Cajas de compensación advierten riesgo de $500 mil millones y recortes

Posible reducción de recursos en beneficios sociales ante cambio en fondos de salud y compensación familiar

La propuesta de la Ley de Rescate Fiscal, actualmente en discusión, está generando preocupación en diversos sectores debido a que podría implicar una redistribución de los recursos destinados a subsidios y servicios de las cajas de compensación familiar. Entre estos beneficios se encuentran la cuota monetaria, programas de vivienda, protección al cesante y tarifas subsidiadas en educación y recreación.

Transformaciones en el financiamiento del sistema de salud

Según información conocida por El Colombiano, el proyecto de ley contempla la transferencia a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) de uno de los cuatro puntos porcentuales que los empleadores aportan actualmente a las cajas de compensación. Esta medida busca incrementar los recursos disponibles para financiar obligaciones relacionadas con el sistema de salud.

Este cambio ha suscitado rechazo por parte de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), abogados laboralistas, sindicatos y expertos en el tema, quienes advierten que la reducción en los recursos podría afectar los beneficios dirigidos a los trabajadores de menores ingresos y sus familias. La principal preocupación radica en la posible disminución de los fondos que actualmente financian la cuota monetaria.

Impacto en la cuota monetaria y otros beneficios sociales

De acuerdo con un análisis preliminar de Asocajas, la implementación de esta disposición podría generar un déficit superior a los 500.000 millones de pesos en 2027 para este subsidio. Germán Cano, gerente de análisis e investigaciones de Asocajas, explicó que la propuesta, contenida en el artículo 22 del proyecto, establece que uno de los cuatro puntos del aporte a las cajas se transferiría directamente a la Adres.

“Si se materializa lo que está en el articulado, las cajas terminarían aportando a salud aproximadamente el 31% de su aporte del 4%. Esto significa que pasarían del 8,6% al 31,4% de transferencias directas al sistema de salud, casi cuadruplicando el aporte”, afirmó Cano. El análisis aún está en desarrollo, ya que un cambio en la destinación de los recursos podría impactar los fondos y obligaciones legales que administran las cajas de compensación.

Se estima que esta modificación dejaría un faltante de más de 500.000 millones de pesos en la financiación de la cuota monetaria para 2027.

¿Qué es la cuota monetaria y quiénes son sus beneficiarios?

La cuota monetaria es un subsidio mensual otorgado a los trabajadores afiliados de menores ingresos, por cada hijo que cumpla con los requisitos establecidos. También puede beneficiarse a los padres del afiliado cuando no perciben ingresos y dependen económicamente de él. Actualmente, afirma Asocajas, este beneficio llega a aproximadamente 4,8 millones de personas en Colombia.

Las cajas proyectan destinar cerca de cinco billones de pesos anualmente para financiar este subsidio, aunque dicho monto varía según la cantidad de beneficiarios y las condiciones del sistema. La disminución en los recursos destinados podría poner en riesgo la continuidad de estos beneficios y otros programas sociales respaldados por las cajas.

Consecuencias en servicios y gastos de los afiliados

Adicionalmente, las cajas utilizan parte de sus ingresos en la construcción y mantenimiento de infraestructura social, y en la ayuda para subsidiar tarifas en educación, parques recreativos, cursos y otros servicios destinados a sus afiliados. Un fuente cercana al sistema de compensación, citada por El Colombiano, advirtió que una posible reducción de recursos podría trasladarse a los precios que pagan los usuarios por estos servicios. Por ejemplo, una entrada a un parque recreativo que actualmente cuesta 5.000 pesos para un afiliado con ingresos menores a dos salarios mínimos, podría experimentar un aumento considerable – llegando a values cercanos a los 50.000 pesos; igualmente, un curso que cuesta 30.000 pesos podría llegar a costar 300.000 pesos.

Modificaciones a fondos de protección al cesante y empleo

La propuesta también modifica el manejo del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC), que financia beneficios para quienes pierden su empleo, como aportes a salud y pensión, capacitación y mecanismos de intermediación laboral. El proyecto permitiría que, durante cinco años desde 2027, los saldos del FOSFEC no utilizados ni comprometidos sean destinados a cubrir pasivos relacionados con el sistema de salud, siempre que los fondos sean auditados, conciliados y certificados previamente por la Superintendencia del Subsidio Familiar.

Además, plantea que los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2026, luego de cumplir con las obligaciones legales, sean transferidos a la Adres. La autoridad de vigilancia, en este caso, tendría la obligación de depurar, conciliar y certificar los montos antes de su traslado.

Preocupaciones sobre la continuidad de programas sociales y protección laboral

Expertos en derecho previsional, como Soluciones Pensionales ISP, señalaron que aunque la propuesta no implica la transferencia completa de los fondos del FOSFEC, existen dudas respecto a los mecanismos que asegurarían la continuidad de los programas dirigidos a personas desempleadas. “¿Qué garantías hay de que estos cambios no afecten los beneficios y programas para el cesante?”, cuestionaron.

Desde la perspectiva legal y social, la reducción de recursos también podría afectar programas como el Fondo de Vivienda de Interés Social (Fovis), que respalda subsidios y soluciones habitacionales, y podría generar un impacto negativo en la inversión social de las cajas de compensación.

Reacciones de sindicatos y posiciones políticas

Jorge Iván Díez, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), expresó que trasladar un punto del aporte total destinado a las cajas equivale a reducir en un 25% el aporte original al sistema de compensación familiar. “Esto podría significar una reducción significativa en los recursos disponibles para atender las obligaciones y programas sociales que gestionan las cajas”, afirmó.

Díez hizo un llamado a mantener intacto el aporte del 4% para asegurar la continuidad de la protección social. Por su parte, la senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, respaldó parcialmente la propuesta, argumentando que contribuiría a resolver el déficit financiero del sistema de salud. Sin embargo, reconoció que la medida podría afectar los subsidios y servicios, recomendando que las cajas revisen sus gastos de funcionamiento antes de reducir beneficios o inversiones para los afiliados.

Ajustes en aportes a salud y cambios en exoneraciones laborales

El proyecto de ley también propone elevar la cotización a salud de los trabajadores dependientes que perciban más de dos salarios mínimos, pasando del 4% actual a un rango que oscila entre el 5% y el 8%, según el nivel de ingresos. Además, desde el 1 de enero de 2027 se modificarían las exoneraciones de aportes a salud, al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para ciertos empleadores.

Las empresas mantendrían la exoneración total para trabajadores que ganen hasta dos salarios mínimos, pero para salarios superiores a ese monto y hasta tres mínimos la exoneración sería parcial. Para ingresos que sobrepasen los tres salarios mínimos, se eliminarían dichas exenciones.

Asocajas solicitó al gobierno revisar en profundidad el artículo 22 del proyecto y promover un diálogo abierto respecto a sus posibles efectos, buscando fortalecer la financiación del sistema de salud sin perjudicar los subsidios y servicios que actualmente reciben los afiliados a las cajas de compensación familiar.