Cómo operaban los préstamos gota a gota desarticulados en la Operación Sirirí
La Policía uruguaya, en una investigación que se prolongó por varios meses, desbarató una organización dedicada a préstamos ilegales conocidos como “gota a gota” en una operación que las autoridades bautizaron como Sirirí. La intervención se desplegó en la zona de frontera y reunió a distintas jefaturas departamentales bajo la coordinación del Ministerio del Interior.
El operativo incluyó 17 allanamientos simultáneos en Artigas, Paysandú, Rivera y Lavalleja, y terminó con 17 personas detenidas: 14 de nacionalidad colombiana y tres uruguayos, todas puestas a disposición de la Fiscalía Letrada de 3er Turno de Rivera. Las fuerzas actuaron también con apoyo de INTERPOL y la Dirección de la Guardia Republicana.
En los inmuebles registrados se secuestraron vehículos, dispositivos electrónicos, cámaras de vigilancia, agendas con registros de cobros y material publicitario vinculado a los préstamos. La Policía informó sobre montos de dinero incautado: 741.798 pesos uruguayos, 2.398 reales brasileños y 264 dólares, además de 30 teléfonos móviles, ocho motocicletas y otros elementos.
El fenómeno “gota a gota” se caracteriza por préstamos a personas que no acceden al crédito formal, pagos diarios y tasas usurarias que, en la práctica, suelen derivar en prácticas coercitivas cuando la deuda no se cumple. Según la investigación, la organización apuntaba a sectores en situación de vulnerabilidad financiera y registraba sus operaciones en cuadernos y documentos incautados.
Fuentes oficiales destacaron que la investigación fue estratégica y multidisciplinaria: participó la Dirección General de Investigaciones, la Guardia Republicana y otras dependencias, en coordinación con la fiscalía. El armado de pruebas y la secuencia de allanamientos se realizó para evitar la fuga de recursos y asegurar elementos probatorios.
Los detenidos quedaron a disposición judicial; las autoridades señalaron que las pesquisas continuarán para identificar a la totalidad de los responsables y desarticular eventuales vinculaciones con otras redes. La Fiscalía investiga tanto la modalidad de financiación ilegal como posibles delitos conexos que surjan del análisis de la documentación incautada.
El impacto local de estas prácticas suele ser profundo: víctimas con escasos recursos quedan expuestas a calendarios de pago insostenibles y a mecanismos de presión social y, en casos extremos, violencia. Organizaciones sociales y especialistas en prevención financiera advierten sobre la necesidad de programas de inclusión crediticia y campañas de información para evitar que la población recurra a usureros.
Desde el punto de vista operativo, las fuerzas aclararon que el trabajo en la frontera fue clave: la dispersión geográfica de la banda exigió coordinación entre jefaturas y el intercambio de información con organismos internacionales. INTERPOL aportó cooperación para cruzar datos y facilitar el rastreo de activos y comunicaciones.
En términos judiciales, los pasos siguientes incluirán medidas cautelares sobre los bienes incautados, la toma de declaraciones a testigos y la evaluación de registros bancarios y telefonía. Si la evidencia confirma la escala de la actividad, los fiscales buscarán imputaciones por asociación para delinquir, usura y otros delitos económicos.
El golpe a la red queda ahora como antecedente en la lucha contra esquemas de crédito informal y violencia económica. Las autoridades pidieron a la ciudadanía denunciar ofertas de préstamo fuera del circuito formal y prometieron sostener la investigación hasta agotar las líneas que permitan identificar la estructura completa de la organización.
