Un nuevo episodio de irregularidades en la contratación de personal político sacude el escenario local. El edil del Partido Nacional, Gonzalo Gómez, debió convocar a una conferencia de prensa para dar explicaciones tras conocerse que un asesor contratado bajo su órbita fue condenado por la Justicia por lavado de activos vinculados al narcotráfico. Lo impactante del caso no es solo la derivación penal del involucrado, sino la abierta confesión del legislador departamental: el funcionario cobraba mensualmente más de 50.000 pesos uruguayos provenientes de arcas públicas sin pisar la Junta Departamental ni haber realizado una sola tarea en diez meses.
El beneficiario de esta contratación era Pablo Leiva, un joven vinculado a la militancia blanca a través de relaciones personales. Según admitió el propio Gómez, el sueldo nominal de 52.000 pesos se pagó de forma ininterrumpida desde diciembre del año pasado hasta la fecha de la detención. La justificación de «falta de tiempo» o «priorización de otros temas» para excusar la ausencia de trabajo asignado enciende nuevamente las alarmas sobre la discrecionalidad y el nulo control en el uso de fondos públicos para cargos de confianza.
Amiguismo militante y la ruta del dinero público
El origen de la contratación expone las dinámicas de amiguismo que persisten en la gestión institucional. Gómez detalló ante la prensa que conoció a Leiva a través de su propio hijo, con quien compartía militancia en la juventud del Partido Nacional. Bajo la figura de un supuesto «asesoramiento territorial» enfocado en recoger reclamos vecinales y demandas ciudadanas, Leiva quedó incorporado a la nómina del cuerpo deliberativo.
Sin embargo, el compromiso laboral jamás existió en la práctica. Durante la conferencia, el edil reconoció sin rodeos que Leiva no concurría a la sede legislativa y que jamás llegó a encomendarle labor alguna. «A toda hora tampoco necesitamos el asesoramiento. Es en función de la demanda», intentó justificar Gómez ante el cuestionamiento de los cronistas presentes. La confesión dejó en evidencia un esquema donde los contribuyentes financiaron durante casi un año un salario entero a cambio de cero productividad.
Causa Trazador: el vínculo con el narcotráfico y el impacto político
El velo sobre esta situación de inactividad remunerada se levantó de la peor manera: mediante una investigación judicial. Leiva terminó condenado en el marco de la llamada Operación Trazador, un operativo llevado a cabo en el barrio Brazo Oriental que desarticuló una red de lavado de activos procedentes del narcotráfico. El caso rozó además a otras figuras del Partido Nacional, ya que las transacciones ilegales involucraron una casa de cambio propiedad de la esposa del exsenador y actual director opositor en la ANP, Jorge Gandini, quien debió aclarar en rueda de prensa que no mantenía vínculo alguno con el imputado.
El fenómeno de los contratados que cobran sin cumplir funciones no es exclusivo de una sola bancada ni de una época en particular, pero su reaparición vinculada a causas del crimen organizado genera una profunda indignación social. La falta de mecanismos de control cruzado y la opacidad en el cumplimiento de los contratos de asesoramiento abren brechas peligrosas por donde se cuelan irregularidades administrativas y delitos graves.
Un debate sin resolver sobre los controles en la función pública
Las explicaciones de Gómez, asegurando que «asume el error» de no haberle dado tareas, no logran frenar el impacto político. La opinión pública y diversos sectores de la sociedad civil cuestionan severamente la ligereza con la que se gestionan los cupos de asesores. En tiempos donde la ciudadanía exige austeridad y transparencia absoluta en el gasto del Estado, el caso reaviva la discusión sobre la necesidad de auditar marcaciones de horario, entregables y productos de trabajo concretos para cualquier persona que perciba un ingreso estatal.
Este escándalo vuelve a poner bajo la lupa la urgencia de establecer protocolos estrictos de rendición de cuentas dentro de las Juntas Departamentales. La ausencia de verificación sobre si un asesor realmente trabaja o no convierte a los presupuestos públicos en una caja negra vulnerable al amiguismo y a sorpresas judiciales no deseadas.
Responsabilidades políticas y la mirada hacia adelante
El caso de Leiva y Gómez no debería cerrarse con una simple declaración de disculpas en una rueda de prensa. La responsabilidad política por el mal uso de los recursos de los contribuyentes exige respuestas institucionales firmes y la eventual restitución de los montos abonados indebidamente por tareas jamás prestadas.
El desafío hacia el futuro implica reformar el estatuto de contrataciones de confianza a nivel departamental. Mientras no existan exigencias reales de cumplimiento y controles rigurosos sobre la idoneidad y el trabajo efectivo de los asesores, el sistema seguirá expuesto al desprestigio, la desconfianza de la gente y el malgasto del dinero de todos.





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