El gobierno de Estados Unidos volvió a ubicar a Uruguay en el Nivel 2 de su informe internacional sobre trata de personas de 2026. La evaluación reconoce los esfuerzos realizados para combatir este delito, pero señala que el país todavía no alcanza plenamente los estándares mínimos establecidos por la legislación estadounidense.
El documento, elaborado por el Departamento de Estado, examina la respuesta de los gobiernos frente a la explotación sexual, el trabajo forzoso y otras formas de trata. También considera la identificación de víctimas, las investigaciones judiciales y la asistencia brindada a quienes atravesaron estas situaciones.
Para Uruguay, la clasificación representa una continuidad respecto de 2025, cuando consiguió salir de la lista de vigilancia en la que había sido incluido un año antes.
Qué significa la clasificación de Uruguay en el informe de Estados Unidos
El informe estadounidense divide a los países en diferentes niveles según las medidas que adoptan para prevenir la trata de personas, perseguir a sus responsables y proteger a las víctimas.
Uruguay permanece en el Nivel 2, reservado para aquellos gobiernos que todavía no cumplen completamente los estándares mínimos, pero desarrollan esfuerzos significativos para alcanzarlos.
La evaluación no significa que el Estado uruguayo promueva la explotación de personas ni establece cuántas víctimas existen en el territorio nacional. Su propósito es medir la respuesta institucional frente a un delito que, por sus características, muchas veces permanece oculto.
La clasificación tampoco implica que Uruguay se encuentre entre los países con peor desempeño. El Nivel 3 corresponde a los gobiernos que, según Washington, no cumplen los requisitos mínimos ni realizan esfuerzos significativos para alcanzarlos.
Los antecedentes que explican la evaluación internacional
La situación de Uruguay ha mostrado cambios en las últimas ediciones del informe.
En 2024, el Departamento de Estado colocó al país en el Nivel 2 de la lista de vigilancia. En aquel momento, cuestionó la falta de avances suficientes en la identificación de víctimas, las dificultades para brindar asistencia especializada y las limitaciones para investigar posibles situaciones de explotación laboral.
Un año después, Uruguay recuperó el Nivel 2 sin la condición de vigilancia adicional.
El informe de 2025 reconoció un aumento de las condenas contra responsables de trata, una mayor identificación de hombres víctimas de explotación laboral y medidas destinadas a reducir la vulnerabilidad de las personas migrantes.
También destacó iniciativas para ampliar el acceso de mujeres afectadas a servicios de atención en diferentes departamentos.
Sin embargo, mantuvo observaciones sobre la detección de posibles víctimas, la asistencia especializada y la ausencia de condenas por delitos de trata laboral durante el período evaluado.
Estas observaciones corresponden a la edición de 2025 y sirven como antecedentes, pero no deben confundirse con nuevas conclusiones del informe de 2026.
Explotación laboral y asistencia a víctimas: los desafíos históricos
Uno de los problemas que aparece reiteradamente en las evaluaciones anteriores es la dificultad para reconocer situaciones de trata que no están vinculadas directamente con la explotación sexual.
El trabajo forzoso puede manifestarse mediante amenazas, retención de documentos, deudas impuestas, restricciones a la libertad o condiciones laborales utilizadas para impedir que una persona abandone su empleo.
En Uruguay, los informes estadounidenses de años anteriores prestaron especial atención a trabajadores migrantes, actividades vinculadas a la pesca y sectores donde las condiciones laborales pueden dificultar la identificación de situaciones de abuso.
También señalaron la necesidad de contar con procedimientos específicos para atender a hombres víctimas de trata y personas que viven fuera de Montevideo.
La protección de quienes logran escapar de estas situaciones constituye otro aspecto fundamental. Disponer de refugios, asistencia psicológica, atención sanitaria y asesoramiento jurídico puede resultar decisivo para que una víctima recupere su autonomía y pueda participar de un proceso judicial sin quedar nuevamente expuesta a sus explotadores.
El desafío de detectar casos fuera de Montevideo
La atención territorial es una cuestión especialmente importante en Uruguay, donde numerosos servicios especializados se han concentrado históricamente en la capital.
Una persona que atraviesa una situación de explotación en el interior puede enfrentar dificultades adicionales para acceder a orientación, denunciar lo sucedido o recibir protección inmediata.
Por eso, las recomendaciones estadounidenses de ediciones anteriores insistieron en fortalecer los mecanismos de identificación y derivación, así como en ampliar la disponibilidad de recursos especializados.
La respuesta del Estado uruguayo durante 2026
En paralelo a las evaluaciones internacionales, Uruguay presentó el 30 de julio de 2026 su primer informe nacional de gestión y estado de situación sobre trata y explotación de personas.
El documento fue elaborado por el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas y reunió las principales acciones desarrolladas entre marzo de 2025 y junio de 2026.
Durante la presentación, las autoridades destacaron el fortalecimiento de la coordinación entre organismos, la reactivación de servicios especializados y el trabajo para mejorar la detección y asistencia de personas afectadas.
La directora del Instituto Nacional de las Mujeres y presidenta del Consejo, Mónica Xavier, explicó que el informe nacional constituye una instancia de rendición de cuentas sobre las acciones desarrolladas por las instituciones que integran el sistema.
Uruguay también cuenta con la Ley 19.643, aprobada en 2018, que establece el marco nacional para prevenir y combatir la trata de personas.
En abril de 2026 se publicó una guía interinstitucional destinada a mejorar la detección, identificación y derivación de posibles víctimas.
Estas iniciativas forman parte de la respuesta uruguaya, aunque su implementación y resultados deberán seguir siendo evaluados.
La trata de personas y su impacto en América Latina
La problemática supera las fronteras nacionales. En América Latina, las redes de trata pueden aprovechar situaciones de vulnerabilidad económica, movimientos migratorios y dificultades para acceder a empleos formales.
La explotación puede ocurrir dentro de un mismo país o involucrar el traslado de personas entre diferentes territorios. No es necesario cruzar una frontera para que exista este delito.
El informe estadounidense incluye evaluaciones de toda la región y muestra realidades diferentes.
En la clasificación de 2026, Argentina y Chile aparecen en el Nivel 1, mientras que Uruguay, Brasil no —que integra la lista de vigilancia—, Paraguay y Perú presentan distintas situaciones de cumplimiento.
Las diferencias de clasificación reflejan principalmente la valoración estadounidense de los esfuerzos institucionales, no una comparación directa de la cantidad de víctimas.
Para los países latinoamericanos, mejorar el intercambio de información, investigar las redes transnacionales y proteger a las personas migrantes continúa siendo una tarea relevante.
Qué puede pasar con Uruguay en las próximas evaluaciones
La continuidad de Uruguay en el Nivel 2 indica que Estados Unidos reconoce acciones contra la trata, aunque considera que todavía falta alcanzar plenamente sus estándares.
El principal desafío será transformar las medidas institucionales en resultados sostenidos: identificar a más víctimas, mejorar su protección, fortalecer las investigaciones y garantizar asistencia especializada en todo el territorio.
La coordinación entre autoridades judiciales, organismos sociales, instituciones laborales y organizaciones que acompañan a personas sobrevivientes será determinante para avanzar.
La próxima evaluación permitirá conocer cómo interpreta Washington los resultados de las políticas desarrolladas durante 2026.
Más allá de la posición que ocupe Uruguay en una clasificación internacional, el problema de fondo sigue siendo el mismo: detectar situaciones de explotación que muchas veces pasan inadvertidas y asegurar que quienes las atraviesan encuentren protección, justicia y posibilidades reales de reconstruir sus vidas.
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