El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) protagonizó una decisión que desató una fuerte ola de indignación institucional y social. El gremio rechazó la invitación para comparecer ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, donde se analiza la trágica muerte de Soledad Barrera. La pediatra de 41 años falleció por complicaciones derivadas de una flagrante mala praxis durante una operación de vesícula, pero para la conducción del sindicato, el drama no merece su atención ni sus palabras.
La convocatoria al ámbito legislativo había sido impulsada por el diputado del Partido Nacional Federico Casaretto. La respuesta del gremio, lejos de ofrecer empatía o explicaciones sobre el accionar profesional en el sistema sanitario, fue un portazo burocrático. Argumentaron que se encuentran en pleno proceso de cambio de autoridades y que manifestarse sobre la muerte por homicidio culposo de una colega «no forma parte» de sus cometidos institucionales.
La indignación parlamentaria y el doble rasero gremial
La postura del SMU provocó la inmediata reacción del legislador blanco, quien no ocultó su asombro ante la insensibilidad demostrada por la organización. Casaretto cruzó duramente al gremio al cuestionar que le den la espalda a una médica afiliada fallecida en circunstancias tan horribles, mientras la sociedad entera exige transparencia y respuestas claras sobre las garantías médicas en el país.
El diputado puso en evidencia el evidente doble rasero de la conducción sindical. Recordó que el SMU jamás tuvo reparos en emitir duros pronunciamientos sobre temas políticos, corporativos e internacionales de diversa índole, desde la Ley de Urgente Consideración (LUC) y los detenidos-desaparecidos hasta conflictos geopolíticos en Gaza, Venezuela, Israel o el golpe de Estado en Honduras, pasando por la eutanasia y el aborto. Sin embargo, cuando se trata de la vida de una colega víctima de una negligencia médica fatal, el gremio prefiere refugiarse en el silencio.
Inoperancia corporativa y cuestionamientos a la cartera de Salud
El cuestionamiento político no se limitó únicamente al rechazo de la citación por parte de la dirigencia sindical. Casaretto también apuntó contra las resoluciones oficiales que rodearon la sanción de los responsables. En particular, remarcó la reducción «sin razón» de la sentencia a la anestesista Inés Miralles, catalogada en el fuero penal como responsable del homicidio culposo, una medida que contó con la firma de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.
Frente a esta condena reducida y la aparente tibieza de los controles sanitarios, el silencio del gremio resulta aún más lacerante para la opinión pública. La inacción del SMU reabre la interrogante de a quiénes defiende realmente la organización cuando se producen fallas nefastas en el ejercicio de la medicina.
El compromiso de insistir ante el blindaje del gremio
El rechazo inicial del SMU no cerrará el debate político ni la búsqueda de explicaciones en el Palacio Legislativo. Casaretto advirtió que insistirá y volverá a convocar a las autoridades del sindicato las veces que sea necesario para que abandonen su postura de indiferencia.
La presión parlamentaria busca que la cúpula médica deje de eludir su responsabilidad moral y brinde una postura pública no solo ante los legisladores, sino ante un país conmocionado por la trágica pérdida de Soledad Barrera, que aguarda conocer la postura del principal sindicato de la salud en Uruguay.





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