La Organización de Estados Americanos aprobó este viernes por consenso una resolución que exige al gobierno de Nicaragua, liderado por el presidente Daniel Ortega y su co-presidente Rosario Murillo, el cese inmediato de la represión y la creación de un Grupo Ministerial de sesenta días con el objetivo de buscar soluciones diplomáticas a la crisis actual.
El secretario adjunto de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, expresó su apoyo oficial a la resolución, destacando su contenido y el acuerdo alcanzado en la OEA.
El texto de la resolución condena directamente las acciones de represión del régimen nicaragüense y exige al gobierno que se detenga inmediatamente las represalias contra sus ciudadanos. Además, pide la liberación incondicional de todos los presos políticos, el acceso a información sobre personas desaparecidas de forma forzada, y la restitución de la nacionalidad y de todos los Derechos asociados a quienes han sido despojados arbitrariamente de esos beneficios.
La resolución fue aprobada por consenso en la Organización de Estados Americanos el viernes, 30 de octubre de 2026, y se publicó oficialmente mediante un comunicado del organismo. El texto incluye una condena explícita de las acciones de represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, señalando que estas violaciones a los Derechos Humanos han sido documentadas por múltiples fuentes internacionales. La resolución también establece un plazo de sesenta días para la creación de un Grupo Ministerial encargado de avanzar en soluciones diplomáticas, con sede en Managua.
El documento exige al gobierno nicaragüense que entregue información detallada sobre las personas desaparecidas de forma forzada y garantice el acceso a los Derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
OEA aprueba resolución contra represión en Nicaragua
Segura calificó a la dictadura de Ortega-Murillo como "una dinastía ilegítima" y subrayó que el gobierno de Ortega y Murillo no muestra intención de dialogar. También resaltó el papel de la activista cubana Rosa María Payá como relatora sobre Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y fue claro en cuanto al objetivo de Washington: "Queremos una Nicaragua libre y justa que respete los Derechos Humanos".
La OEA aprobó la resolución durante la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, Reunión convocada para analizar la situación en Nicaragua y establecer una respuesta colectiva frente al deterioro democrático en el país. La cita, celebrada en la sede de la Oimiento en Washington, se produjo tras la declaración de Ortega del 19 de julio, en la que afirmó que en Nicaragua "no volverán a haber elecciones", y luego de la reforma constitucional aprobada en septiembre que prohíbe la participación de partidos de oposición y amplía el mandato de seis a siete años.
El documento exige a las autoridades que adopten "medidas inmediatas, concretas y verificables" para recuperar el espacio cívico, detener las represalias y respetar los Derechos Humanos. Entre sus exigencias se incluye informar sobre el paradero y la situación de las personas sometidas a desaparición forzada.
La resolución aprobada por la Organización de Estados Americanos, copatrocinada por Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay, Perú y República Dominicana, establece la creación de un Grupo Ministerial de Seguimiento de composición voluntaria. Este Grupo tendrá como obligación presentar, en un plazo máximo de sesenta días, recomendaciones sobre acciones diplomáticas y jurídicas dirigidas a Nicaragua.
Iván Kasanzew, periodista con más de veinte años de experiencia en medios de comunicación, nació en Buenos Aires, Argentina. Se trasladó a Estados Unidos hacia finales de los años noventa y desde entonces ha trabajado en diversas cadenas hispanas, incluyendo Telenoticias del Mundo, Telemundo y Univision, destacándose por su cobertura de eventos prolongados.
La resolución exige específicamente la liberación de presos políticos en Nicaragua y el restablecimiento de elecciones democráticas en el país. Los países copatrocinantes instan al Grupo Ministerial a que sus recomendaciones incluyan medidas jurídicas concretas para garantizar el cumplimiento de estos principios. La OEA, mediante la resolución, establece que las acciones deben ser dirigidas hacia el régimen nicaragüense con el fin de promover la democracia y los Derechos Humanos.
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