El Gobierno inicia la desmantelación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos y su vínculo con solicitudes mineras
El Ejecutivo colombiano ha comenzado a eliminar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una figura creada durante la administración pasada de Gustavo Petro con el objetivo de salvaguardar terrenos rurales estratégicos dedicados a la producción agropecuaria. En menos de un mes, el Ministerio de Agricultura ha anunciado y ejecutado diversas derogatorias en distintos departamentos, mientras prepara nuevas resoluciones para retirar esta protección en otras regiones del país.
Área afectadas y alcance territorial del desmonte
La medida afecta aproximadamente 998.000 hectáreas distribuidas en 59 municipios, generando un intenso debate sobre el uso y la protección de estos suelos destinados a la producción de alimentos. La decisión se enmarca en las diferencias existentes entre las gestiones pasadas y actuales respecto al ordenamiento territorial, además de vincularse a la presencia de títulos y solicitudes mineras en varias de las zonas que perderían esta figura de protección.
De acuerdo con una investigación realizada por Cambio que cruzó los polígonos de las APPA con los datos de la Agencia Nacional de Minería (ANM), se detectan solicitudes mineras en municipios como Urumita, en La Guajira, y El Carmen de Chucurí, en Santander. Estas peticiones comprenden minerales como cobre, oro y plata, entre otros, y aún están en proceso de evaluación.
Primeros anuncios y proceso de derogación
Uno de los primeros anuncios públicos relacionados con la eliminación de estas áreas ocurrió el 5 de octubre en Urumita, La Guajira, donde Gustavo Petro había presentado esta figura de protección. En ese evento, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció la derogatoria en ocho municipios de esa región. Ese mismo día, se derogaron también las cinco resoluciones que habían declarado las APPA en localidades como Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio, en la provincia de Sabana Centro, Cundinamarca.
El ministro justificó estas decisiones señalando que dichas declaratorias limitaban las competencias de las autoridades territoriales. Según Dangond, las decisiones sobre el uso del suelo deben alinearse con los planes de ordenamiento territorial y respetar las facultades de los gobiernos municipales. La derogación se continuó el 24 de octubre, con la eliminación de las APPA en 19 municipios del suroeste de Antioquia y se anticipó que el proceso se extendería a otras regiones, como Córdoba.
Carácter y distribución de las APPA durante el Gobierno Petro
Según la información oficial de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), durante el mandato del presidente Gustavo Petro, las APPA abarcaron más de 998.000 hectáreas en 59 municipios. La mayor extensión se concentraba en Córdoba, con 667.034 hectáreas, seguida por Antioquia, Santander, La Guajira, Tolima y Sabana Centro en Cundinamarca.
Este mecanismo tenía como finalidad principal la protección de terrenos rurales considerados estratégicos para la producción agrícola, evitando que otros usos del suelo los convirtieran en áreas urbanas, industriales o destinadas a actividades no compatibles con la producción alimentaria. La administración anterior aclaró que las APPA no exigían la producción de ciertos cultivos, no impedían infraestructuras, ni afectaban el turismo, y respetaban derechos adquiridos.
Restringidas para nuevos proyectos y problemática de delimitaciones
No obstante, las declaratorias establecían restricciones a la ejecución de proyectos que podrían afectar la producción de alimentos, incluyendo algunas actividades mineras. La justificación del actual gobierno para proceder con las derogatorias se fundamenta en cuestionamientos relacionados con la delimitación de las áreas, el procedimiento empleado para su declaración y la apropiación de competencias por parte de las autoridades nacionales en decisiones que corresponden a los municipios.
El Ministerio de Agricultura ha señalado errores en los mapas que delimitaron las APPA, vacíos en los procesos de consulta previa, y inconsistencias en los polígonos. Desde su perspectiva, estos problemas estructurales no pueden resolverse con simples ajustes parciales, por lo que consideran que la eliminación de las figuras es la mejor opción para corregir las deficiencias.
Presencia de títulos mineros y solicitudes en zonas protegidas
En contraste con la visión del gobierno actual, la administración Petro defendió las APPA, argumentando que estas se establecieron mediante procesos participativos y que su eliminación ignoraría obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y de la alimentación.
El análisis técnico revela que en territorios delimitados como APPA se superponen numerosos títulos mineros y solicitudes de exploración y explotación. En La Guajira, por ejemplo, los registros muestran que los títulos mineros existentes afectan cerca del 37,28% del área declarada como APPA, cubriendo aproximadamente 29.752 hectáreas. Además, hay 14.339 hectáreas relacionadas con títulos en etapa de explotación.
En Antioquia, se identificaron 213 títulos mineros que abarcan 12.125 hectáreas del área protegida, además de 42 zonas reservadas con potencial minero. En Córdoba, 32 solicitudes de títulos mineros se superponen con 15.590 hectáreas, principalmente en Montelíbano y Planeta Rica.
Además, Cambio reporta solicitudes mineras aún en evaluación por parte de la autoridad minera, como las presentadas por una subsidiaria de la compañía canadiense Max Resource en Urumita, La Guajira. Estas solicitudes, radicadas en agosto, cubren unas 3.100 hectáreas y contienen minerales como cobre, oro y plata. Aunque no tienen aún una aprobación definitiva, evidencian un interés minero en áreas que, anteriormente, se encontraban protegidas para garantizar la producción alimentaria.
Solicitudes mineras en El Carmen de Chucurí y proyecciones futuras
Otro caso relevante es una solicitud presentada en El Carmen de Chucurí, Santander, por Guillermo Matíz Martínez, que abarca aproximadamente 7.500 hectáreas en las que se identifican minerales como oro, plata, platino, plomo, titanio y vanadio. La petición fue radicada en agosto y aún está en evaluación, pero su eventual aprobación podría poner fin a las restricciones impuestas por la protección de las APPA en esa región.
El gobierno continúa avanzando en su estrategia de desvincular del ordenamiento territorial estos espacios protegidos, con proyectos de resolución que buscan también eliminar las APPA en Santander y Tolima. Además, en Córdoba, donde la extensión de estas áreas fue mayor, el proceso también está en marcha.
Perspectivas y propuestas para el sector agrícola colombiano
Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura ha planteado una estrategia distinta, basada en una mayor autonomía municipal en la gestión del territorio y en incentivos para fortalecer la producción agrícola, como créditos a largo plazo, mecanización, transferencia tecnológica, inversión en infraestructura de riego y mejoras en los canales de comercialización.
El alcance definitivo del desmonte de las APPA dependerá de las resoluciones que implete el Gobierno y de las decisiones que adopten las autoridades competentes en cuanto a los trámites mineros presentes en estos territorios, en un contexto que busca equilibrar la protección del suelo y la exploración de recursos minerales.
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