Fiscalía ordena el arresto de Evo Morales en el marco de una escalada procesal que busca dirimir las responsabilidades penales detrás del violento estrangulamiento vial que sufrió la nación andina durante casi dos meses. El dictamen expedido por los fiscales de Santa Cruz vuelve a poner en el centro del debate la figura del exjefe de Estado, cuya estrategia de sostener la presión en las calles con fines de figuración política derivó en una parálisis económica devastadora y la pérdida irreparable de vidas humanas.
La acción del Ministerio Público responde a la denuncia formulada formalmente por el Comité pro Santa Cruz, representado por su titular Stello Cochamanidis Garcés, escrito al que posteriormente se sumó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo Huerta. La investigación fiscal sostiene que el exgobernante instruyó de manera deliberada el corte sistemático de las principales arterias viales, desatendiendo el impacto directo sobre el abastecimiento de insumos básicos y servicios de urgencia para la población.
El expediente judicial imputa a Morales seis tipos penales de alta gravedad: alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. Las penas acumuladas por estos ilícitos representan la mayor amenaza procesal para el político desde su salida del poder.
Los motivos de la resolución donde la Fiscalía ordena el arresto de Evo Morales
La fundamentación de las autoridades judiciales descansa sobre el saldo destructivo generado por las movilizaciones ejecutadas entre mayo y junio. De acuerdo con las pericias y los informes presentados ante la sede fiscal, las acciones promovidas por la dirigencia leal a Morales cortaron el tránsito de alimentos, combustible y medicamentos dirigidos a centros urbanos estratégicos como La Paz y El Alto.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia documentó que las protestas dejaron un trágico saldo de 22 personas muertas, 88 heridos y más de 570 detenidos. El reporte oficial revela que la mayoría de los fallecimientos ocurrieron en siniestros viales producidos en el intento de sortear las barricadas, mientras que otros ciudadanos perdieron la vida en enfrentamientos o por la imposibilidad material de ser trasladados a centros hospitalarios debido al cerco sobre las carreteras.
Frente a la contundencia del requerimiento, el vocero del Poder Ejecutivo, José Luis Gálvez, desestimó la narrativa de interferencia gubernamental esgrimida por la defensa del acusado, recordando que la orden emana de un órgano judicial independiente ante declaraciones donde el propio exmandatario se atribuyó la conducción de las medidas de fuerza.
El atrincheramiento en el Chapare y los antecedentes judiciales
Esta nueva orden de captura se suma a la causa abierta desde 2024 contra el exdirigente por los delitos de trata y tráfico de personas. Aquel proceso, derivado de la supuesta relación violatoria que el exjefe de Estado mantuvo con una menor de edad durante su mandato en 2015, se encuentra paralizado debido a la rebeldía del imputado y su negativa a comparecer ante los tribunales correspondientes.
Para eludir el accionar de la fuerza pública, Morales permanece parapetado desde hace más de dos años en la zona cocalera del Chapare, en el departamento de Cochabamba. Dirigentes sindicales afines admitieron que el exmandatario se encuentra resguardado las 24 horas del día por un contingente permanente de aproximadamente 2.000 personas, configurando un cerco humano que impide la ejecución formal de las notificaciones e infracciona la potestad cautelar del Estado.
El Ejecutivo nacional ratificó que evita el ingreso de las fuerzas de seguridad a la zona de repliegue para no poner en riesgo vidas humanas, ante la disposición de las bases cocaleras de confrontar violentamente con la policía para mantener la impunidad de su líder.
Las repercusiones de la decisión por la cual la Fiscalía en Bolivia ordena el arresto de Evo Morales
La respuesta del expresidente ante la notificación judicial consistió en rechazar los cargos a través de sus canales oficiales, tildando las actuaciones de la Fiscalía como una persecución impulsada por la administración de Rodrigo Paz. El exlíder adujo que las movilizaciones constituyen una herramienta histórica de resistencia social frente a la inflación y la crisis de combustible que atraviesa el país.
No obstante, las actuaciones continuarán su curso formal dentro de los plazos procesales previstos por la normativa boliviana. La Fiscalía Departamental de Santa Cruz prevé avanzar en la recolección de pruebas testificales y periciales para consolidar la acusación por terrorismo, independientemente de la resistencia del imputado a ser trasladado a la sede judicial.
El caso marca un hito crítico en la política boliviana al someter a escrutinio penal la práctica del bloqueo de carreteras como mecanismo de coerción, en un escenario donde la efectividad de la orden judicial dependerá de la capacidad de las instituciones para hacer cumplir la ley en todo el territorio nacional.
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