La caída en desgracia de la cúpula chavista suma un nuevo y oscuro capítulo judicial en suelo norteamericano. La Justicia de Estados Unidos formalizó este jueves una nueva imputación contra el depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, acusándolos formalmente de conspiración para cometer torturas, un delito que se añade a los ya graves cargos de narcotráfico y tráfico de armas que pesan sobre ellos desde su captura en Caracas el pasado 3 de enero.
En el escrito presentado por la Fiscalía de Nueva York se detalla una sistemática estrategia de «represión y tormentos» diseñada para blindar el régimen y aplastar cualquier atisbo de disidencia. Lejos de limitarse a la persecución de opositores y militares locales, el expediente acusa a la pareja de infligir abusos aberrantes contra al menos tres ciudadanos estadounidenses, empleando métodos que van desde la presión psicológica extrema hasta descargas eléctricas y amenazas directas a los familiares de los detenidos.
Terrorismo de Estado y rechazo a privilegios
La acusación fiscal profundiza en los mecanismos de coacción utilizados por el derrocado matrimonio, señalando que el objetivo central era «infligir un intenso dolor y sufrimiento físico y mental» para neutralizar a sus opositores. En el mismo movimiento judicial, la Fiscalía extendió a Cilia Flores el cargo de conspiración para cometer narcoterrorismo, un delito que hasta el momento recaía de manera exclusiva sobre Maduro.
En paralelo al endurecimiento de los cargos, el tribunal neoyorquino dio un portazo a las pretensiones de la defensa de la exprimera dama. Los abogados habían solicitado que se le otorgara el beneficio de arresto domiciliario argumentando un supuesto deterioro progresivo de su salud cardíaca tras pasar meses en una prisión federal de Brooklyn junto a otras cuarenta reclusas.
Sin embargo, el juez federal Alvin Hellerstein desestimó el pedido tras evaluar su aspecto físico y escuchar a los fiscales, quienes advirtieron que otorgarle la libertad condicional representaba un riesgo «extremo» de fuga y una potencial amenaza de intimidación a testigos clave en el proceso.
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