Contraloría advierte sobre falencias en la implementación de políticas climáticas y reducción de recursos en Colombia
La Contraloría General de la República alertó sobre graves problemáticas en la ejecución de las políticas destinadas a enfrentar el cambio climático en Colombia, así como sobre una disminución significativa en los recursos asignados al sector ambiental. El organismo advirtió que, en el último año, el presupuesto para temas de ambiente y desarrollo sostenible sufrió una caída del 32 %, evidenciando dificultades en la utilización efectiva de los recursos y en la traducción de los planes climáticos en resultados verificables.
Reducción presupuestal y baja ejecución de fondos ambientales
De acuerdo con un informe divulgado recientemente, la Contraloría señala que el presupuesto del sector pasó de 1,44 billones de pesos en 2025 a aproximadamente 976.371 millones de pesos en 2026. Más allá de esta merma en los recursos, el organismo resaltó que la ejecución de los mismos es muy baja en varias entidades y fondos creados específicamente para responder a riesgos ambientales y financiar proyectos relacionados con adaptación y conservación de la biodiversidad.
El Fondo de Adaptación, responsable de financiar iniciativas para reducir riesgos derivados del cambio climático, solamente logró ejecutar el 0,82 % de su presupuesto anual. En contraste, otros fondos como el de Vida y Biodiversidad lograron una ejecución del 52 %, y el de Compensación Ambiental alcanzó el 58 %, cifras que reflejan una marcada disparidad en el uso de los recursos destinados.
Dificultades en la formulación y aplicación de planes climáticos regionales
La revisión del organismo de control también evidenció una brecha significativa entre los planes climáticos desarrollados por las regiones y su aplicación efectiva en los territorios. De los 32 departamentos del país, 30 cuentan con planes integrales de gestión del cambio climático, pero solo 20 de estos los han adoptado formalmente. Asimismo, únicamente 13 departamentos reportan avances verificables en la implementación de dichos planes, lo que evidencia dificultades en avanzar desde la planificación hasta la ejecución concreta de las políticas.
Desigualdad en la distribución de recursos por zonas de vulnerabilidad
Otro aspecto preocupante señalado en el informe es la distribución territorial de los recursos destinados a afrontar los efectos del cambio climático. La Contraloría identificó que regiones altamente vulnerables, como departamentos en la Amazonía y la Orinoquía — incluyendo Guainía, Guaviare, Vaupés, Arauca, Casanare y Vichada — reciben menos inversión en comparación con otros territorios con menor exposición a riesgos climáticos. Estas zonas presentan condiciones de alta vulnerabilidad, pero la asignación de recursos no refleja esta realidad.
Desajustes en medición y resultados de los planes de desarrollo
El informe también destaca que algunos resultados oficiales del Plan Nacional de Desarrollo muestran avances físicos superiores al 100 %, a pesar de que los recursos presupuestales utilizados son muy bajos. Esta discrepancia genera dudas acerca de la coherencia entre los logros reportados y la inversión real en proyectos y programas. La Contraloría subrayó que mejorar los mecanismos para verificar los avances y garantizar que los recursos lleguen efectivamente a las zonas más necesitadas es fundamental para avanzar en la lucha contra el cambio climático.
La institución evidenció que contar con planes y metas no es suficiente por sí solo para garantizar una respuesta efectiva frente a los efectos del cambio climático. La capacidad institucional para gestionar los recursos, realizar un seguimiento riguroso de los proyectos y asegurar que las inversiones beneficien a las áreas más vulnerables determinan en gran medida el éxito de las políticas.
Llamado a fortalecer mecanismos de seguimiento y redistribución de recursos
Frente a estos hallazgos, la Contraloría exhortó a fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación de las políticas climáticas, así como a mejorar la ejecución en la asignación presupuestal. Además, hizo énfasis en la necesidad de redistribuir los recursos conforme a las condiciones de vulnerabilidad de cada territorio, poniendo especial atención en las regiones con mayores riesgos asociados al cambio climático, pero con menores inversiones.
El balance presentado por la entidad refleja tres preocupaciones principales: la caída del 32 % en el presupuesto ambiental, los bajos niveles de ejecución en algunos fondos y la desconexión entre los planes formulados y los avances verificables en varias regiones del país. Para la Contraloría, solucionar estas dificultades requiere mejorar la gestión financiera, reforzar los mecanismos de control y orientar las inversiones hacia las zonas más expuestas a los impactos del cambio climático, con miras a lograr una respuesta más efectiva y equitativa en toda Colombia.
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