Bajo el consabido discurso de la «seguridad vial» y el «ordenamiento urbano», la burocracia uruguaya volvió a hincarle el diente a una de las pocas alternativas de transporte económico, limpio e independiente que les quedaba a los ciudadanos. El Congreso de Intendentes aprobó de forma unánime una nueva reglamentación de alcance nacional que transforma el uso del monopatín eléctrico en un laberinto de requisitos corporativos, registrales y burocráticos. A partir de ahora, circular sobre dos ruedas chicas requerirá pólizas de seguro obligatorias, empadronamiento en el Sucive, dispositivos de rastreo tipo tag y un permiso firmado para los menores.
La medida, que fue presentada por el jefe comunal de Florida y presidente del cuerpo, Carlos Enciso, pretende disfrazarse de ordenamiento inofensivo. Sin embargo, detrás de la promesa de que «no hay un fin recaudatorio» por la ausencia de patente, se esconde la habilitación directa a un nuevo mercado cautivo para las aseguradoras y un control estatal asfixiante sobre los vehículos de movilidad personal. Una vez más, el Estado resuelve las carencias del tránsito imponiendo trabas al eslabón más débil de la cadena vial.
Del vacío legal a la persecución de la movilidad liviana
Durante años, la irrupción de los monopatines eléctricos en las metrópolis y ciudades del interior representó una válvula de escape frente a los constantes aumentos del boleto de transporte público y el costo insostenible del combustible. No obstante, el sistema político ha decidido tratar a estos vehículos ligeros con la misma rigidez fiscal y fiscalizadora que a los de gran porte. La norma establece que solo podrá viajar una persona por unidad, con uso obligatorio de casco y chaleco reflectivo, topando la velocidad máxima en unos acotados 25 kilómetros por hora.
Lo verdaderamente alarmante del decreto radica en el empadronamiento forzoso dentro del Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares (Sucive). Si bien se asegura que la chapa o registro no implicará el cobro de patente tradicional, la inclusión de un «tag» identificatorio obligatorio abre la puerta para que las intendencias desplieguen su aparato fiscalizador, fotomultas y controles punitivos sobre un sector de la población que apeló a este medio para trabajar o estudiar sin pagar costos desmedidos.
Un modelo de control que va a contramano del mundo
Mientras las principales capitales europeas avanzan hacia la desregulación, la creación de ciclovías seguras y la promoción abierta de la micro movilidad sin trabas financieras, Uruguay decide levantar un muro de requisitos. En América Latina, donde el transporte colectivo resulta muchas veces deficiente e ineficiente, castigar al usuario de movilidad eléctrica con la contratación obligatoria de un seguro equivalente al Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) no hace más que desincentivar la transición energética particular.
En lugar de construir infraestructura vial adecuada, pavimentar calles destruidas o delimitar vías exclusivas con la fiscalización correspondiente sobre el tránsito pesado, los jefes departamentales eligen la salida fácil: trasladarle toda la carga económica y legal al vecino. El requisito de que los jóvenes de entre 14 y 18 años deban presentar un permiso con firma de padres o tutores formaliza además una traba administrativa insólita que rozará el ridículo al momento de ser fiscalizada en la vía pública.
Las explicaciones oficiales: el argumento del «orden» sin inversión
En rueda de prensa, el presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso, defendió el paquete normativo amparándose en la necesidad de evitar la libre circulación sin normas. «La idea no es de recaudación sino de ordenar», repitió el jefe comunal ante los periodistas, argumentando que la alta siniestralidad obligaba a tomar cartas en el asunto e imponer el casco, el chaleco y el seguro como barreras mínimas de protección.
Por su parte, el coordinador general del Sucive, César García, detalló los aspectos técnicos del monitoreo, remarcando que todos los vehículos deberán incorporar de fábrica o de forma agregada luces frontales, laterales y traseras, sumado al tag de identificación. No obstante, ninguno de los voceros oficiales explicó qué costo tendrá para el usuario la tramitación de dicho chip, cómo se solventará el registro informático o cuánto se encarecerá el valor de los monopatines en el mercado tras quedar atados a estos nuevos requisitos de homologación comercial.
Proyección futura
La aprobación de este paquete normativo marca la antesala de una fiscalización agresiva por parte de los inspectores de tránsito en todos los departamentos. Con la excusa del cumplimiento del SOA y la verificación del tag, los monopatines pasarán a ser presa fácil del afán punitivo de las comunas, arriesgando incautaciones y multas desproporcionadas frente al valor real del propio vehículo.
A largo plazo, el endurecimiento de las exigencias amenaza con frenar de golpe el crecimiento del transporte ecológico en las ciudades uruguayas. Cuando el Estado prioriza el control registral, el papeleo y las pólizas privadas por encima de la infraestructura y la educación vial real, el perjudicado termina siendo siempre el mismo: el ciudadano de a pie que solo busca trasladarse de forma económica y eficiente.
Dejá tu comentario
Comentá con tu nombre y Gmail. Tu correo es privado y nunca se publica.