, José Carlos Mahía.
Un rol clave en la seguridad pública y los reacomodamientos del gobierno
Jorge Díaz ha sido una pieza vertebral del equipo de gobierno encabezado por el presidente Yamandú Orsi y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Durante su gestión en la Prosecretaría, Díaz devolvió al cargo un marcado protagonismo en la política de seguridad pública, presidiendo la Comisión Coordinadora del Combate al Lavado de Activos y creando el Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado. A su vez, tuvo una participación protagónica en las denuncias sobre el fallido contrato entre el Estado e investigaciones vinculadas a la gestión anterior.
De confirmarse el desembarco de Díaz en Defensa y el nombramiento del actual titular de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Sergio Pérez, en la Prosecretaría, el gobierno concretaría un nuevo ajuste en su gabinete ministerial en el marco de una «evaluación permanente» de la gestión pública. La jugada busca fortalecer el perfil ejecutivo del oficialismo frente a los debates parlamentarios y los reclamos de la coalición republicana de cara a los próximos años de mandato.
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