Funcionarios del Ministerio de Agricultura revelan hallazgos sobre la gestión de recursos públicos y planes de austeridad para 2027
El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero, junto con el jefe de la Oficina Jurídica de la cartera, Simón Díaz Granados, informaron sobre las acciones emprendidas para investigar presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante la administración anterior. En particular, abordaron el estado de los 38.000 millones de pesos que invirtió el gobierno pasado, liderado por el exmandatario Gustavo Petro, en la remodelación de la antigua sede del Ministerio de Agricultura.
Determinaciones sobre el uso de recursos en la sede del Ministerio
Según explicó Dangond, anteriormente no se pagaba arriendo por el inmueble, pero actualmente el Ministerio debe desembolsar aproximadamente 700 millones de pesos mensuales en concepto de alquiler. Díaz Granados añadió que ya se han recuperado alrededor de 20.000 millones de pesos, producto de la recuperación de recursos invertidos y de daños presuntamente causados, así como del incumplimiento contractual declarado contra el contratista responsable de la remodelación.
El funcionario también destacó que se ha establecido un trabajo conjunto con la Contraloría General de la República para aportar información relevante a la investigación en curso. Además, anunció que se tomarán acciones legales de carácter penal para que las autoridades competentes puedan individualizar e investigar a las personas involucradas en la aprobación y ejecución del contrato. “Se presentará una denuncia penal para compulsar copias a los miembros que participaron en la autorización de este contrato para las investigaciones correspondientes”, precisó.
Acciones para garantizar transparencia y ahorro en el presupuesto
El ministro Dangond resaltó que la cartera continuará vigilando de cerca los posibles casos de corrupción, con revisiones semanales. Asimismo, anunció que la no renovación de 10.000 contratos de prestación de servicios en 2027 permitiría al Estado ahorrar aproximadamente 540.000 millones de pesos.
Estas medidas forman parte de una estrategia de austeridad, la cual también contempla una reducción presupuestal para el Ministerio, estimada en 1,3 billones de pesos. En este contexto, se suspenderá la compra de nuevas tierras y se procederá a cancelar 10.000 contratos de prestación de servicios, que actualmente suman cerca de un billón de pesos en costos. La finalidad de estas acciones es liberar recursos públicos que serán destinados a fortalecer programas dirigidos a la población campesina, incluyendo créditos y apoyos productivos.
El ministro Dangond indicó que, de acuerdo con las declaraciones realizadas ante las comisiones económicas del Congreso en septiembre, los recursos ahorrados se canalizarán hacia reformas del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, subsidios a las tasas de interés, préstamos con plazos extendidos, asistencia técnica, mecanización y seguros agrarios.
Balance de la gestión y desafíos futuros
Durante su comparecencia ante la Comisión Quinta del Senado, el 22 de septiembre, Dangond afirmó que recibió el Ministerio de Agricultura en condiciones críticas y que su administración trabaja en normalizar la situación. Señaló que con una inversión de 100.000 millones de pesos se puede movilizar aproximadamente 800.000 millones en créditos a diez años, con el objetivo de fortalecer el sector agrícola.
Además, criticó la gestión de la administración anterior, señalando un posible despilfarro de recursos y ejemplificando con la existencia de 25 asesores con honorarios mensuales de 12 millones de pesos, lo que consideró una “vagabundería”. También cuestionó los resultados en materia de crecimiento de cultivos, afirmando que en los cuatro años recientes, la expansión de cultivos ilícitos, como la coca, superó el aumento en los cultivos de pequeños productores.
“El Ministerio de Agricultura lo recibimos en sala de urgencias y lo que vamos a hacer en 2027 es normalizar el paciente,” declaró Dangond, subrayando su compromiso con la transparencia y la eficiencia en la gestión de recursos públicos.
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