En una jornada de acalorados debates legislativos, el Senado de la República de México aprobó en lo general y en lo no reservado la reforma constitucional que impone la nacionalidad mexicana única como requisito excluyente para aspirar a la Presidencia de la República, a las gubernaturas estatales y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Con 86 votos a favor y 42 en contra, la coalición oficialista conformada por Morena, el Partido Verde Ecologista (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) alcanzó la mayoría calificada necesaria para modificar la Carta Magna.
La medida no estuvo exenta de maniobras políticas: para lograr el cuórum y evitar conflictos de interés durante la votación, legisladores con doble ciudadanía —como Cecilia Guadiana, Virgilio Mendoza y Karina Ruiz— debieron solicitar licencia para que sus suplentes ocuparan las bancas y emitieran el voto favorable.
Modificaciones constitucionales y el fin de un precedente histórico
El proyecto impulsado de manera directa por la presidenta Claudia Sheinbaum modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El dictamen fija que quien pretenda ocupar los máximos cargos del Poder Ejecutivo debe ser mexicano por nacimiento y no poseer ni adquirir otra nacionalidad bajo ninguna circunstancia.
Para los ciudadanos que actualmente cuenten con una segunda ciudadanía y aspiren a competir en las urnas, la norma establece la obligación expresa de renunciar a ella de manera formal antes de solicitar el registro de su candidatura. Asimismo, la ley tipifica como causales de inhabilitación el uso de pasaportes o documentos de identidad extranjeros, el ejercicio de derechos políticos en otro país y el acogimiento a la protección diplomática de un gobierno externo.

Esta resolución redefine las reglas de juego político vigentes en las últimas décadas en México, donde la legislación permitía a los ciudadanos con raíces o lazos internacionales participar activamente en cargos de alta responsabilidad pública. La norma otorga un plazo estricto de 90 días naturales al Congreso para adecuar la Ley de Nacionalidad y el marco regulatorio electoral.
El impacto diplomático y las lecturas en América Latina
La aprobación de esta reforma reaviva un debate de fondo sobre la soberanía, la seguridad nacional y la integración regional en América Latina. La iniciativa parte de la premisa oficialista de blindar las decisiones del Estado frente a posibles injerencias e intereses geopolíticos extranjeros, un argumento recurrente en la retórica de la administración de Sheinbaum.
Sin embargo, el veto político a la doble nacionalidad contrasta con las tendencias de integración regional y movilidad global que caracterizan al continente americano. Varios países latinoamericanos con amplias comunidades de emigrantes consideran la doble ciudadanía como una herramienta estratégica de vinculación cultural, económica y social, por lo que la decisión mexicana marca un sesgo aislacionista respecto al ejercicio de los derechos políticos de la diáspora.
La voz del oficialismo frente a los reparos de la oposición y de la diáspora
Durante la fundamentación de la norma, el senador oficialista Manuel Huerta Ladrón de Guevara defendió el alcance de la ley asegurando que la exigencia está dirigida exclusivamente a responsabilidades de máxima conducción y que «no busca cuestionar la identidad ni el compromiso con México de las personas que cuentan con otra nacionalidad». En la misma línea, el senador Saúl Monreal Ávila remarcó que se trata de un requisito de elegibilidad vinculado a áreas clave de seguridad nacional, gobernabilidad y manejo de las relaciones internacionales.
[INSERTAR IMAGEN 3: Senadores de oposición expresando sus posturas durante el debate]
Desde la vereda opuesta, bancadas opositoras manifestaron un rechazo categórico. El senador priista Ángel García Yáñez cuestionó que se presuma una «lealtad dividida» en personas con doble ciudadanía y criticó la inclusión de los gobernadores provinciales en el veto, argumentando que las administraciones estatales no conducen la política exterior del país. Por su parte, la senadora Amalia García, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que la condición migratoria no debe utilizarse como excusa para recortar derechos políticos fundamentales.
A las críticas políticas se sumaron referentes del ámbito civil e internacional, como Larry Rubin, titular de la American Society of Mexico, quien expresó preocupación por la estigmatización que la ley proyecta sobre millones de mexicanos que residen o mantienen vínculos formales en el extranjero.
Proceso de ratificación y el horizonte normativo
Tras obtener el respaldo de la Cámara de Diputados el pasado 22 de septiembre con 344 votos favorables y superar la instancia del Senado, la reforma constitucional entra en su etapa final de tramitación. El texto deberá ser enviado a las legislaturas de los 32 estados mexicanos para su ratificación por mayoría de los congresos locales antes de su promulgación ejecutiva.
El nuevo escenario normativo dejará un panorama profundamente polarizado entre quienes sostienen que la nacionalidad única salvaguarda la soberanía institucional del país y aquellos que denuncian una regresión en la cobertura de los derechos civiles de los mexicanos con lazos internacionales.





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