América Latina

Golpazo a la justicia boliviana: EE. UU. retira la visa a Roger Mariaca por nexos con el narcotráfico

Washington acusa a Roger Mariaca de cobrar sobornos y favorecer al narcotráfico, prohibiéndole el ingreso al país junto a su familia y otros 12 altos funcionarios.

El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, durante una rueda de prensa institucional.
Washington prohibió el ingreso a EE. UU. del fiscal general boliviano Roger Mariaca y su familia.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos dio un golpe contundente en el tablero político de América Latina al anunciar sanciones drásticas contra el fiscal general del Estado de Bolivia, Roger Mariaca. La Casa Blanca acusa directamente al máximo titular del Ministerio Público boliviano de participar en actos de «corrupción significativa» y de cobrar sobornos para favorecer a redes del narcotráfico y facilitar que delincuentes peligrosos evadan la acción de la justicia. La medida implica la revocación inmediata de su visado y la declaración de ineligibilidad de ingreso a territorio estadounidense para él y su núcleo familiar directo.

El anuncio no se limita a la figura de Mariaca, sino que forma parte de un paquete de restricciones que alcanza a otros doce ciudadanos bolivianos entre los que se cuentan jueces, fiscales, exmagistrados, un exministro de Justicia y altos mandos policiales. Esta acción marca un punto de inflexión en las relaciones bilaterales entre La Paz y Washington, dejando al descubierto severas grietas en la credibilidad de las instituciones encargadas de la persecución penal en la región.

La diplomacia del garrote y el antecedente del Escudo de las Américas

La decisión estadounidense se apoya en la sección 7031(c) de la Ley de Seguridad Nacional y Asignaciones del Departamento de Estado, una herramienta legal que permite nombrar y sancionar públicamente a funcionarios extranjeros sobre los que exista información fidedigna de participación en maniobras de corrupción o violaciones graves a los derechos humanos. No es la primera vez que la administración estadounidense apela a esta normativa en el Cono Sur, pero el caso boliviano destaca por la jerarquía del principal señalado.

Roger Mariaca asumió como Fiscal General del Estado en 2024 para un mandato de seis años, tras haberse desempeñado como fiscal departamental en Santa Cruz durante la gestión del expresidente Luis Arce. Washington enmarca estas sanciones dentro de una nueva política de restricción de visados vinculada a la iniciativa «Escudo de las Américas», mediante la cual el gobierno de Donald Trump busca asfixiar financieramente y aislar políticamente a los actores que debilitan la gobernanza democrática y colaboran con el crimen organizado en el continente.

Implicancias de las sanciones en el Cono Sur y la región andina

El coletazo de esta resolución trasciende las fronteras bolivianas e impacta de lleno en el equilibrio de América Latina. Además de Bolivia, la nueva directiva de restricciones alcanzó a ciudadanos y funcionarios de Colombia, Ecuador y Perú, consolidando un giro restrictivo por parte de Estados Unidos hacia los países atravesados por las rutas de producción y tránsito de cocaína.

Para los países vecinos, la inclusión del jefe de los fiscales bolivianos en una lista negra por nexos con el narcotráfico enciende todas las alarmas en materia de inteligencia y cooperación judicial. Las maniobras de encubrimiento institucional en las altas esferas del Poder Judicial comprometen las causas transnacionales y dificultan la extradición y el juzgamiento de capos regionales que operan en los corredores fluviales y terrestres de la cuenca del Plata.

Acusaciones directas de Washington y silencio en La Paz

Las afirmaciones del Departamento de Estado sobre la actuación de Mariaca fueron categóricas. Según el comunicado oficial de la diplomacia norteamericana, las conductas del fiscal «ponen en peligro los esfuerzos para combatir el narcoterrorismo» y socavan la legitimidad de los órganos democráticos. Se le atribuye haber solicitado y recibido pagos ilegales mientras ejercía cargos de alta responsabilidad pública a cambio de impunidad operativa para clanes de la droga.

Entre la nómina de los otros doce sancionados figuran nombres de alto perfil político e institucional como el exministro de Justicia Iván Lima, el fiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos, la jueza Albania Chane Caballero y el exejecutivo de la Aduana Nacional Alberto Samuel Soto. Hasta el momento del cierre de este informe, el fiscal general Mariaca no ha emitido ninguna declaración pública ni descargo oficial ante las graves acusaciones formuladas desde Washington.

El futuro institucional de la Fiscalía ante el cerco internacional

La ratificación de las sanciones deja a la Fiscalía General de Bolivia en un escenario de extrema fragilidad diplomática e institucional. La imposibilidad de interactuar formalmente con agencias estadounidenses de lucha contra el crimen como la DEA o el Departamento de Justicia condiciona severamente la operatividad del organismo en investigaciones internacionales.

El avance de estas medidas punitivas abre un interrogante inevitable sobre la continuidad de Mariaca al frente de la Fiscalía. La presión de la comunidad internacional y la pérdida de legitimidad ante la ciudadanía boliviana plantean un horizonte convulsionado que obligará al sistema político a definir si respalda al cuestionado funcionario o si promueve un recambio institucional para limpiar la imagen de la justicia.

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