En el hecho político de mayor impacto institucional en la región en lo que va del año, Santiago Peña renunció este jueves a la Presidencia de la República del Paraguay. El desenlace se produjo bajo la insostenible presión política provocada por la intervención y colapso de Ueno Bank, un escándalo financiero de proporciones inéditas que dejó a más de tres millones de clientes con sus cuentas congeladas y que desnudó el manejo irregular de ingentes fondos públicos.
La dimisión de Peña se precipitó luego de que la bancada de la oposición, en articulación con sectores disidentes del propio gobernante Partido Colorado, terminaran de consolidar los votos para avanzar de forma inminente con un juicio político en su contra y de su vicepresidente. La bancarrota de la entidad bancaria no solo paralizó el sistema de pagos del país guaraní, sino que desató multitudinarias protestas en las calles de Asunción ante la falta de respuestas para los ahorristas afectados.
Inseguridad financiera, colapso de la gestión y la salida por la puerta de atrás
La crisis de Ueno Bank salpicó de lleno a la cúpula del Poder Ejecutivo desde el inicio de la intervención judicial. La entidad, que administraba buena parte de los recursos operativos del Estado y mantenía convenios clave con la administración central, colapsó dejando al descubierto severas falencias en los controles de supervisión bancaria y presuntos desvíos de capitales.
Acorralado por la falta de respaldo en el Congreso y con la imputación penal de decenas de directivos y funcionarios vinculados al entramado, Peña formalizó su renuncia al cargo antes de ser sometido al juzgamiento parlamentario. El histórico desplome del gobierno paraguayo abre ahora un complejo proceso de transición constitucional para determinar quién asumirá las riendas del Estado en medio de una severa convulsión económica.
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