El Gobierno de Gustavo Petro destinó cerca de 28 mil millones de pesos al programa EN-Comunidad, una iniciativa diseñada para promover la generación de electricidad en territorios indígenas, campesinos y afrodescendientes. Sin embargo, al concluir el convenio en diciembre de 2025, ninguna de las comunidades beneficiarias había recibido las obras de infraestructura energética contempladas en los objetivos del programa.
El origen y alcance del programa EN-Comunidad
La iniciativa fue liderada por el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), que suscribió un acuerdo de cooperación internacional con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) por un valor de 27.815 millones de pesos. Los recursos estaban destinados a actividades de capacitación, fortalecimiento empresarial, estudios de factibilidad y dotaciones para las organizaciones participantes.
No obstante, una investigación realizada por Cambio revela que, aunque en las actas oficiales del Gobierno se contemplaba la puesta en marcha de empresas comunitarias, la financiación destinada a la construcción de proyectos energéticos no quedó completamente asegurada. Desde Fenoge se ha especificado que dichas obras no estaban incluidas en el alcance del convenio con la OIM, y que ser seleccionadas como beneficiarios no garantizaba recursos para su ejecución.
Evolución y financiamiento del mecanismo
El 29 de mayo de 2023, durante la administración de la entonces ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, el comité directivo de Fenoge aprobó el mecanismo de financiación denominado Desarrollo Energético Comunitario. La propuesta buscaba que organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes constituyeran empresas de servicios energéticos y desarrollaran proyectos para generar electricidad en sus territorios.
Inicialmente, el mecanismo contó con un presupuesto de 14.112 millones de pesos y una meta aproximada de atender a 21 organizaciones. La estructura operativa contemplaba dos líneas de financiamiento: una para cubrir las capacitaciones, la constitución de las empresas y la formulación de los proyectos; y otra para la construcción de las soluciones energéticas, la cual dependía de los resultados de la primera fase y requería gestiones adicionales.
En julio de ese mismo año, Fenoge abrió una convocatoria nacional dirigida a juntas de acción comunal, consejos comunitarios, organizaciones indígenas, cooperativas y otras asociaciones, especialmente en territorios vulnerables y con dificultades de acceso a la electricidad. La convocatoria recibió 491 postulaciones, de las cuales 331 cumplieron los requisitos para continuar con el proceso, demostrando interés y compromiso con el programa.
El 29 de noviembre, durante la gestión del ministro Omar Andrés Camacho, el presupuesto fue ampliado a 27.902 millones de pesos, y la meta de atención aumentó a cerca de 49 organizaciones. Posteriormente, el 28 de diciembre de ese año, Fenoge y la OIM firmaron un nuevo acuerdo de cooperación internacional de 27.815 millones de pesos, que centró sus funciones en capacitaciones, fortalecimiento empresarial y formulación técnica de los proyectos; sin embargo, no garantizó recursos para la construcción de las plantas solares.
Limitaciones y desafíos en la ejecución del programa
Mientras la OIM desarrollaba actividades de capacitación, apoyo a la constitución de empresas y estudios de factibilidad, no se definió quién asumía los costos de las obras de infraestructura. El cierre de 2025 reflejó que, pese a la entrega de 50 estudios de factibilidad y 5 estudios técnicos a 55 organizaciones, además de capacitar a 740 personas y dotar a 61 grupos con equipos, las comunidades continuaban a la espera de la implementación de sus proyectos. El fondo señaló en su informe de gestión y empalme del 31 de diciembre de 2025 que avanzar hacia la construcción involucraba apoyo y decisiones del Gobierno, además de registrar diferencias con la OIM relacionadas con desembolsos y la calidad de algunos productos entregados, complicando la liquidación del convenio.
En mayo de 2026, la Asociación de Mujeres Afro Mineras Barequeras Víctimas del Conflicto Armado de Barranco de Loba (Afrominba) presentó un derecho de petición solicitando información sobre el estado de su proyecto. La respuesta de Brayan Giraldo Ruiz, director del fondo, fue que EN-Comunidad había finalizado en diciembre de 2025 y que el proceso de liquidación todavía se encontraba en marcha. Reconoció que la selección de organizaciones no garantizaba la asignación de recursos para construir las soluciones energéticas, y que la instalación de infraestructura excedía el alcance del convenio con la OIM. Además, admitió que no se había avanzado en procesos de implementación física de los proyectos energéticos, por lo que, si bien las organizaciones habían recibido formación, estudios y acompañamiento, no contaron con las instalaciones para generar electricidad.
Casos concretos en comunidades indígenas y afrodescendientes
Uno de los casos documentados corresponde a Playita Copomá, una comunidad indígena del Litoral del San Juan, en Chocó. Allí se reservó un terreno desde 2025 para la instalación de paneles solares que no llegaron. La comunidad esperaba la solución energética desde que ingresó al programa, pero la pequeña planta existente quedó fuera de funcionamiento tras un sismo que afectó viviendas cercanas. El gobernador de la comunidad, Robinson Cabezón Chamapuro, describió las dificultades que enfrentan por la falta de electricidad, reiterando que “somos una comunidad fundada en 2011 y no conocemos nunca una energía a este 2026”.
En Río Pichimá, Iquino Cuero relató que la comunidad destinó un terreno de 100 metros cuadrados para la instalación de paneles solares y participó en las capacitaciones a través de la asociación Camagua, pero casi tres años después todavía no recibe los equipos ni información sobre las obras. De igual forma, Enol Chamarra Chiripúa, gobernador del resguardo Buenavista en Isla Bello, reportó que participaba en capacitaciones desde hacía más de dos años sin avances en el proyecto. La comunidad Tiberias, en San Antonio de Togromá, también mencionó que les prometieron paneles solares para 40 familias, pero estos nunca llegaron.
En Barranco de Loba, Bolívar, Luz Neida Ardila, representante de Afrominba, mostró el terreno en San Antonio donde se planificaba desarrollar una iniciativa que beneficiaría, entre otros, un centro educativo. La misma situación ocurrió en Santa María, donde Harrison Javier Klinger informó que la comunidad destinó un terreno de 12 hectáreas para una posible instalación solar, sin que los estudios y permisos se hayan concretado tras casi dos años. En Pueblo Nuevo Mejía, Bolívar, el proyecto de una planta de 159,6 kilovatios pico, valorado en 5.432 millones de pesos, quedó sin recursos para su construcción a pesar de contar con una empresa comunitaria constituida, EnergPume S.A.S.
Estas situaciones evidencian que, aunque las comunidades recibieron capacitaciones, estudios y acompañamiento, no se materializaron las instalaciones para la generación de energía en muchos territorios, dejando a las comunidades en espera de una solución que no ha llegado.
Balance y dificultades en la gestión y seguimiento
El exministro Edwin Palma, quien tuvo a cargo la cartera durante la etapa final del convenio, admitió que el Gobierno no cumplió con el propósito principal del programa. Reconoció que, pese a que las comunidades lograron constituirse y presentar proyectos, estas quedaron “a mitad de camino” sin fondos para construir las plantas energéticas. La segunda fase del mecanismo, que contemplaba la implementación de los proyectos, nunca fue aprobada, y su financiación dependía en su momento de los resultados de la primera.
Palma señaló que durante su gestión, Fenoge no presentó solicitudes de recursos para ejecutar esas obras, argumentando que comprometer fondos en proyectos en revisión sería irresponsable. Asimismo, la organización rechazó dos estudios de factibilidad y mantenía bajo revisión cerca de 3.230 millones de pesos en costos reportados por la OIM, relacionados con posibles sobrecostos. La conciliación preliminar indicaba un saldo potencial favorable para el fondo de 389,7 millones de pesos, sujeto a liquidación final.
El monto total del convenio alcanzó los 28 mil millones de pesos, pero durante su gestión, solo se giraron cerca de 5.130 millones de pesos para dotaciones y otros 7.392 millones quedaron suspendidos por incumplimientos. Palma también reconoció la existencia de deficiencias en los mecanismos para el seguimiento de los gastos, lo que fue motivo de observaciones y recomendaciones de la Contraloría General de la República.
Situación actual y desafíos pendientes
En septiembre de 2026, la Contraloría identificó dificultades para rastrear el uso de los recursos del convenio, de los cuales Fenoge aportó aproximadamente 27.063 millones de pesos y la OIM, 752 millones. La organización internacional administró los fondos y contrató actividades bajo sus propias reglas, pero los informes al organismo de control agrupaban gastos en categorías generales que dificultaban verificar con precisión los pagos, proveedores y soportes de las contrataciones internas. La ausencia de comprobantes individuales limitó la auditoría, aunque esto no implica necesariamente malversación.
Asimismo, la auditoría de cumplimiento a Fenoge, correspondiente a 2025 y publicada en junio de 2026, puntualizó cinco hallazgos administrativos, entre ellos fallas en la supervisión, retrasos en los procesos y problemas de planificación, con posibles implicaciones disciplinarias. Sin embargo, estos hallazgos no están específicamente vinculados al programa EN-Comunidad.
En resumen, aunque la inversión y el marco institucional estuvieron establecidos, la ejecución del programa no ha logrado materializar las soluciones energéticas en la mayoría de las comunidades beneficiarias, dejando en suspenso las promesas de generación de electricidad en territorios vulnerables y con dificultades de acceso a servicios básicos.
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