Asesinato de Ruy Ferraz Fontes: el brutal crimen que expone al PCC en Brasil

by 17 de septiembre de 2025

Asesinato de Ruy Ferraz Fontes: el escalofriante crimen que sacude a Brasil

El asesinato de Ruy Ferraz Fontes, exsecretario de seguridad de Sao Paulo, sacudió al sistema político y judicial brasileño. El crimen ocurrió en Praia Grande, una ciudad costera del estado paulista, cuando el vehículo en el que viajaba Fontes fue interceptado por hombres armados. El ataque, ejecutado con precisión, dejó en evidencia el nivel de violencia que persiste en Brasil y la capacidad operativa de las organizaciones criminales.

Fontes era una figura emblemática en la lucha contra el crimen organizado, especialmente contra el Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor facción criminal del país. Su muerte no solo representa una pérdida institucional, sino que también plantea interrogantes sobre la seguridad de quienes enfrentan a estas estructuras desde el Estado.

Reacción inmediata del Gobierno federal

El ministro de Justicia, Ricardo Lewandoski, calificó el hecho como “brutal” y aseguró que el Gobierno nacional está dispuesto a colaborar con las autoridades de Sao Paulo en todos los niveles. Entre las medidas ofrecidas se incluyen el acceso a bases de datos balísticos, genéticos y de inteligencia criminal, además del apoyo de la Policía científica.

Lewandoski también señaló que este tipo de episodios no son exclusivos de Brasil, aunque reconoció que la circulación de armas de uso restringido ha aumentado en los últimos años. Según el ministro, esa proliferación es consecuencia de políticas permisivas que el actual Gobierno intenta revertir mediante un mayor control del armamento civil.

Investigadores analizan la escena del crimen de Ruy Ferraz Fontes en Praia Grande
El asesinato de Ruy Ferraz Fontes, exjefe de seguridad de Sao Paulo, movilizó al Gobierno federal y expuso el poder del crimen organizado en Brasil.

Un legado de combate contra el PCC

Fontes tenía más de cuatro décadas de servicio en la fuerza policial y fue secretario de seguridad entre 2019 y 2022. Durante su gestión, lideró operativos clave contra el PCC, una organización nacida en las cárceles de Sao Paulo en 1993 y que hoy cuenta con unos 35.000 miembros, de los cuales 6.000 están presos.

El PCC controla buena parte de los presidios y favelas del país, y ha extendido su influencia a otros países de Sudamérica. En agosto de este año, una operación conjunta en ocho estados logró desarticular una red multimillonaria vinculada al tráfico y manipulación ilegal de combustible, golpeando el corazón financiero de la organización.

Operativo especial en marcha

Tras el asesinato de Fontes, el Gobierno de Sao Paulo activó un operativo especial para dar con los responsables. Las autoridades locales trabajan en conjunto con fuerzas federales para rastrear a los autores materiales e identificar posibles vínculos con el crimen organizado.

El gobernador Tarcisio de Freitas expresó su compromiso de esclarecer el caso y garantizar justicia. “No vamos a permitir que el crimen organizado intimide al Estado”, declaró en conferencia de prensa.

Expertos advierten que la lucha contra el crimen organizado requiere una estrategia integral que combine inteligencia, control de armas, reforma penitenciaria y fortalecimiento institucional. La muerte de Fontes, lejos de ser un hecho aislado, se inscribe en una escalada de violencia que pone en jaque la capacidad del Estado para proteger a sus funcionarios y ciudadanos.

Seguridad pública en debate

El asesinato de Ruy Ferraz Fontes reavivó el debate sobre la seguridad pública en Brasil. Diversos sectores políticos y sociales exigen medidas más contundentes para enfrentar a las organizaciones criminales, que no solo operan en el narcotráfico, sino también en el lavado de dinero, extorsión y control territorial.

Expertos advierten que la lucha contra el crimen organizado requiere una estrategia integral que combine inteligencia, control de armas, reforma penitenciaria y fortalecimiento institucional. La muerte de Fontes, lejos de ser un hecho aislado, se inscribe en una escalada de violencia que pone en jaque la capacidad del Estado para proteger a sus funcionarios y ciudadanos.

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