La situación económica en la frontera norte del país llegó a un punto crítico y requiere decisiones inmediatas. En una contundente exposición, el presidente de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera, Gustavo Laclau, puso sobre la mesa la cruda realidad que atraviesan miles de pequeños y medianos comerciantes de Rivera y Artigas, quienes deben subsistir día a día frente a una brecha de precios con Brasil que en varios rubros alcanza un aplastante 80%.
Los antecedentes de esta problemática muestran que las herramientas otorgadas hasta el momento han sido absolutamente insuficientes. Aunque las autoridades impulsaron a principio de año un paquete de cinco medidas iniciales, como la exoneración del IVA a doce productos de la canasta básica —que generó un aumento del 35% en las ventas de esos artículos—, la respuesta se quedó muy corta. La última gran política integral para la zona fue la creación del régimen de free shops hace ya cuatro décadas, un beneficio que hoy abarca a solo 60 empresas en Rivera, dejando desprotegidas a más de 7.500 pymes que deben afrontar costos operativos desproporcionados.
Esta asimetría estructural genera un severo impacto en la actividad socioeconómica regional, empujando el informalismo a un preocupante 43% en el norte del territorio. Un ejemplo claro de esta fuga de capitales se observa en el sector de la construcción: mientras que en los últimos diez años se construyó un solo edificio en la ciudad de Rivera, en la vecina Santana do Livramento se levantaron 20 torres y se proyectan otras 40, financiadas en un 80% por inversores uruguayos que cruzan la frontera atraídos por costos notablemente más bajos.
Ante este panorama desolador, Gustavo Laclau encabeza la presentación de un documento técnico de más de 23 propuestas entregado a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y al Parlamento. Entre los reclamos más urgentes se destacan la ampliación masiva de la lista de productos exentos de IVA, la eliminación de los aportes patronales jubilatorios para industria y comercio en la franja fronteriza, la creación de pautas salariales especiales adaptadas a la realidad local, y la revisión de tarifas desmedidas de servicios públicos como OSE y UTE, cuyas tarifas comerciales cuadriplican los costos residenciales y castigan a quienes intentan formalizarse.
La proyección futura del comercio fronterizo dependerá de la voluntad política para implementar cambios de fondo. Las cámaras empresariales del norte advierten que, si el Estado no otorga el oxígeno necesario duplicando los topes de inclusión financiera y reduciendo las cargas fiscales, las pymes locales continuarán cerrando sus puertas de forma irreversible, consolidando el atraso económico de una región que exige competir en igualdad de condiciones.
Dejá tu comentario
Comentá con tu nombre y Gmail. Tu correo es privado y nunca se publica.