La situación económica en el departamento de Rivera volvió a encender las alarmas en el sector empresarial local. A casi un año de la reglamentación del paquete de medidas impositivas impulsado por el Poder Ejecutivo para las zonas fronterizas, la brecha de precios con la vecina ciudad de Sant’Ana do Livramento continúa castigando la competitividad del comercio uruguayo. En varios rubros clave del consumo cotidiano, las diferencias de costos alcanzan un promedio del 80%, volviendo insostenible la operativa diaria para miles de pequeños y medianos emprendimientos.
Desde la Asociación Comercial e Industrial de Rivera (ACIR) señalaron que las herramientas fiscales vigentes resultan insuficientes ante el diferencial cambiario y la estructura de costos uruguaya. La realidad del departamento se ve agravada por índices estructurales complejos: más del 40% de los trabajadores ocupados en Rivera y Cerro Largo se encuentran en la informalidad, un factor que retroalimenta la caída de la recaudación y profundiza la precarización del mercado de trabajo local.
Un problema que excede a los free shops y golpea al almacén de barrio
Uno de los puntos centrales del reclamo radica en desmitificar la composición del entramado productivo de la capital riverense. Según datos de la gremial comercial, en el departamento conviven apenas 60 establecimientos bajo el régimen de free shop frente a más de 7.500 micros, pequeñas y medianas empresas que operan en el régimen plaza tradicional y enfrentan directamente la fuga de consumo hacia el lado brasileño.
Estudios del Observatorio Económico de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) confirman la magnitud del desfasaje: refaccionar una vivienda resulta un 116,5% más caro en Rivera que cruzando la línea divisoria. Aunque en insumos básicos de construcción como la arena o el portland existe cierta paridad, en rubros como la mano de obra de albañilería las diferencias superan el 200%, desincentivando la inversión privada formal de este lado de la frontera.
El balance del paquete oficial de 2025: costos fijos que persisten
En junio de 2025, el gobierno nacional había anunciado un plan de choque fronterizo con un costo fiscal estimado en 6 millones de dólares, el cual entró en vigor de forma reglamentada el 1° de diciembre de ese mismo año. El menú de beneficios incluyó la eliminación del IVA mínimo, la reducción al 11% de la tasa básica para compras electrónicas en comercios a menos de 20 kilómetros de la frontera, el aumento del descuento de Imesi en naftas al 32%, un régimen simplificado de importación para la canasta básica y rebajas en aportes patronales para nuevos empleos.
Si bien las medidas aliviaron de forma puntual la tarifa de algunos productos y permitieron un incremento en las ventas de la canasta básica —demostrando que la rebaja del IVA puede dinamizar el consumo legal—, los empresarios destacan que los costos fijos, las tarifas energéticas y combustibles como el gas oil continúan pesando de manera desmedida en la estructura de costos de las empresas locales, impidiendo competir mano a mano con el mercado brasileño.
Propuestas para sostener la actividad formal y el empleo en el norte
Frente a este escenario, la ACIR plantea una batería de reformas complementarias focalizadas en la reducción del costo de vida y el fomento del empleo formal. Entre las iniciativas planteadas a las autoridades nacionales se destacan la ampliación de exoneraciones tributarias para la construcción, subsidios directos a la contratación de personal y la inclusión de sectores postergados como el supergas en los esquemas de beneficio fiscal.
La experiencia reciente demostró que la rebaja de impuestos en zona de frontera no solo frena la fuga de divisas, sino que puede llegar a compensarse mediante un mayor volumen de ventas declaradas. Para los comerciantes del norte, otorgar alivios adicionales no representa un gasto a fondo perdido, sino una inversión estratégica para evitar el cierre masivo de locales y sostener los puestos de trabajo formales en una de las regiones más vulnerables del país.
La necesidad de soluciones estructurales para las ciudades gemelas
El fenómeno de las ciudades binacionales como Rivera y Sant’Ana do Livramento exige políticas públicas con mirada de largo plazo que trasciendan los parches coyunturales. La integración económica real de la frontera requiere coordinar esquemas tributarios y aduaneros flexibles que contemplen la convivencia diaria de dos realidades financieras en un mismo espacio urbano.
Mientras el tipo de cambio siga favoreciendo de manera tan marcada las compras del lado brasileño, los comercios riverenses continuarán trabajando al límite de su rentabilidad. La respuesta del Poder Ejecutivo en los próximos meses resultará determinante para definir si se profundizan los incentivos vigentes o si el tejido comercial del norte uruguayo enfrenta un nuevo ciclo de contracción y pérdida de empleo formal.
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