El conflicto en el Río de la Plata escala a niveles judiciales. La empresa Colonia Express advirtió que llevará a la Justicia al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y a la Administración Nacional de Puertos (ANP) si no se le garantiza la infraestructura necesaria para operar su nueva ruta entre Montevideo y Buenos Aires.
A pesar de haber conseguido la autorización oficial a mediados de año para operar su catamarán con capacidad para 600 pasajeros, la firma no puede iniciar sus frecuencias diarias debido a que carece de un pontón para el ascenso y descenso de vehículos. El único artefacto disponible en el puerto capitalino es propiedad de su competidor, Buquebus.
Desde la naviera cuestionan que la ANP cobre una tasa portuaria por cada vehículo sin brindar la infraestructura propia, mientras que la empresa de Juan Carlos López Mena defiende su posición acusando a su rival de competencia desleal y de utilizar una flota basada en combustibles fósiles.
Ante la falta de respuestas a la solicitud de horarios presentada a mediados de agosto, la directiva de Colonia Express prepara una medida cautelar y un recurso de amparo para forzar una solución antes de que comience la temporada de verano.
Contexto regional o comparativo
El mercado de transporte fluvial de pasajeros en el Cono Sur ha estado históricamente marcado por disputas en torno a la libre competencia y el acceso a la infraestructura portuaria estratégica. En América Latina, la colisión entre operadores privados y las regulaciones estatales sobre terminales concesionadas genera recurrentes tensiones legales, donde los nuevos entrantes denuncian barreras de entrada y monopolios de hecho frente a empresas consolidadas.
Declaraciones oficiales o fuentes verificables
El director de Colonia Express, Sebastián Planas, fue categórico en diálogo con medios locales al apuntar contra las autoridades estatales: “Es su obligación que en el puerto haya un lugar o hacerme un lugar”, y sentenció sobre la vía legal: “Si no avanza este tema, estamos trabajando para pedir una medida judicial. Vamos a ir a la Justicia”. Asimismo, Planas criticó el rol de la ANP: “Para embarcar un vehículo, tiene que valerse de la infraestructura de un privado, pero cobra una tasa de embarque como si la infraestructura fuera propia”. Por su parte, la contraparte nucleada en torno a Buquebus calificó las pretensiones de su competidor como “competencia desleal” y defendió sus inversiones ecológicas en la terminal fluvial.
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