Internacionales

Chile se une al Escudo de las Américas para combatir el narcotráfico

El país amplía cooperación con otros Estados latinoamericanos y norteamericanos frente a redes delictivas.

Los gobiernos de América Latina y Estados Unidos intensifican coordinación para enfrentar amenazas transnacionales relacionadas con el narcotráfico.
Los gobiernos de América Latina y Estados Unidos intensifican coordinación para enfrentar amenazas transnacionales relacionadas con el narcotráfico.

En la noche del martes, autoridades chilenas confirmaron la adhesión del país al Escudo de las Américas, una coalición compuesta por gobiernos conservadores que busca enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado. El Ministerio de Exteriores chileno explicó que esta incorporación permitirá a Chile mejorar su capacidad de acción frente a amenazas transnacionales, especialmente en comunidades del interior del país.

El comunicado destaca que la participación generará beneficios operativos inmediatos, como el acceso a información sobre redes delictivas, sistemas avanzados de análisis de datos y una coordinación más eficaz con vecinos como Argentina, Bolivia, Perú y otros países latinoamericanos.

El Ministerio señaló que grupos como el Tren de Aragua o los cartels mexicanos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, representan una amenaza real y compleja que requiere un enfoque regional. Cada Estado, según la fuente, actuará dentro del marco de sus propias leyes internacionales y nacionales.

Chile fortalece alianzas regionales contra el crimen organizado

El presidente chileno, José Antonio Kast, aclaró que no se trata de operaciones militares ni de intervenciones contra el terrorismo. Chile mantendrá su soberanía e institucionalidad, y la adhesión solo implicará coordinación, intercambio de información y seguimiento de actividades delictivas.

Kast considera que el Escudo de las Américas es un paso hacia la convergencia en normas sobre el combate al narcotráfico y al crimen organizado, un problema global que afecta a múltiples naciones. Para él, no se trata de una cuestión local, sino de un flagelo compartido.

La iniciativa incluye ya más de una decena de países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, y Estados Unidos.

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