El Gobierno de Israel anunció este martes el cierre del consulado Británico en Jerusalén y sancionó a doce políticos del Reino Unido, incluyendo al ex líder Laborista Jeremy Corbyn, por el veto que Londres impuso al comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania, territorio ocupado. La medida forma parte de una respuesta directa al bloqueo comercial anunciado por el gobierno Británico, que calificó como 'moralmente retorcida' y 'una injerencia flagrante' en asuntos internos de Israel, especialmente dado que las elecciones legislativas israelíes se celebrarán este octubre.
Gideon Saar, ministro de Exteriores de Israel, confirmó también la expulsión de Reino Unido del Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC), órgano que supervisa el alto el fuego en la Franja de Gaza desde octubre de 2.025. Esta acción ya se había aplicado previamente a España y Países Bajos. Saar acusó al gobierno Británico de haber actuado sistemáticamente en contra del Estado de Israel, destacando que la decisión fue tomada justo antes de los días más sagrados del calendario judío, con el objetivo de presionar al Partido Laborista durante su Congreso mensual.
Israel amplía sanciones a líderes británicos por bloqueo comercial en asentamientos
Además, se prohibió a doce políticos británicos y a otros ciudadanos ingresar al país, por participar en actividades que Israel califica como antisemitas o antiisraelíes, así como por negar la existencia del Estado de Israel. El ministro también anunció el fin del programa de entrenamiento de las fuerzas de la Autoridad Palestina en Judea y Samaria, bajo el nombre del 'Equipo de Apoyo Británico en Ramala'.
En respuesta a esta serie de medidas, Ed Miliband, el homólogo Británico, señaló que Reino Unido adoptará sanciones contra un grupo de colonos extremistas vinculados a violencias contra comunidades palestinas y ampliará las acciones por violaciones de Derechos Humanos para frenar la expansión de los asentamientos. Las medidas británicas se coordinan con Francia y Canadá, que también prohibirán la importación de productos provenientes de asentamientos ilegales.
Londres afirma que ya se suman a Países Bajos, Irlanda, Bélgica, España y Noruega, que han adoptado o iniciado el proceso para vetar el comercio con los territorios ocupados.





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