El sindicato de la Guardia Republicana reclamó la renuncia del ministro del Interior Carlos Negro tras el ataque a la fiscal de Corte Mónica Ferrero, ocurrido en su casa durante la madrugada del domingo.
En un comunicado difundido en la noche del mismo día, el gremio sostuvo que el atentado no solo puso en riesgo la vida de la fiscal, sino también la de los policías asignados a su custodia. Según indicaron, estos efectivos trabajan en una garita de forma estática y sin garantías reales de protección.
“El servicio no contó con un relevamiento adecuado, lo que dejó expuestos tanto a la fiscal como al personal policial”, señaló el sindicato. Además, recordaron que bajo la actual gestión ya se registraron atentados contra policías en la vía pública y en espectáculos masivos.
Por ese motivo, la organización pidió “la renuncia inmediata del ministro del Interior”. En el texto se advierte que su continuidad “es un riesgo para todos, porque no tiene llegada a sus funcionarios ni contundencia frente a la delincuencia”.
Seguridad cuestionada tras la renuncia del ministro del Interior
El comunicado del sindicato puso el foco en la seguridad de los fiscales y en las condiciones de trabajo de los policías, que consideran insuficientes frente a las amenazas del crimen organizado. Para los trabajadores, el ataque busca “doblegar al Estado y sembrar miedo en la sociedad”.
El reclamo del sindicato de la Guardia Republicana se enmarca en un escenario de creciente tensión entre el Ministerio del Interior y las fuerzas policiales. En los últimos años, los gremios han advertido sobre condiciones de trabajo que consideran precarias, con turnos extendidos, carencia de recursos logísticos y escasa protección para quienes cumplen funciones en la custodia de autoridades judiciales.
El ataque a la vivienda de la fiscal expuso, según el sindicato, fallas en la planificación operativa y en la coordinación de los servicios de seguridad. La organización afirmó que los funcionarios asignados a esa tarea se encuentran en situación vulnerable, lo que aumenta los riesgos para ellos y para la propia fiscal.
Por otro lado, los dirigentes sindicales sostuvieron que la continuidad del ministro Negro no ofrece garantías para revertir este panorama. Señalaron que, desde su llegada al cargo, se produjeron episodios de violencia que afectaron directamente a policías en el ejercicio de sus funciones. Entre ellos mencionaron atentados en la vía pública, hechos ocurridos durante espectáculos masivos y ahora el ataque contra una representante del sistema de Justicia.
Debate político y social por la renuncia del ministro del Interior
La crítica sindical también incluyó un análisis sobre la estrategia de seguridad actual. “Si los operativos no contemplan la magnitud del riesgo, se expone no solo a los fiscales, sino también a los policías que ponen el cuerpo en la primera línea”, expresaron en el comunicado. A su entender, el crimen organizado busca enviar un mensaje claro: que nadie, ni siquiera los encargados de investigarlo, está fuera de peligro.
En este contexto, el pedido de renuncia del ministro del Interior no solo representa un cuestionamiento político, sino también un reclamo por mejores condiciones laborales y de seguridad para el personal policial. Para muchos trabajadores, se trata de un punto límite que refleja la necesidad de un cambio en la conducción ministerial.
El hecho generó repercusiones en el ámbito político y judicial. Diversos actores del sistema penal manifestaron preocupación por la falta de garantías para el ejercicio de sus funciones. También surgieron voces que reclaman reforzar la protección de jueces y fiscales, especialmente aquellos vinculados a investigaciones contra redes delictivas.
Además, el caso abrió un debate público sobre el alcance de las medidas de seguridad en los barrios de Montevideo más afectados por la violencia. Vecinos de la zona de Casabó, donde ocurrió el atentado, recordaron que en los últimos meses se registraron episodios de tiroteos y enfrentamientos entre grupos criminales. Para ellos, la presencia policial resulta insuficiente y, muchas veces, reactiva frente a hechos consumados.
La discusión sobre la gestión del Ministerio del Interior también se traslada al Parlamento. Algunos legisladores de la oposición anticiparon que solicitarán la comparecencia del ministro Negro para dar explicaciones sobre lo sucedido y detallar qué medidas se adoptarán para evitar nuevos ataques.
Mientras tanto, el gremio de la Guardia Republicana adelantó que continuará con movilizaciones y que no descarta otras medidas de presión si no obtiene respuestas. “Nuestro objetivo no es político-partidario, es la defensa de la vida de los trabajadores y de la sociedad”, remarcaron.
Este nuevo episodio vuelve a poner en primer plano la seguridad pública en Uruguay, un tema que atraviesa tanto la agenda política como la vida cotidiana de la población. Para muchos hogares, la discusión sobre cómo enfrentar el delito se refleja en la preocupación diaria por llegar sanos a casa después del laburo, esperar el bondi sin miedo o simplemente poder disfrutar de una salida en familia sin sobresaltos.
