Prohibición presidencial para contactos con Mario Urán en el sistema de salud colombiano
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha emitido una orden estricta que prohíbe a los interventores de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) sostener reuniones o tener cualquier tipo de contacto con Mario Urán. La directriz, divulgada en una publicación en la plataforma X el jueves 5 de noviembre de 2026, contempla la separación inmediata de los funcionarios que desobedezcan esta instrucción.
Orden terminante y restricciones específicas
El mandatario calificó la disposición como una “¡ORDEN TERMINANTE!” y enfatizó: “Queda terminantemente prohibido a todos los interventores de las EPS reunirse, sostener encuentros o mantener cualquier tipo de interlocución con el siniestro Mario Urán”. Además, agregó que “quien incumpla esta instrucción será separado inmediatamente de sus funciones”. La publicación no especifica las razones concretas que motivaron la medida ni señala reuniones o gestiones previas que puedan haber dado lugar a esta prohibición.
Compromiso del gobierno contra la corrupción y los negocios irregulares en salud
En la misma comunicación, el presidente afirmó que su administración trabajará para eliminar las “mafias, los negociados y la corrupción en el sistema de salud”. También vinculó estas expresiones a los “negocios irregulares con los medicamentos”. Según su argumentación, los recursos destinados a la atención médica deben ser utilizados exclusivamente para atender a los pacientes, garantizar sus tratamientos y suministrarles los medicamentos de manera oportuna. De la Espriella sostuvo que dichos fondos no pueden ser utilizados para enriquecer a intermediarios inescrupulosos.
Indicadores de irregularidades en el sector salud
El mandatario concluyó su declaración con una firme advertencia: “No permitiré que se siga jugando con la salud y la vida de los colombianos”. Un informe de 23 páginas de la Procuraduría General de la Nación, realizado tras alertas presentadas por el entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal en noviembre de 2024, identificó presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos en cuatro Entidades Promotoras de Salud (EPS): Coosalud, Emssanar, Servicio Occidental de Salud (SOS) y Asmet Salud.
El documento reveló posibles transferencias de fondos a terceros, incumplimientos de metas y relaciones con paraísos fiscales. Parte de los recursos destinados a financiar la atención a los afiliados habría sido desviada a destinos no autorizados por la normativa vigente. Además, se detectaron pagos a organizaciones clínicas, giros elevados a terceros, anticipos pendientes de legalización y discrepancias en los registros financieros de las EPS, lo que pone en duda la precisión de la información reportada.
Detalles de irregularidades específicas
En el caso de Coosalud, que no estaba intervenida en el momento en que se elaboró el informe, la Procuraduría encontró diferencias entre los giros realizados de enero a septiembre y los datos de una circular financiera oficial, lo que requiere explicaciones sobre la gestión de los recursos y los mecanismos de control. En cuanto a Asmet Salud, se detectaron 12 anticipos superiores a los 21.000 millones de pesos otorgados a terceros, los cuales no estaban legalizados, afectando la verificación de pagos a proveedores y dificultando la recuperación de esos fondos.
Por su parte, Emssanar fue objeto de advertencias por un posible sobrecosto en la compra de material de osteosíntesis, cuyo desembolso mensual pasó de 3.115 millones de pesos en julio a 5.276 millones en septiembre, un aumento de 2.161 millones. La situación de SOS también llamó la atención por una diferencia de 455 millones de pesos en la trazabilidad de recursos enviados a seis prestadores y proveedores, lo que podría indicar fallas en el control financiero.
Investigaciones penales y defensas
Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación abrió una línea de investigación por presunto desvío de recursos en el sector salud, incluyendo a Mario Andrés Urán, asesor de la industria, señalado por posibles vínculos en un esquema destinado a direccionar fondos hacia entidades intervenidas. La defensa del asesor rechazó categóricamente estos señalamientos. Su abogado, Andrés Garzón Roa, afirmó: “El doctor Mario Andrés Urán Martínez no ha direccionado dineros de la salud”. Además, negó cualquier participación de su cliente en sociedades con el Centro Oncológico del Caribe o en un proyecto de asociación con la empresa ROMA, el cual no fue formalizado y finalizó a finales de 2023.
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