Respuesta del Viceministro de Hacienda sobre el impacto tributario de la Ley de Rescate
El viceministro técnico de Hacienda de Colombia, Juan Sebastián Betancur, emitió recientemente un pronunciamiento institucional en el que abordó las implicaciones tributarias de la llamada Ley de Rescate. En una grabación que incluyó subtítulos informativos y tomas aéreas de zonas residenciales, Betancur explicó que la reforma no aumentará la carga del impuesto al valor agregado (IVA) para la población de menores ingresos.
Contexto y declaraciones oficiales
En sus declaraciones, Betancur sostuvo que “no es cierto que con esta ley de rescate aumente la carga de IVA para el colombiano de a pie”. Aseguró además que, a pesar de las controversias, la iniciativa busca beneficiar en particular a los aproximadamente 19 millones de colombianos con ingresos bajos, quienes, según sus cálculos, han pagado en promedio alrededor de ciento treinta y ocho mil pesos mensuales en IVA. “Con esta ley de rescate, les devolveremos todo ese recurso”, afirmó el funcionario, que depende del Ministerio de Hacienda bajo la dirección de Miguel Gómez Martínez.
A pesar de estas declaraciones, las reacciones en el panorama político no se hicieron esperar. El exmandatario Iván Duque advirtió que, si el sistema tributario del país no se ordena, la crisis que podría desatarse sería de proporciones caóticas. Duque expresó que “si no se ordena el sistema tributario de Colombia, la crisis puede ser de proporciones caóticas”.
Críticas y debate político
Entre las voces que criticaron la propuesta, la concejal Heidy Sánchez, del Pacto Histórico, realizó una comparación con un acontecimiento ocurrido en 2021, durante el mandato de Iván Duque. En esa ocasión, el exministro Alberto Carrasquilla renunció tras afirmar en una entrevista que el precio de una cubeta de huevos era de 1.800 pesos, cuando en realidad podía llegar a costar hasta 10.000 pesos. Además, en esa reforma tributaria se pretendía cobrar IVA a productos de la canasta básica, lo que generó protestas sociales que llevaron a la renuncia de Carrasquilla y a cambios en el gobierno.
El gobierno justifica la propuesta basándose en que el Estado recibe en promedio 29 billones de pesos mensualmente mientras gasta más de 40 billones, y que el servicio anual de la deuda ha pasado de 118 a 155 billones de pesos. El proyecto pretende corregir esta situación mediante recortes, cambios tributarios y transferencias a hogares de menores ingresos, según informó oficialmente el Ministerio de Hacienda.
Impacto en productos de la canasta familiar y otras medidas
Desde 2028, la ley propone gravar con un 19% productos básicos como frutas, plátano, tomate, cebolla, fríjol y lentejas, que actualmente no tienen IVA, pero que pasarían a estar en la tarifa general. Esto ha generado inquietudes en sectores políticos, que consideran que estas medidas impactarán negativamente en el acceso alimentario de la población.
Además, la concejal Sánchez criticó que desde 2027, los aportes a salud de quienes ganan más de dos salarios mínimos subirían del 4% al 5,5%, lo que para una persona con un ingreso de cuatro millones de pesos implicaría un aumento mensual en los descuentos de aproximadamente 60 mil pesos. También advirtió que el proyecto reduce en un 25% los aportes a las cajas de compensación familiar y las ayudas correspondientes, lo cual pone en riesgo subsidios fundamentales para muchas familias.
La representante del Pacto Histórico también cuestionó las decisiones relacionadas con la renta de las empresas, que pasarían de gravarse al 35% al 31% en un intento por incentivar la inversión, pero sin mecanismos claros que aseguren la generación de empleo. Además, se otorgarían 20% de renta a grandes inversiones durante 16 años y dividendos en el exterior al 8%. La legisladora recordó que condiciones similares en el pasado provocaron protestas sociales como las ocurridas en 2021.
Cuestionamientos sobre la fiscalidad y la nutrición
Heidy Sánchez también señaló que, con el proyecto, se disminuiría el umbral para que más trabajadores paguen renta, mientras que las grandes fortunas aumentarían su umbral del impuesto al patrimonio de 3.770 millones de pesos a 5.000 millones, eliminándose desde 2031. Además, el gobierno podría, en un plazo de seis meses, suprimir y fusionar entidades, reducir empleos y recortar derechos, lo que suscita preocupaciones sobre el impacto en la clase trabajadora y los más vulnerables.
En el mismo contexto, el senador Duvalier Sánchez, del partido Alianza Verde, advirtió que la modificación también impactaría en la alimentación, al retirar productos como tomate, cebolla, plátano y aguacate de la lista de exentos de IVA, pasándolos a la tarifa general. Igualmente, el café tostado y el chocolate de mesa subirían del 5% al 19%, mientras que alimentos como salchichón, butifarra y mortadela quedarían exentos. Sánchez cuestionó qué criterio nutricional y económico justifica estos cambios y manifestó su preocupación por el impacto en la alimentación de los colombianos.
Voces del Centro Democrático, como la senadora María Clara Posada, también expresaron rechazo, afirmando que no apoyará aumentos de impuestos a la clase media que limiten su autonomía económica y libertad. La legisladora destacó, sin embargo, que apoya algunos beneficios, como la reducción del gasto en nómina, en contratistas y en otros rubros, así como la disminución progresiva del renta corporativa del 35% al 31%.
Por su parte, la senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, manifestó su rechazo a la iniciativa y advirtió que el proyecto busca aumentar los aportes a salud y elevar el IVA de la medicina prepagada del 5% al 19%, lo cual consideró un castigo al bolsillo de los colombianos en un contexto de crisis del sistema de salud.
Respaldo y propuestas del gobierno
Desde el Gobierno, el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, defendió la ley, argumentando que la deuda heredada del gobierno anterior es tan elevada que consume un tercio de los ingresos nacionales y que la propuesta es necesaria para reactivar la economía y mejorar las finanzas públicas. Gómez resaltó que la ley también busca fortalecer el recaudo del IVA eliminando exenciones y beneficios que actualmente favorecen a muchos, además de ofrecer apoyo directo a los hogares con ingresos hasta 3,4 millones de pesos, incluyendo reembolsos del IVA y otros beneficios.
El viceministro Betancur concluyó afirmando que aproximadamente 35 millones de colombianos, que representan dos de cada tres habitantes, no asumirán cargas adicionales de IVA, y que la canasta básica, ni los bienes esenciales vinculados a salud y educación, estarán sujetos a la reforma. “La canasta básica está fuera de esta discusión. Ni los alimentos esenciales, ni los servicios o bienes relacionados con la salud o con la educación harán parte de esta reforma”, añadió Betancur.
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