Crédito y vida en Colombia podrían encarecerse tras desajuste económico

Gustavo Petro ha decidido activar la denominada «cláusula de escape» de la regla fiscal para aumentar el endeudamiento. Según las proyecciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), el déficit fiscal de Colombia cerraría 2026 en un 7,2% y subiría hasta un 9,4% en 2027. Este escenario se presenta en un contexto en el que la regla fiscal, una norma que establece que el límite de deuda es equivalente al 71% del Producto Interno Bruto (PIB) y el ancla de deuda es igual al 55% del PIB, permanecerá suspendida hasta el mencionado año. El deterioro de las cuentas públicas podría generar presiones inflacionarias, encarecer el crédito y afectar el empleo.

El aumento del déficit se atribuye a los gastos dejados por la pandemia, decisiones de recaudo con efectos transitorios y previsiones oficiales de ingresos que, según expertos, resultan demasiado optimistas, además de la falta de disciplina asociada a la polarización política. De acuerdo con David Pérez-Reyna, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, este desequilibrio puede traducirse en precios más altos, préstamos más costosos y una menor capacidad de contratación para los ciudadanos.

El Carf ha señalado que, a julio de 2026, el gasto fiscal total y primario acumulados representaron el 13,8% y el 11,8% del PIB, respectivamente. Según sus cálculos, el déficit alcanzará el 7,2% en 2026 y un 9,4% al año siguiente, luego de que Colombia incumpliera la regla fiscal en 2025. Un déficit emerge cuando los gastos estatales superan los ingresos en un periodo; financiarlo con deuda pública es común, pero el riesgo aumenta si su proporción frente al PIB crece significativamente.

Antes de la pandemia de COVID-19, el déficit colombiano era del 2,5% del PIB en 2019. Durante la emergencia sanitaria alcanzó un 7,8%, se redujo a un 4,2% en 2023, y ahora se proyecta que superará esos niveles, según las estimaciones del Carf. Pérez-Reyna afirmó, durante el IX Congreso de Economía Colombiana de la Universidad de los Andes, que «el Estado tiene una dimensión suficiente para incidir en el costo de vida cuando gasta por encima de sus ingresos». Este desequilibrio puede mantener la inflación por encima de las metas del Banco de la República, afectando los precios que pagan los hogares.

La situación fiscal también incide en el costo de los créditos. Según el experto, como la deuda pública suele ser la referencia más confiable del mercado, un incremento en la tasa que debe pagar el Estado puede elevar las condiciones de financiamiento para empresas y familias, incluyendo los créditos hipotecarios. Pérez-Reyna refutó la idea de que el Banco de la República ajusta sus tasas para beneficiar o perjudicar a gobiernos, señalando que «la autoridad monetaria responde a las condiciones de la economía, y no a una decisión aislada de carácter político». En consecuencia, «las tasas más elevadas, una menor capacidad de endeudamiento y los recortes de gasto pueden disminuir la contratación tanto en el sector público como privado».

También advirtió sobre la dominancia fiscal, un escenario en el que el Gobierno subordina al banco central y lo obliga a recurrir a la emisión monetaria para suplir el déficit presupuestario. No obstante, considera que ese peligro permanece alejado para Colombia debido a la independencia constitucional del Banco de la República, comparando la situación actual con la crisis fiscal más grave desde la Guerra de los Mil Días.

El economista de la Universidad de Minnesota Timothy Kehoe, durante el evento, argumentó que «la política fiscal responsable no es ni de derecha ni de izquierda». Añadió que «la polarización política conduce a la falta de disciplina fiscal», impulsando gastos que se convierten en deuda para administraciones futuras.

Pérez-Reyna coincide en que la confrontación política afecta las decisiones fiscales, aunque identifica otros elementos. Explicó que Colombia había mantenido históricamente una mayor disciplina fiscal que otros países de la región, lo que le permitió enfrentar crisis diversas. Aclaró que la pandemia alteró esta trayectoria debido a la atención de la emergencia y las ayudas a hogares vulnerables, incrementando el gasto público.

Con la recuperación, el país redujo el déficit a un 4,2% en 2023, una mejora que el profesor describió como “Colombia estuvo a nada de solucionar el problema de tener un déficit fiscal primario”. Según Pérez-Reyna, la reforma tributaria de 2022 de Gustavo Petro mejoró temporalmente la situación debido al aumento en las retenciones empresariales y a la anticipación a 2023 de ingresos correspondientes a 2024. Cuestiona que las estimaciones oficiales proyecten similar recaudación sin repetición de dichos ingresos extraordinarios.

Propone reformar el marco legal a través del Congreso para brindar mayor flexibilidad al presupuesto. También sugiere «sincerar las cuentas públicas y desmontar los subsidios generalizados a la gasolina y al diésel, ya que mantener precios artificialmente bajos traslada el costo a la economía en su conjunto».

En relación a los ingresos, el académico se opone a elevar las tarifas tributarias vigentes, en especial las del impuesto de renta empresarial. Gustavo Petro ha manifestado en varias ocasiones que ha tenido que afrontar la deuda heredada de Iván Duque, forzando mayores endeudamientos. Considera que la carga sobre las compañías es alta comparada con el promedio latinoamericano e incluso con países escandinavos. “Las empresas son un medio que los humanos creamos para hacer cosas y generar riqueza. La mayoría de los colombianos somos empleados y vivimos de nuestro salario. Entonces, atacar a las empresas, es dispararnos en el pie”, manifestó.

Valora que el Gobierno reconozca el problema y busque respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI). También menciona como factores positivos el fortalecimiento del peso y la ausencia de una emergencia comparable a la pandemia, aunque insiste en que las decisiones deben concretarse pronto. La corrección fiscal dependerá de que el ajuste no quede subordinado a cálculos políticos de corto plazo. El docente de la Universidad de los Andes subrayó la importancia de proteger la actividad empresarial y el empleo para evitar que el desequilibrio público repercuta sobre los ingresos de los trabajadores.