Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación, expresó su apoyo al decreto firmado por Abelardo de la Espriella que levanta la suspensión general del porte de armas en Colombia. Sin embargo, subrayó que el impacto de la medida debe evaluarse con cuidado, destacando que cualquier habilitación para portar armas debe estar sujeta a los requisitos legales vigentes. En diálogo con Infobae Colombia, el exfiscal señaló que el Decreto 1368 de 2026 no implica una apertura total al porte, sino una reactivación restringida de un permiso ya existente para casos autorizados.
Afirmó que la decisión del Gobierno no conlleva una liberalización sin controles, como han argumentado sectores de la oposición tras conocerse el anuncio.
El exfiscal insistió en que en Colombia no existe una venta libre de armas, y que el control sobre el acceso a las armas permanece bajo monopolio estatal, a través de Indumil. Esta posición lo separa claramente del modelo norteamericano, donde la comercialización de armas es libre y sin restricciones. 'No, creo que nosotros tenemos nuestro propio modelo', dijo Barbosa, rechazando directamente la idea de que Colombia esté copiando el sistema de Estados Unidos.
Agregó que la diferencia fundamental radica en la estructura legal del acceso al armamento: en EE.UU., hay un mercado abierto para la compra y porte de armas, mientras que en Colombia el Estado mantiene el control sobre el circuito legal de adquisición y autorización. Ese marco jurídico, según Barbosa, permite una tutela institucional que define quién puede acceder a armas y bajo qué condiciones.
El decreto mencionado levantó la suspensión general que había estado vigente desde 2015, cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos implementó una medida que limitaba el porte de armas. Desde su entrada en vigor, se han incautado 15.700 armas ilegales, más de 14.100 de las cuales están vinculadas a delitos. El Ejecutivo argumenta que la suspensión no ha sido efectiva, pues ha permitido el aumento de actividades ilícitas.
Barbosa reiteró que el cambio no representa una desregulación, sino un ajuste dentro de la ley, con una autorización estatal previa que se aplica en el espacio público. Esta medida, como cualquier otra, debe ser sometida a un análisis riguroso sobre su efecto en la sociedad civil y en el orden público. 'La tenencia legal pierde sentido si el ciudadano no puede portar el arma', afirmó, indicando que el acceso al armamento debe estar vinculado a condiciones claras y verificables.
En la noche del viernes, Francisco Barbosa expresó su apoyo al decreto de porte de armas firmado por Abelardo De la Espriella, aunque subrayó que es necesario evaluar su impacto. Para el exfiscal, la coherencia jurídica de la norma es clave. Si una persona adquiere un arma a través de canales autorizados, recibe un permiso de tenencia y cumple con los requisitos legales, impedirle el porte genera una contradicción lógica en el sistema legal.
‘Lo que existe ahora es un porte’, afirmó Barbosa, explicando que ese derecho se basa en que quien cumplió con los filtros legales, obtuvo autorización para poseer la arma y ahora puede portarla. Añadió que no se trata de abrir un derecho general e irrestricto, sino de extender al espacio público una autorización previamente controlada.
El acceso a armas en Colombia no es libre, según Barbosa
‘No tiene ningún sentido que se compre un arma por el Estado, a través de Indumil, se le otorgue un permiso de tenión y luego no se le permita portarla’, señaló el exfiscal para ilustrar la incoherencia que percibe en la norma. De esta forma, se distanció de críticas que han surgido sobre el decreto.
Barbosa describió la decisión de De la Espriella como una ‘extensión’ de la norma existente, enfatizando la relación entre adquisición legal, permiso de tenencia y autorización de porte. Aunque defendió el enfoque general, evitó presentar el decreto como una solución definitiva al mercado ilegal que persiste pese a la prohibición anterior.
El exfiscal insistió en que se deben establecer límites legales y se debe realizar un monitoreo riguroso para evaluar si la medida tiene efectos esperados. ‘Debe tener unos límites y debe estar conforme con la ley’, afirmó, al señalar que el Estado no ha hecho evaluaciones suficientes sobre esta materia.
‘Habría que ver exactamente la aplicación y el resultado que eso tiene con una evaluación de la medida’”, agregó, destacando que las restricciones anteriores tampoco fueron analizadas con precisión. En Colombia, por ejemplo, no se han hecho estudios sobre los efectos de las suspensiones previas, lo que dificulta juzgar si fueron efectivas o no.
Por eso, Barbosa pidió un seguimiento constante del cumplimiento del decreto. ‘Lo que hay que hacer es un monitoreo de la aplicación de ese porte para hacer una evaluación de esa política pública en Colombia’”, indicó, señalando que el debate jurídico no termina con la firma de la norma, sino que comienza cuando se ejecuta.
Finalmente, el exfiscal vinculó la medida al programa de gobierno del actual Ejecutivo, que incluyó este punto como promesa electoral. Afirmó que esa línea política forma parte del mandato del Gobierno, aunque reiteró que los objetivos políticos no sustituyen al análisis jurídico, sino que explican por qué se tomó esa decisión.
En la noche del viernes, Francisco Barbosa explicó que el decreto firmado por Abelardo De la Espriella no permite un libre porte de armas en Colombia. Se trata, según él, de una medida que vuelve a autorizar el porte en situaciones específicas y con autorización previa. Diferenció claramente entre un sistema condicionado y una apertura general. Finalmente, señaló que 'habrá que ver si tiene la eficacia que el Gobierno quiere'.
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