El femicidio en Punta Colorada llegó esta semana a la instancia de juicio oral en el juzgado especializado de San Carlos. La fiscal del caso, Fiorella Marzano, solicitó una condena de 30 años de penitenciaría más 15 años de medidas eliminativas de seguridad para Miguel Ángel Toledo, acusado de asesinar a Karina Funes, de 53 años, en mayo de 2024.
El ataque y la investigación
El hecho ocurrió en la vivienda de la víctima, ubicada en Punta Colorada. Según la investigación, Toledo, de 57 años, se presentó en la casa y le disparó en la cabeza con una escopeta. Tras el ataque, intentó quitarse la vida, pero sobrevivió. A pesar de estar herido, logró huir en su camioneta hacia Piriápolis.
Durante el trayecto perdió el control del vehículo y embistió contra un cordón. Fue encontrado poco después por el comisario de la seccional local, quien coordinó su traslado a un centro de salud. El acusado permaneció varias semanas internado y luego fue dado de alta, quedando bajo custodia judicial.
La fiscal Marzano pidió una pena combinada: 30 años de prisión y 15 años de medidas de seguridad, destinadas a personas catalogadas como especialmente peligrosas. Este pedido eleva la expectativa en torno a la sentencia, que será leída el 7 de noviembre.
Fallas en la protección previa
Horas antes del crimen, Funes había denunciado a su expareja y un juez había dispuesto la prohibición de acercamiento. Sin embargo, en ese momento no había tobilleras electrónicas disponibles en el departamento de Maldonado. Esa carencia impidió reforzar las medidas de protección dictadas para resguardar a la víctima.
La relación entre ambos se había iniciado apenas dos meses antes a través de la red social Instagram. Según los investigadores, los conflictos comenzaron poco tiempo después y escalaron rápidamente, hasta derivar en el femicidio.
El femicidio en Punta Colorada volvió a exponer el problema de disponibilidad de dispositivos electrónicos de control, en un contexto donde las denuncias por violencia de género se multiplican en todo el país.
Contexto judicial y social
El proceso judicial, que se desarrolla en San Carlos, concentra la atención tanto de la prensa como de organizaciones sociales que reclaman mayor protección para las mujeres en situación de riesgo. El pedido de la fiscalía busca sentar un precedente en casos de violencia extrema, donde se combinan denuncias previas, incumplimiento de medidas cautelares y un desenlace fatal.
El caso también es seguido de cerca por colectivos feministas de Maldonado, que advierten sobre la falta de recursos para prevenir situaciones de alto riesgo. La expectativa está puesta en la sentencia, que podría convertirse en una referencia para futuros procesos de la misma naturaleza.
Impacto en la comunidad
En Punta Colorada y Piriápolis, vecinos y allegados manifestaron su consternación por el hecho. La noticia impactó en la vida cotidiana de la zona, donde muchos comentaron que “faltan herramientas” para proteger a quienes denuncian situaciones de violencia.
En Uruguay, los femicidios son un recordatorio de que las medidas preventivas no siempre logran evitar la tragedia. En este caso, la carencia de tobilleras electrónicas fue señalada como un factor determinante.
El femicidio en Punta Colorada puso en agenda el debate sobre cómo fortalecer los mecanismos de protección y garantizar que las denuncias tengan una respuesta efectiva. La sentencia de noviembre será clave para definir el futuro judicial del acusado y, al mismo tiempo, marcará un precedente en la discusión sobre políticas de prevención.
El femicidio en Punta Colorada no solo conmocionó a Maldonado, sino que también reavivó un debate nacional sobre los recursos disponibles para proteger a las mujeres en riesgo. Organizaciones sociales insisten en que la sentencia deberá marcar un precedente para evitar nuevas tragedias y exigir más compromiso estatal en materia de prevención y respuesta inmediata.
