Una serie de revelaciones sobre la presencia de cemento en mal estado en infraestructuras de Montevideo y del interior de Uruguay reabrió un intenso debate sobre los controles de calidad en la industria de la construcción.
Yanira Almeida, hermana del empresario hormigonero Mauro Almeida, sostuvo públicamente que la firma familiar detectó graves anomalías en el clínker utilizado como materia prima, situación comprobada mediante análisis de laboratorio en Uruguay y Argentina tras el colapso de un puente en la ruta 5. Según la denunciante, las advertencias formales presentadas ante el entonces intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y el fiscal Gustavo Sasi no derivaron en acciones preventivas, al tiempo que denunció la manipulación y vaciado de evidencia entregada a la Justicia.
Las causas que salpicaron la alerta sobre el cemento en mal estado
La controversia vinculada a la distribución de cemento en mal estado proviene de las declaraciones formuladas por Yanira Almeida, quien detalló el origen de las sospechas que recaen sobre la calidad de los materiales empleados en obras públicas y privadas. De acuerdo con su testimonio, la inquietud surgió a partir de un incidente estructural registrado en un puente de la ruta 5, evento que motivó a la hormigonera de su familia a encargar peritajes técnicos simultáneos en laboratorios de Uruguay y Argentina.
Los estudios concluyeron que el clínker, elemento fundamental en la elaboración del hormigón, presentaba una degradación significativa producto de un almacenamiento inadecuado. Los técnicos determinaron que la materia prima requería permanecer bajo superficies cubiertas para evitar la exposición a la humedad y a los factores climáticos, condición que presuntamente fue omitida por los distribuidores.
A partir de estos hallazgos, el empresario Mauro Almeida entabló contactos con técnicos químicos y trabajadores del proceso de producción, quienes confirmaron la alteración del insumo. La empresa formuló entonces advertencias sobre los eventuales riesgos de colapso en edificaciones recientes, trasladando la inquietud tanto a la esfera política como al ámbito empresarial.
Las reuniones con la Intendencia y la inacción denunciada
Según el relato expuesto por Yanira Almeida, su hermano solicitó una audiencia con Yamandú Orsi mientras este se desempeñaba como intendente del departamento de Canelones, jurisdicción donde operaba la planta industrial de la hormigonera. En dicho encuentro, el empresario expuso la documentación técnica que advertía sobre los peligros del material defectuoso en la región.
No obstante, la denunciante sostuvo que la respuesta de la administración comunal fue inexistente y que no se dispusieron inspecciones ni auditorías sobre las obras en desarrollo. La inacción se habría repetido cuando la firma intentó alertar a otras empresas competidoras del sector de la construcción, desde donde, según la testigo, recibieron exigencias de mantener reservas sobre el tema.
El conflicto comercial también involucró disputas por la innovación tecnológica. La empresa de Almeida había desarrollado un aditivo de origen vegetal que optimizaba los costos de producción con márgenes de rentabilidad elevados, situación que provocó roces con competidores del mercado químico y de la provisión de hormigón elaborado.
Las gestiones ante la Fiscalía y la pérdida de evidencias
El tramo de mayor gravedad en las declaraciones refiere a la actuación del fiscal Gustavo Sasi, a quien Yanira Almeida acudió en dos oportunidades para formalizar la presentación de las pruebas. Durante el primer contacto, el representante del Ministerio Público habría manifestado su disposición a instruir una investigación profunda sobre el caso.
Sin embargo, la denunciante afirmó que la postura fiscal cambió radicalmente en la segunda reunión, una vez que se mencionó que el expediente y los antecedentes ya habían sido puestos en conocimiento de la Intendencia de Canelones meses atrás. Según el testimonio de Almeida, el magistrado condicionó cualquier intervención de oficio a la ocurrencia efectiva de un siniestro estructural en alguna edificación.
A esta situación se sumó la denuncia sobre la custodia de los elementos probatorios. Almeida sostuvo que, tras solicitar la devolución de un dispositivo pendrive entregado formalmente en la sede fiscal —el cual contenía testimonios grabados y declaraciones de testigos directos—, el soporte informático fue restituido completamente vacío. La denunciante afirmó no contar con respaldos de dicho material.
Las revelaciones de Yanira Almeida no han recibido hasta la fecha confirmación judicial independiente ni han sido contrastadas en el fuero penal. En tanto, la empresa hormigonera, que alcanzaba una facturación cercana a los 16 millones de dólares anuales y mantenía contratos vigentes hasta 2028, cesó sus actividades comerciales, dejando sin empleo a una plantilla de 90 trabajadores.
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