Operativo policial e indagatorias por fraude gastronómico
Cinco personas —cuatro hombres y una mujer— fueron detenidas en el marco de una investigación penal que aborda una presunta estafa superior al millón de dólares en perjuicio de un empresario del rubro gastronómico. Investigación al que accedió El País. El caso involucra directamente a la sociedad comercial BOWERDIN S.A., firma propietaria de los emblemáticos establecimientos Manzanar y Río Café, ubicados en los barrios de Carrasco, en Montevideo, y en la ciudad balnearia de Punta del Este.
La causa se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de segundo turno, a cargo de la fiscal Sandra Fleitas. Las actuaciones procuran determinar las responsabilidades penales de cada uno de los indagados en torno a eventuales delitos de asociación para delinquir, estafa, apropiación indebida y lavado de activos.
El corte de detención de las cinco personas involucradas se hizo efectivo durante la jornada de este jueves 22 de octubre de 2026, fijándose la instancia de audiencia de formalización ante la sede judicial para la tarde del viernes.
La maniobra interna desde la jefatura de compras
De acuerdo con el informe de la investigación policial, el principal indagado dentro del expediente es un hombre que ingresó a la plantilla laboral de BOWERDIN S.A. el 28 de julio de 2017, desempeñándose como jefe de Compras de la compañía. Desde esa posición operativa, mantenía la gestión cotidiana y la relación directa con los proveedores encargados de abastecer los locales gastronómicos.
Según se desprende de las actuaciones recabadas por los investigadores, el funcionario habría aprovechado su cargo y la confianza delegada para autorizar compras de mercadería que, si bien eran facturadas y abonadas de forma regular por la firma, no ingresaron físicamente a las cocinas ni a las instalaciones de Manzanar ni de Río Café.
La presunta maniobra fue puesta al descubierto tras una auditoría interna y el posterior impulso de las acciones penales correspondientes para salvaguardar el patrimonio de la firma damnificada.
Red de colaboradores y seguimiento del circuito financiero
La indagatoria del Ministerio Público y de las brigadas especializadas apunta a la intervención de otras cuatro personas vinculadas al principal sospechoso mediante nexos familiares, laborales o de índole comercial. La hipótesis que evalúa la Fiscalía atribuye a estos implicados distintos roles en la cadena de retiro, traslado físico y colocación posterior del insumo en el mercado informal.
A la par de las detenciones, los equipos investigadores desarrollaron actuaciones patrimoniales y financieras exhaustivas. La labor técnica procura trazar el destino de los dividendos obtenidos a partir del engaño e identificar bienes, movimientos bancarios o erogaciones que hayan sido financiados mediante el dinero distraído de las arcas de la firma.
El expediente consolidado, que recopila los antecedentes, las pruebas documentales y los testimonios, fue remitido al despacho de la fiscal Sandra Fleitas para respaldar la imputación que formalizará ante el juez penal.
Declaraciones de la representación legal y articulación policial
Al abordar los antecedentes de la causa, el abogado Jorge Barrera, representante legal de la firma damnificada BOWERDIN S.A., confirmó que la denuncia penal fue presentada ante los estrados cuatro meses atrás. El profesional destacó la celeridad y la coordinación de las tareas operativas entre el personal policial especializado y la Fiscalía.
El caso cobra relevancia por el volumen económico del perjuicio y la posición de los emprendimientos gastronómicos involucrados dentro del circuito comercial de Carrasco y Punta del Este, dos de las zonas de mayor actividad comercial del país.
Próximos pasos en la sede judicial
Con la concreción de las detenciones y el vencimiento de los plazos legales, los cinco sospechosos serán conducidos ante el juzgado penal durante la tarde del viernes. En esa instancia, la fiscal Sandra Fleitas expondrá las evidencias recabadas y resolverá las imputaciones correspondientes, pudiendo solicitar medidas cautelares sobre los involucrados mientras continúa la instrucción del expediente.
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