Un clima de alta preocupación se instaló en las cúpulas políticas y de defensa en Chile. Informes elaborados por fuentes de inteligencia de ese país advierten sobre la posibilidad de un “evento crítico” en la relación bilateral con Argentina debido al viaje programado para el próximo mes de noviembre del buque comercial «Danstar», perteneciente a la empresa naviera chilena Easter Island.
El objetivo del viaje es consolidar una ruta comercial marítima directa entre la ciudad de Punta Arenas —ubicada a casi 3.000 kilómetros al sur de Santiago— y Puerto Argentino, en las Islas Malvinas. Aunque la embarcación transportará alimentos, frutas, verduras, vinos, insumos de construcción y gas licuado para abastecer a la población civil de las islas, las autoridades chilenas temen que las fuerzas de seguridad argentinas consideren el trayecto como una provocación o una violación del derecho marítimo.
La disputa comercial por el abastecimiento de las islas y la postura de Uruguay
La apertura de este corredor marítimo desde el extremo sur chileno busca competir directamente por el mercado de abastecimiento logístico que tradicionalmente ha cubierto Uruguay desde el puerto de Montevideo. Al reducirse la distancia a unos 1.000 kilómetros por mar —prácticamente la mitad del trayecto desde la capital uruguaya—, los costos operativos disminuyen de forma sustancial, atrayendo a proveedores chilenos y comerciantes británicos.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, defendió la iniciativa remarcando que se trata de un «acuerdo entre privados» y argumentó que el buque que cubrirá el trayecto navegará bajo una bandera de conveniencia para no violar compromisos regionales. Según estimaciones locales, el mercado de importaciones de las Islas Malvinas ronda los 20 millones de dólares anuales, un monto que la economía de la región de Magallanes busca captar para dinamizar su puerto comercial.
Tensión legal sobre el «paso inocente» y la sombra del petróleo
El punto neurálgico del conflicto radica en la interpretación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y el Decreto 256 de Argentina, norma promulgada en 2010 que exige autorización previa para buques que naveguen entre el continente argentino y el archipiélago atlántico. Desde la Liga Naval Argentina se sugirió que el «Danstar» podría llevar suministros críticos para el proyecto petrolero «Sea Lion» —explotado por firmas internacionales y rechazado enérgicamente por la Cancillería argentina—, lo que clasificaría el trayecto como «paso no inocente» y habilitaría la detención del navío.
Representantes de la administración de las Malvinas negaron categóricamente que el embarque tenga vínculo con la industria hidrocarburífera, asegurando que la carga está destinada únicamente al consumo residencial de la comunidad. No obstante, analistas chilenos advierten que una interceptación en aguas atlánticas por parte de la Prefectura Naval o de la Armada argentina contravendría el Tratado de Paz y Amistad de 1984, el cual garantiza el libre tránsito desde y hacia el Estrecho de Magallanes.
Repercusiones en la diplomacia del Cono Sur y llamados a la cautela
El eventual incidente diplomático pone bajo presión las relaciones entre los Gobiernos de José Antonio Kast en Chile y Javier Milei en Argentina, quienes recientemente habían reafirmado lazos de cooperación. En el Congreso chileno, legisladores de la región de Magallanes solicitaron la realización de sesiones secretas de las comisiones de Defensa y Relaciones Exteriores para evaluar los escenarios de riesgo y evitar que un conflicto marítimo afecte la integración patagónica.
«Conforme al Tratado de Paz y Amistad de 1984, Argentina se obliga a mantener, en cualquier tiempo y circunstancia, el derecho de los buques de todas las banderas a navegar de forma expedita y sin obstáculos a través de sus aguas jurisdiccionales hacia y desde el Estrecho de Magallanes», recordaron especialistas en derecho internacional.
La expectativa ante el zarpe de noviembre
Con la fecha exacta de zarpe mantenida bajo reserva operacional, las cancillerías de la región siguen de cerca cada movimiento en los puertos australes. La resolución de este diferendo comercial y político pondrá a prueba los mecanismos de diálogo del Cono Sur y la vigencia de los tratados internacionales de navegación en el Atlántico Sur.
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