Situación pendiente en la sustitución de cultivos ilícitos en Colombia
Cerca de 80.000 familias vinculadas a programas de sustitución de cultivos ilícitos en Colombia aún aguardan que el Estado cumpla con los compromisos adquiridos para su transición hacia actividades económicas legales. A pesar de haber pasado casi una década desde la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), miles de campesinos continúan esperando respuestas concretas que les permitan abandonar la dependencia de la coca y avanzar en un proceso de desarrollo sostenible.
Diagnóstico del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) publicó un informe reciente que analiza los resultados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y la estrategia RenHacemos. El análisis revela que las obligaciones pendientes aún afectan aproximadamente a 80.000 familias distribuidas en 61 municipios del país. Pese a las inversiones realizadas, persisten las dudas sobre la sostenibilidad económica de las comunidades beneficiadas.
El PNIS ha acumulado una inversión de 2,72 billones de pesos, sin que aún se pueda demostrar con claridad si estas recursos han contribuido a mejorar los ingresos de los hogares ni a consolidar proyectos productivos duraderos. La falta de evidencia concluyente entabla el debate sobre la efectividad real de estos programas en la transformación social y económica de las zonas afectadas.
Avances y desafíos en la implementación del PNIS
Hasta julio de 2026, el programa mantenía activos a 79.518 hogares, de los cuales, solo 46.689 habían culminado su Plan de Atención Individual (PAI), representando un 58,7% de los beneficiarios. Sin embargo, otros 32.829 hogares, aproximadamente el 41,3%, siguen con compromisos incumplidos. La incertidumbre ante la falta de recursos y alternativas productivas continúa siendo un factor de preocupación para estas comunidades, que confiaron en el proceso y esperan una solución sostenible.
Este escenario genera serias inquietudes sobre los resultados de la inversión, que ha ascendido a millones de pesos. La Fundación señala que la información pública disponible no permite determinar si los beneficiarios han logrado alcanzar ingresos estables, ni si los proyectos productivos puestos en marcha son capaces de mantenerse en el tiempo. La ejecución presupuestal, por sí sola, no garantiza que las condiciones económicas hayan mejorado en estas comunidades.
La estrategia RenHacemos y sus avances
Dentro del análisis, la FIP también consideró RenHacemos, una estrategia impulsada por el gobierno del expresidente Gustavo Petro. La iniciativa contempla a aproximadamente 45.000 familias en 26 municipios y cuenta con una inversión de 1,4 billones de pesos. Hasta la fecha, se ha logrado verificar la sustitución voluntaria de unas 15.000 hectáreas de coca, en procesos liderados por Naciones Unidas en departamentos como Putumayo, Nariño, Norte de Santander, Cauca, Chocó, Antioquia y Vichada.
No obstante, la fundación identificó diversos obstáculos que podrían poner en riesgo la continuidad de esta estrategia, entre ellas, deficiencias en la coordinación interinstitucional, errores en la selección de territorios beneficiados y la dependencia de los avances de negociaciones con organizaciones armadas ilegales para la correcta implementación del proceso.
Recomendaciones para fortalecer la política de sustitución
La Fundación Ideas para la Paz subrayó la importancia de priorizar el cumplimiento de los compromisos pendientes, considerando que la continuidad de estas políticas resulta esencial para la consolidación de un proceso que pueda ofrecer garantías sólidas a las comunidades rurales. La sustitución voluntaria requiere de condiciones que permitan a los campesinos desarrollar actividades legales sin ser sometidos a presiones de actores armados.
Ante este panorama, la organización recomendó al gobierno enfocar sus esfuerzos en resolver los compromisos aún no cumplidos con los beneficiarios del PNIS antes de abrir nuevas convocatorias o programas. La entidad insiste en que abandonar los cultivos de coca implica una transformación económica que va más allá de subsidios y erradicación, incluyendo aspectos como la mejora en infraestructura vial, la formalización de la propiedad rural, acceso a créditos y mecanismos seguros para la comercialización de productos.
Además, resaltó la necesidad de fortalecer la asistencia técnica, la protección ambiental y mantener una presencia institucional constante para impulsar economías legales en las zonas afectadas. La finalidad de estas recomendaciones es que las políticas de sustitución puedan tener resultados verificables y sostenerse en el tiempo, evitando que las familias que decidieron salir de los cultivos ilícitos continúen sin garantías económicas a pesar de los recursos destinados en los programas durante los últimos años.
Dejá tu comentario
Comentá con tu nombre y Gmail. Tu correo es privado y nunca se publica.