Seis de cada diez homicidios registrados en Uruguay tienen su origen directo en disputas y ajustes de cuentas entre grupos criminales, de acuerdo a las cifras oficiales difundidas por el Ministerio del Interior. Con este diagnóstico sobre la mesa, el titular de la cartera, Carlos Negro, se presentó ante el Parlamento para defender la estrategia de seguridad y exponer los resultados de los operativos policiales destinados a desarticular a las organizaciones narcocriminales que operan en el territorio nacional.
Durante su exposición ante los legisladores, el secretario de Estado detalló que la violencia letal experimentó un incremento en los últimos meses, concentrándose mayoritariamente en la zona metropolitana. Según los datos aportados, los asesinatos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado se duplicaron en los últimos 12 años, mientras que los crímenes por conflictos interpersonales o violencia doméstica mostraron descensos del 5% y del 10%, respectivamente.
Frente a este escenario, la estrategia estatal se ha enfocado en desestabilizar los tres flancos más sensibles de las organizaciones delictivas: sus líderes, el tráfico de drogas y el lavado de activos. A través de unos 1.800 allanamientos ejecutados en el marco de distintas intervenciones, la Policía logró afectar la capacidad operativa de un total de 22 estructuras criminales.
Los principales cabecillas detenidos por la Policía
En su comparecencia parlamentaria, el ministro Negro enumeró los nombres de los principales cabecillas e integrantes de bandas criminales que fueron capturados en los últimos tiempos tanto en Montevideo como en el interior del país. Entre los nombres destacados figura el de Luis Fernando Fernández Albín, un narcotraficante extraditado desde Argentina que actualmente se encuentra cumpliendo condena en Uruguay por tráfico de drogas y lavado de activos.
Otro de los delincuentes mencionados fue Luis Alberto «Betito» Suárez, considerado históricamente como uno de los actores más peligrosos del ámbito delictivo nacional, quien recientemente fue condenado a tres años y ocho meses de prisión por tenencia de estupefacientes. En la lista también figura su hermana, Loly Suárez Correa, detenida a fines de 2025 por varios delitos vinculados al tráfico de sustancias, además de su socio Rodrigo Lescano, quien también recibió una condena judicial.
El listado expuesto ante los legisladores incluyó asimismo a Ricardo «Ricardito» Cáceres Correa, condenado en julio de 2026 tras comprobarse que dirigía operaciones de tortura desde la cárcel por videollamada y que estuvo vinculado a un triple crimen; y a José Carlos «el Pelón» Machado, calificado por la Fiscalía como un prolífico asesino serial y condenado a la pena máxima de 30 años de cárcel.
La nómina oficial comprende además a Axel Joel Mattos, líder de la organización «Los Colorados», cuyo enfrentamiento armado por el control del mercado de drogas en la zona de Cerro Norte ha dejado múltiples episodios de violencia extrema. A ellos se suman integrantes de bandas operativas de distintas zonas del país, como Matías Suárez Barbero (de «Los Calidad» en Casabó), Andrés Díaz (de los «Puglia»), Santiago Nicolás «el Dibu» Rosa (de San Julián y la zona metropolitana de San José), Gustavo Edgardo «Piolín» Casari, Kevin Moroto, Emanuel «Manu» Pintos, Agustín Cuello, Diego Ezequiel Carballo, Marcelo Surraco y Ruben Darío «el Sapo» Goncalves, entre otros.
Operativos en el interior y la ruta del dinero
El Ministerio del Interior también puso el foco en la actividad delictiva desplegada fuera de la capital. En el departamento de Maldonado, los operativos permitieron la captura de los principales líderes de organizaciones locales, como Nicolás Montelongo Porley —vinculado a la red de los «Patas Blancas» que abastecía a decenas de bocas de venta de drogas—, además de concretar 130 allanamientos que derivaron en 140 imputados o condenados, la incautación de 90 armas de fuego, más de 85 kilos de cocaína y pasta base, y el tapiado o demolición de puntos de comercialización.
En la región este y noreste, las autoridades destacaron la caída de Mario Gastón «el Tonga» Fernández Pascal, identificado como uno de los principales cabecillas del Primer Comando de la Frontera, organización que operaba en Treinta y Tres, Lavalleja y Canelones. Asimismo, se reportó la captura de Eduardo Félix Farías y Raimundo de Souza, vinculados al Primer Comando Capital (PCC) y al intento de asalto a una sucursal bancaria en el casco histórico de Montevideo.
Para sostener estos resultados, Negro remarcó la implementación de operativos específicos como «Atenea», orientado al patrullaje e investigación en zonas de alta exposición a la violencia letal; el operativo «Argos», pensado para intervenir en áreas con crímenes recientes y balaceras; y el operativo «Dominó», diseñado para dar respuesta inmediata en territorios en conflicto.
El ministro cerró su intervención interpelando la postura de indiferencia frente a la violencia interna y advirtió que el Estado no puede adoptar la premisa de «que se maten entre ellos». Según ratificó, la prioridad absoluta de la cartera es seguir la ruta del dinero y perseguir a los responsables materiales e intelectuales para cortar el flujo del narcotráfico.
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