El río Uruguay se cobró la vida de tres jóvenes servidores de la Patria: Matías Vasella, Carlos Leandro Gómez y Juan Rocha. No estaban de paseo ni participaban de una actividad de esparcimiento privado; integraban un contingente oficial del Ejército Nacional en pleno entrenamiento de Buzos Tácticos, bajo la tutela, supervisión y responsabilidad directa del Estado uruguayo. Dejaron en tierra proyectos, compañeros y familias deshechas por un dolor irreversible.
Ante un hecho de semejante gravedad institucional, las expresiones de rigor protocolar resultan groseramente insuficientes. El presidente Yamandú Orsi se limitó a emitir condolencias por canales informativos, mientras la ministra de Defensa, Sandra Lazo, viajó a Fray Bentos para aludir en conferencias de prensa a un «día de luto» para la nación. Sin embargo, en los hechos, el Poder Ejecutivo tomó la decisión política de no decretar Duelo Nacional.
La pregunta resulta ineludible y punzante: ¿por qué el Gobierno se negó a otorgar el máximo reconocimiento institucional a tres uniformados caídos en acto de servicio?
La hipocresía del dolor de micrófono y las banderas a media marcha que no fueron
Resulta inadmisible sostener que un mensaje en redes sociales o una declaración ante los micrófonos sustituyan la dignidad de un decreto formal. Un funeral militar —como el que acompañó los restos del cabo Gómez en Durazno— honra al camarada en su fuero castrense; pero el Duelo Nacional representa el abrazo, el respeto y la reverencia del Estado y de la sociedad entera.
El Gobierno tuvo en sus manos la oportunidad de demostrar que la vida de sus soldados importa con hechos y no con retórica barata. Prefirió no hacerlo. Optó por diluir la tragedia en el trajín de la agenda diaria, tratando la pérdida de tres vidas como un inconveniente operativo o un mero dato al pasar.
Explicaciones que no cierran y una investigación sin espacio para la impunidad
La tragedia ocurrió durante una maniobra nocturna de nado en superficie donde 20 efectivos avanzaban enlazados por una cuerda de seguridad. Cuatro de ellos se hundieron en la oscuridad del agua; solo uno logró ser rescatado y desentubado milagrosamente en el CTI del Hospital Militar.
No alcanza con repetir mecánicamente ante la prensa que existían protocolos, embarcaciones de apoyo e instructores experimentados. Si las medidas de seguridad eran adecuadas, ¿por qué tres militares terminaron ahogados en el fondo del río? Si la respuesta ante la emergencia fue la correcta, ¿por qué se tuvo que cortar la cuerda para evitar una masacre aún mayor?
El Estado organizó el ejercicio, el Estado proveyó el equipamiento y el Estado falló en devolver a esos tres jóvenes con vida a sus hogares. La investigación militar y judicial no es una concesión piadosa hacia las familias: es una obligación legal y moral ineludible.
El silencio no es una opción para la ciudadanía
El Poder Ejecutivo puede apelar a la prudencia mientras se sustancian los peritajes de urgencia, pero no tiene derecho a exigir silencio a la sociedad civil frente a sus omisiones políticas.
La negativa a decretar el Duelo Nacional no es una disputa partidaria ni una especulación menor: es una muestra de insensibilidad e indolencia institucional. El Gobierno eligió acotar el impacto del desastre a un trámite administrativo y de pésames al pasar.
Las familias de Vasella, Gómez y Rocha merecen la verdad absoluta sin atenuantes ni encubrimientos. Y el pueblo uruguayo tiene todo el derecho de exigir cuentas a un Gobierno que, ante el sacrificio de tres de sus hombres, prefirió guardarse el luto oficial en un cajón.
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