El presidente Abelardo de la Espriella firma la Ley de Sometimiento, fortaleciendo la lucha contra las organizaciones criminales
El mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, oficializó la Ley de Sometimiento mediante una ceremonia en la que estuvo acompañado por el ministro de Justicia, Iván Cancino, y el secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto. La firma fue registrada en un video difundido en las redes sociales, donde De la Espriella expresó su respaldo a la iniciativa y destacó los beneficios que implica para el país en su lucha contra la criminalidad.
Contexto y aprobación del proyecto legislativo
La publicación del video se realizó el miércoles 4 de noviembre de 2026, tras la aprobación del texto en las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes, lo que permitió que el proyecto de ley pasara directamente a sanción presidencial sin necesidad de conciliación. La rapidez en el trámite refleja la importancia de la norma para las políticas de seguridad del país.
El presidente De la Espriella utilizó sus redes sociales para afirmar: “¡El que delinquió tiene que pagar!”, y aseguró que la ley termina con los privilegios y concesiones que, a su juicio, habían sido otorgados a las estructuras criminales. En su comunicación, resaltó que con la entrada en vigor de esta legislación, se enviará un mensaje claro de que la justicia prevalece sobre las actividades ilegales.
Detalles de la firma y declaraciones oficiales
En el video, se observa a De la Espriella, Cancino y Barreto sentados alrededor de una mesa, con los documentos de la ley y marcadores frente a ellos. Los tres participantes firman el texto frente a la cámara, en una ceremonia que busca reforzar el compromiso del Estado con la lucha contra el crimen organizado.
El mandatario presentó inicialmente a sus acompañantes, y posteriormente, anunció la firma de la norma, felicitando al ministro por su labor durante todo el proceso en el Congreso. Además, expresó su reconocimiento a los legisladores que respaldaron el proyecto.
“Vamos a firmar en este momento la ley de sometimiento”, afirmó De la Espriella antes de preguntar a Cancino la relevancia del mecanismo para la justicia, la verdad y la paz. El ministro explicó que la propuesta contempla mecanismos para que las organizaciones criminales se sometan a la justicia bajo condiciones precisas y establecidas en la ley.
Cancino aclaró que la disposición no contempla la devolución de dinero ni la suspensión de órdenes de captura o extradiciones para quienes participen en estos grupos. También mencionó las medidas de protección para menores y las sanciones penales por reclutamiento forzado.
Enfoque en las víctimas y responsabilidades de los criminales
De la Espriella enfatizó que las víctimas deben ocupar un lugar central en este mecanismo y resaltó que la ley no se limita al sometimiento, sino que representa una ruta hacia la verdadera paz. “Esta ley de sometimiento, no solamente es de sometimiento, es de verdadera paz, porque las víctimas están en el centro de esta ley”, afirmó.
Por su parte, Cancino indicó que aquellos que busquen beneficios a través del sometimiento deberán proporcionar información valiosa sobre sus actividades delictivas, vínculos con funcionarios públicos y políticos, y entregarán recursos obtenidos ilícitamente. “Cada vez que quieran algo, tienen que dar un aporte a la verdad real y absoluta, y concreto”, agregó el ministro, resaltando la importancia de la colaboración y la transparencia en estos procesos.
El alcance y las condiciones de la Ley de Sometimiento
La Ley 2640, que fue sancionada posteriormente por el presidente, modifica la Ley de Orden Público y prorroga la Ley 418 de 1997. Su objetivo es establecer un marco jurídico para facilitar el desmantelamiento de organizaciones criminales de alto impacto, sin reconocimiento político ni negociaciones con sus miembros.
Entre sus principales disposiciones, establece un mínimo de diez años de privación efectiva de la libertad para los cabecillas y seis para los colaboradores. Los beneficios de reducción de penas se condicionan al cumplimiento de compromisos con la justicia, como la colaboración eficaz y la entrega de bienes ilícitos. Las rebajas pueden llegar hasta el 50% para integrantes de base y hasta el 30% para mandos superiores.
Asimismo, la ley contempla la pérdida de beneficios para quienes oculten información sobre personas desaparecidas, incentivando la cooperación con las autoridades. También introduce mecanismos para la transformación económica en territorios afectados por economías ilegales, mediante articulación institucional y programas de tránsito a la legalidad, coordinados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
Aprobación legislativa y sanción presidencial
El proyecto fue aprobado por unanimidad en ambas cámaras. En la Cámara de Representantes, la votación fue de 95 a favor y 10 en contra, mientras que en el Senado obtuvo 57 votos positivos frente a 24 negativos. Para unificar el texto, los legisladores revisaron y eliminaron algunos artículos, incluyendo uno que permitía la contratación directa con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), ante cuestionamientos sobre su legalidad.
El representante de la Alianza Verde, Jaime Raúl Salamanca Torres, destacó que la eliminación de dicho artículo retiró una disposición que permitía esas contrataciones directas. Además, informó que varias de sus proposiciones fueron aceptadas y otras lograron incorporarse parcialmente en el texto final.
Las disposiciones adicionales abordaron también temas relacionados con la deforestación, tala ilegal, minería ilícita, restauración ecológica y garantías jurídicas para la fuerza pública. La sanción presidencial fue emitida después de que ambas cámaras ratificaron el texto, consolidando así la aprobación definitiva de la ley.
Mensaje del presidente y compromiso con la legalidad
En su pronunciamiento público, De la Espriella afirmó que la sanción de la ley representa el fin de lo que denomina la “falsa paz”. “Con la sanción de esta ley se acaba formalmente la falsa paz. Estoy feliz de firmar esta ley y de hacer lo correcto, doctor Cancino”, expresó. El mandatario reiteró su compromiso con el Estado de derecho, la legalidad y el cumplimiento de las leyes del país.
Además, en sus redes sociales, el presidente manifestó que la norma pone fin a los beneficios que, según su percepción, habían sido otorgados a individuos vinculados a actividades criminales. Afirmó que en Colombia, “los criminales se someten a la justicia, no el Estado a los criminales”, y resaltó que quienes pretendan acceder a los beneficios de la ley deberán cumplir con requisitos como confesar delitos, reparar a las víctimas, entregar recursos ilícitos y responder ante la justicia.
De la Espriella afirmó que bajo esta nueva legislación no habrá impunidad ni premios para responsables de actividades ilícitas, y defendió la autoridad del Estado como pilar en su estrategia de seguridad.
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