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Tatiana Marset dejó la cárcel de Palmasola en Bolivia y pasó a arresto domiciliario

Sede del tribunal que otorgó en la causa Tatiana Marset arresto domiciliario Bolivia la medida procesal

La situación procesal de la familia del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset volvió a registrar un giro decisivo en los estrados judiciales del continente. Según confirmaron fuentes del sistema penitenciario y la defensa técnica a Uruguay al Día, la concesión para Tatiana Marset arresto domiciliario Bolivia es el nuevo escenario que enfrenta la acusada tras abandonar el centro de reclusión de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, donde permanecía privada de libertad desde hacía cinco meses.

La salida del recinto carcelario se materializó en la noche del miércoles tras semanas de incertidumbre y disputas administrativas sobre los protocolos de seguridad. Si bien la orden judicial que disponía la atenuación de la medida de contención física había sido dictada casi un mes atrás por el juzgado competente, la concreción del traslado se dilató a raíz de severas dificultades operativas para dar cumplimiento a las exigencias planteadas por la autoridad jurisdiccional.

Tatiana Marset arresto domiciliario Bolivia

El factor determinante que mantenía frenado el traslado residía en la asignación de los efectivos de la Policía Boliviana para garantizar la custodia en el lugar de residencia asignado. Según explicó la abogada defensora, Mónica Terrazas, la representación legal había presentado con la debida antelación la totalidad de la documentación requerida por el magistrado. No obstante, las autoridades penitenciarias manifestaron objeciones operativas para comisionar al personal que debía asumir la escolta.

La exigencia judicial estipulaba el despliegue de una guardia policial permanente con especial énfasis en el tramo comprendido entre las 20:00 y las 06:00 horas, intervalo en el que la indagada debe permanecer de manera obligatoria en el inmueble fijado. La encrucijada institucional se resolvió finalmente en las últimas horas del miércoles, permitiendo que la mujer dejara la cárcel a bordo de un vehículo particular y en estricto silencio mediático.

De acuerdo con lo informado por medios locales, la imputada fijó su residencia provisional en la vivienda particular de una de sus abogadas en el casco urbano cruceño. En ese ámbito, y con el permiso expreso del tribunal, prevé retomar de forma remota sus estudios universitarios en la carrera de Derecho, al tiempo que continúa sujeta al trámite del proceso penal instaurado en su contra por el Ministerio Público.

Los cargos que enfrenta la imputada y la situación familiar

La captura de la hermana del capo narco se remonta a las primeras horas del 13 de marzo de 2026. En aquella oportunidad, las fuerzas combinadas de seguridad de Bolivia llevaron adelante un vasto operativo en el exclusivo barrio Las Palmas que derivó en la captura de Sebastián Marset. En el mismo procedimiento, la mujer fue puesta a disposición de las autoridades judiciales al presumirse su vinculación con la logística de la organización.

La Fiscalía General del Estado le imputó formalmente la presunta comisión de los delitos de asociación delictuosa y tráfico o portación ilegal de armas de fuego. Los investigadores sostienen que la acusada no se limitaba a un rol periférico, sino que habría colaborado en la estructura de apoyo de la red criminal. Por su parte, la imputada rechazó enfáticamente las acusaciones durante sus declaraciones indagatorias, manifestando que su presencia en suelo boliviano obedecía estrictamente a una visita familiar circunstancial.

Mientras este proceso en suelo boliviano sigue su curso bajo el régimen cautelar otorgado, el escenario legal de su hermano transcurre en otro hemisferio.El presunto líder criminal fue expulsado de territorio boliviano tras su captura y entregado a agentes federales de la Administración para el Control de Drogas (DEA). Actualmente, se encuentra recluido en un penal de máxima seguridad en el estado de Virginia, Estados Unidos, donde se declaró «no culpable» de los cargos de conspiración para el narcotráfico y lavado de dinero.

Su juicio oral está agendado para enero de 2027, al tiempo que sobre su figura pesa un pedido de extradición de Paraguay como presunto autor intelectual del homicidio del fiscal antimafia Marcelo Pecci, perpetrado en Colombia en mayo de 2022.

Las repercusiones de las medidas cautelares en el crimen organizado

El otorgamiento de la moratoria de prisión en procesos vinculados a redes de crimen organizado y narcotráfico transnacional suele generar intensos debates en el foro penal sudamericano. La concesión de este tipo de atenuaciones procesales responde a criterios estrictamente técnicos, en los que los magistrados ponderan variables como el arraigo, la ausencia de riesgo comprobado de fuga, el entorpecimiento probatorio y el estado de la instrucción previa.

En este caso particular, la Justicia boliviana consideró que la imposición de una fianza real combinada con el confinamiento nocturno, la entrega de documentos de viaje y la custodia policial de la fuerza pública resulta suficiente para mitigar los riesgos procesales mientras se completa la etapa preparatoria del juicio. La fiscalía, en tanto, continuará con la recolección de elementos de convicción y el peritaje de los dispositivos electrónicos incautados durante el allanamiento de marzo.

El seguimiento de esta causa se mantiene en el centro de la atención de los organismos de inteligencia regionales, dado que las derivaciones del caso Marset han salpicado a estructuras políticas, judiciales y policiales en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Colombia. Las autoridades no descartan que en los próximos meses surjan nuevas citaciones indagatorias a medida que avance la extracción de datos de las evidencias obtenidas en la residencia de Santa Cruz de la Sierra.

El impacto en la opinión pública y el rol penitenciario

La salida de la reclusa de Palmasola volvió a poner bajo la lupa la capacidad de respuesta y la logística de la Dirección General de Régimen Penitenciario de Bolivia. El retraso de casi un mes en la ejecución de una orden judicial firme expuso las tensiones existentes entre el Poder Judicial y los mandos policiales encargados de la custodia de reclusos de alto perfil.

Por otro lado, la defensa jurídica ha remarcado en reiteradas oportunidades que el principio de presunción de inocencia debe primar a lo largo del proceso penal, evitando que la prisión preventiva se convierta en una pena anticipada motivada únicamente por el vínculo familiar. Las próximas semanas serán decisivas para determinar si el Ministerio Público presenta acusación formal o si se solicita el archivo de las actuaciones.

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