Un alarmante testimonio sacudió el panorama político e institucional de la ciudad colombiana de Medellín tras conocerse las declaraciones entregadas a la Fiscalía por Diana Paola Toro Zuleta, exdirectora del Instituto de Deportes y Recreación (Inder) durante la administración del exalcalde Daniel Quintero. La exfuncionaria reveló la existencia de una supuesta red de presiones e intermediciones irregulares en la contratación pública de la entidad deportiva.
En el centro de las acusaciones figura el comerciante de oro Johny Armando Jaramillo Montoya, a quien Toro señaló como el principal articulador de las decisiones contractuales del instituto. Según la declaración, el empresario operaba desde una oficina privada en el edificio Ofix de Medellín, lugar al que acudían contratistas, representantes de ligas y operadores para gestionar y definir los negocios de la entidad pública.
Sobrecoostos en convenios y financiamiento a club deportivo
Entre los expedientes expuestos por la exdirectora resalta un convenio interadministrativo por 22.000 millones de pesos colombianos suscrito entre el Inder y la entidad estatal Metroparques para la ejecución de eventos recreativos y deportivos. La investigación de los organismos de control evidenció presuntas anomalías en el análisis presupuestal y la subcontratación de la firma Cyan Eventos, generando un posible sobrecosto cercano a los 4.000 millones de pesos. Por estos hechos, Toro fue imputada en octubre de 2024 por peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, proceso en el que se declaró inocente.
Asimismo, Toro identificó como causa de su salida del cargo las constantes presiones para destinar recursos públicos al financiamiento del equipo profesional de baloncesto Tigrillos, entidad comercial que habría sido adquirida por Jaramillo. Las pesquisas periodísticas y judiciales confirmaron que el club recibió apoyos por 3.100 millones de pesos durante la gestión de Quintero, aunque la exdirectora denunció que los fondos no llegaban al personal técnico ni a las funciones operativas del equipo.
Presiones electorales e investigación por lavado de activos
La declaración de la exdirectora también salpicó el plano político al denunciar que contratistas y trabajadores del Inder habrían sido obligados a registrar sus datos personales y asistir a reuniones políticas para favorecer la campaña al Congreso del excontratista Juan Camilo Londoño, bajo amenaza de despido.
Paralelamente, la Fiscalía de Colombia mantiene abiertas indagaciones sobre las firmas comercializadoras de oro vinculadas a Jaramillo, como Golden Platino Colombia S. A. S., por un presunto esquema de lavado de activos provenientes de la corrupción pública. Las alertas trascendieron las fronteras colombianas luego de que la actual administración municipal de Medellín entregara reportes informativos al FBI en Estados Unidos sobre posibles transacciones internacionales con oro y criptomonedas relacionadas con estos fondos.
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