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Cuarenta niños baleados en seis meses desnudan el fracaso total de la seguridad

Más de cuarenta menores fueron baleados y quince asesinados en el primer semestre de 2026, evidenciando la inacción total del gobierno ante la violencia.

Plaza Independencia en Montevideo bajo un cielo nublado
La creciente ola de violencia armada infantil expone la falta de respuestas del Estado.

Los registros recopilados por la organización civil Plataforma de Infancias y Adolescencias revelaron que más de cuarenta niños y adolescentes sufrieron heridas de bala y quince menores fueron asesinados en Uruguay durante el primer semestre de 2026. Las cifras reflejan una crisis de violencia extrema que golpea a los sectores más vulnerables de la población bajo la pasividad de las autoridades nacionales.

El monitoreo detalla que los casos escalaron desde los dieciocho menores baleados reportados en abril hasta alcanzar los veintisiete a finales de julio, cerrando el período con más de cuarenta víctimas heridas por armas de fuego. Este incremento equivale a una frecuencia alarmante de muertes vinculadas directamente al accionar criminal en las distintas zonas del territorio nacional.

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Saldos fatales y episodios de extrema gravedad

Dentro de los hechos de sangre más graves registrados durante los primeros seis meses del año se destaca el tiroteo ocurrido en julio en las canteras del Parque Rodó. En aquel episodio vinculado a picadas clandestinas, un niño de doce años perdió la vida y un adolescente de catorce resultó hospitalizado con graves heridas de bala.

Los homicidios de menores de edad alcanzaron los quince casos en el mismo lapso, lo que representa un promedio trágico de dos muertes infantiles por mes provocadas por la delincuencia armada. Esta situación pone en evidencia el impacto devastador de la criminalidad sin control que afecta al país.

Patrullero en el lugar donde un hombre baleó a un niño de 11 años en la pierna

Inacción oficial y polémicas políticas

Mientras la violencia armada continúa cobrándose la vida de menores y dejando decenas de heridos, la respuesta desde las altas esferas del Poder Ejecutivo se ha caracterizado por la inercia. Las autoridades gubernamentales permanecen cruzadas de brazos frente a una crisis de seguridad que desborda los mecanismos de prevención y control.

En paralelo, las prioridades de los jerarcas del Ministerio del Interior quedan al descubierto en medio de polémicas institucionales. Lejos de gestionar soluciones urgentes para frenar la ola de criminalidad, desde la propia cartera se han destinado esfuerzos a cuestionar la memoria del ex ministro Jorge Larrañaga atribuyéndole responsabilidades por situaciones internas de la policía, profundizando el desgobierno y la falta de respuestas efectivas para la ciudadanía.

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