En el ajedrez de la política internacional, a veces las piezas se mueven con una retórica tan grandilocuente que uno se pregunta si están hablando del mismo tablero. Esta semana, el ALBA-TCP, esa alianza de países con gobiernos de izquierda en América Latina y el Caribe, salió con los tapones de punta a condenar la renovación de las sanciones a nicaragua por parte de la Unión Europea. El comunicado, cargado de épica, habla de “colonialismo anacrónico”, “supremacismo” y una “afrenta a la dignidad” del pueblo nicaragüense. Palabras fuertes, sin duda, pero que obligan a buscarle la quinta pata al gato y preguntarse qué hay detrás de esta defensa cerrada.
sanciones a nicaragua
El bloque, que incluye a Venezuela, Cuba, Bolivia y la propia Nicaragua, entre otros, calificó las medidas de “ilegales y arbitrarias”. Según su visión, todo forma parte de una “agenda intervencionista” que, en combinación con el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, busca aislar a los gobiernos que no siguen la partitura de Washington o Bruselas. Hasta ahí, un discurso conocido, casi un libreto. El comunicado reafirma una “solidaridad irrestricta” con el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, el matrimonio que maneja los hilos del país centroamericano. Sin embargo, es precisamente en ese punto donde el relato empieza a hacer agua.
Un discurso para la tribuna que choca con la realidad
Mientras el ALBA-TCP enarbola la bandera de la autodeterminación de los pueblos, la Unión Europea justifica su decisión de otra manera. No habla de ideologías, sino de hechos concretos. Los Veintisiete prorrogaron las sanciones a nicaragua por el continuo “deterioro democrático” y los “abusos sistemáticos de derechos” que vienen ocurriendo desde las masivas protestas opositoras de 2018. Aquellas movilizaciones, que pedían más democracia y menos autoritarismo, terminaron con un saldo de cientos de muertos, miles de heridos y un tendal de exiliados.
Aquí es donde la cosa se pone más espesa. Las sanciones no son un embargo económico que le complica el laburo al ciudadano de a pie o encarece la yerba y la leche. No, estas medidas son quirúrgicas, dirigidas a personas y entidades específicas. En la lista negra figuran 21 individuos y tres organismos. ¿Y quiénes son? Pues, la propia vicepresidenta Murillo, varios de sus hijos, asesores cercanos a la pareja presidencial y altos mandos de la policía. Se los acusa, ni más ni menos, de orquestar la represión, usar la fuerza de manera desmedida, autorizar detenciones arbitrarias y hasta torturas. A estas personas se les prohíbe viajar a Europa y se les congelan los activos que puedan tener allá. Es decir, se les corta el chorro de la guita que puedan manejar en el viejo continente.
¿A quién le duelen realmente las sanciones?
El comunicado del ALBA insiste en que estas medidas “causan graves daños al bienestar del pueblo nicaragüense”. Pero es una afirmación, como mínimo, discutible. ¿En qué le cambia la vida a un laburante de Managua que un hijo del presidente no pueda irse de compras a París o que un jefe policial no pueda depositar fondos en un banco de Luxemburgo? Por otro lado, lo que sí parece afectar el bienestar de la gente es la política interna del régimen de Ortega y Murillo.
Desde 2018, la persecución a cualquiera que piense distinto ha sido implacable. Se han cerrado medios de comunicación independientes, se intervinieron universidades y se ilegalizaron más de 3.000 organizaciones no gubernamentales, desde grupos feministas hasta asociaciones de caridad. En un hecho que dejó perplejo al mundo, el año pasado el régimen despojó de su nacionalidad a más de 300 opositores y críticos, convirtiéndolos en apátridas de la noche a la mañana y enviando a un grupo de ellos en un avión a Estados Unidos. Imagínese que por criticar al gobierno de turno, a uno le quiten el documento y le digan que ya no es más uruguayo o argentino. Es de no creer.
Asimismo, la situación es tan grave que en febrero de este año, el Parlamento Europeo fue un paso más allá y pidió que se investigue a los altos cargos del gobierno nicaragüense en el Tribunal Penal Internacional por posibles crímenes de lesa humanidad. No es una acusación menor, es el tipo de cargos que enfrentan los peores dictadores de la historia.
Entre la geopolítica y los derechos humanos
En tanto, la defensa del ALBA-TCP parece responder más a una lógica de bloque, a ese principio de “hoy por ti, mañana por mí” entre gobiernos afines, que a un análisis objetivo de la situación. Se envuelven en la bandera del antiimperialismo para evitar condenar las acciones de un aliado, por más indefendibles que parezcan. Es una estrategia que les ha funcionado para consumo interno, pero que se ve cada vez más frágil ante la contundencia de los informes de organismos de derechos humanos.
Al final del día, mientras los comunicados diplomáticos van y vienen, con sus acusaciones de “injerencismo” y “colonialismo”, los que quedan en el medio son los nicaragüenses. Los gurises que no tienen un futuro claro, los periodistas que no pueden informar, los opositores exiliados que no pueden volver a su tierra y las familias que solo quieren llegar a fin de mes en paz. La solidaridad, para ser creíble, debería empezar por ellos. El resto, a menudo, no es más que un discurso para la tribuna.
