Las picadas ilegales en el Parque Rodó han dejado al descubierto un entramado de desidia administrativa, descontrol vial y violencia criminal desbordada en uno de los puntos turísticos y recreativos más emblemáticos de Montevideo. Lo que durante años se denunció como un trastorno sistemático para la convivencia vecinal y una infracción impune a las normas básicas de tránsito terminó convirtiéndose en el escenario sangriento de un homicidio infantil. El pasado viernes, en medio de una concentración clandestina que reunió a más de 200 vehículos en las inmediaciones de las canteras del Parque Rodó, un ataque a balazos ejecutado por sicarios se cobró la vida de un niño de 12 años, abriendo una grieta política e institucional de proporciones considerables.
Este lunes 27 de julio de 2026, la alcaldesa del Municipio CH, Matilde Antía, apuntó directamente contra la gestión de la Intendencia de Montevideo (IMM). En declaraciones públicas al programa Arriba Gente de Canal 10, la funcionaria sostuvo con firmeza que la comuna capitalina contaba con información detallada y sistemática sobre la realización de estas juntadas ilegales durante las noches de los jueves y viernes, y que, a pesar de las constantes quejas de los residentes de la zona, omitió desplegar operativos de fiscalización preventiva. La inacción del aparato inspectivo comunal permitió que la impunidad se naturalizara semana tras semana en las canteras, transformando un espacio público en un territorio sin ley.
El reclamo de Antía expuso la falta de articulación entre los organismos competentes para abordar la problemática de las competencias clandestinas. Mientras la fiscalización del tránsito y el control del espacio público corresponden por mandato constitucional a la Intendencia de Montevideo, la preservación del orden público y la prevención de delitos recaen sobre la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Sin embargo, la ausencia de operativos coordinados generó un vacío de autoridad que fue aprovechado tanto por los amantes de la velocidad al margen de la ley como por estructuras vinculadas al crimen organizado.
La inacción municipal ante estas convocatorias masivas no solo erosionó la calidad de vida de los vecinos de los barrios Parque Rodó, Pocitos y Punta Carretas, sino que alimentó un escenario de vulnerabilidad extrema. Las denuncias de los residentes por ruidos molestos, picadas a altas velocidades y consumo desmedido de alcohol en la vía pública fueron archivadas o ignoradas en la práctica burocrática, hasta que el cruce de disparos entre bandas delictivas transformó las carreras ilegales en una escena del crimen a cielo abierto.
Del descontrol vial al horror del crimen organizado en las canteras
Las picadas ilegales en el Parque Rodó no representan un fenómeno aislado en la geografía urbana de Montevideo. De acuerdo con el análisis de la alcaldesa Matilde Antía, el problema de las carreras clandestinas ha migrado históricamente por distintos puntos de la costa capitalina sin que las autoridades locales hayan estructurado una respuesta integral y definitiva. Años atrás, el epicentro del descontrol vial se concentraba en la zona de Kibón, en Pocitos. En aquel momento, la presión social y el cansancio de los vecinos obligaron a la comuna a ejecutar obras físicas, como el cierre nocturno de calles y la colocación de canalizadores, lo que logró disuadir temporalmente las aglomeraciones.
No obstante, al no existir un plan de fiscalización continuo ni sanciones efectivas para los infractores, las juntadas nocturnas simplemente se desplazaron unos kilómetros hacia el oeste, instalándose de forma permanente en las canteras del Parque Rodó, así como en tramos asfaltados de las avenidas Luis Alberto de Herrera, José Batlle y Ordóñez (Propios) y la propia Rambla Sur. En estos puntos, cientos de motociclistas y conductores de automóviles modificados se apoderaron del espacio público, realizando maniobras temerarias, subiéndose a las aceras peatonalizadas y alcanzando velocidades superiores a los 80 kilómetros por hora a escasos metros de transeúntes y zonas residenciales.
La gravedad del cuadro vial quedó plasmada en registros en vídeo aportados por los propios vecinos, en los que se observa cómo la masa de vehículos circulaba por veredas y avenidas sin ningún tipo de casco, matrícula o iluminación reglamentaria, exponiendo a peatones y conductores a tragedias cotidianas. Pese a que las pruebas audiovisuales proliferaban en redes sociales y eran remitidas de manera periódica a las oficinas del centro de gestión del tránsito de la Intendencia, las inspecciones de la división Tránsito se caracterizaron por su ausencia sistemática durante los horarios de mayor concurrencia.
Esta permisividad institucional derivó en la infiltración directa del crimen organizado en las concentraciones nocturnas. Las canteras del Parque Rodó dejaron de ser únicamente un punto de encuentro para entusiastas del motor e integrantes de subculturas urbanas, convirtiéndose en una zona de exhibición, consumo de drogas y marcado de territorio por parte de jóvenes vinculados a bandas narco de la periferia montevideana. La aglomeración masiva y la falta absoluta de presencia policial y municipal crearon la cobertura perfecta para que grupos antagónicos dirimieran sus disputas en pleno corazón de la ciudad.
El detonante trágico: la masacre de El Monarca y la sangrienta vendetta en el Parque Rodó
La noche del pasado viernes, las consecuencias de esta omisión estatal alcanzaron su punto más oscuro y trágico. Mientras más de 200 vehículos se encontraban estacionados y compitiendo en la zona de las canteras, un automóvil irrumpió en el lugar con varios ocupantes armados a bordo. Según las reconstrucciones de los investigadores del Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Montevideo, los atacantes realizaron múltiples pasadas previas por el predio para identificar la posición exacta de sus objetivos.
Una vez localizadas las personas a las que buscaban, los sicarios abrieron fuego de manera indiscriminada contra el grupo, desatando una estampida caótica entre los cientos de jóvenes presentes. El tiroteo se cobró la vida de un niño de 12 años, identificado por fuentes policiales como el hijo de uno de los referentes de la banda criminal conocida como Los Puglia, radicada en la zona metropolitana. A pesar de los intentos de traslado de urgencia a un centro asistencial, el menor falleció poco después debido a la gravedad de los impactos recibidos en el torso.
La investigación policial ubica este homicidio en el contexto de una brutal disputa entre facciones delictivas bajo la lógica incivilizada de «hijo por hijo». El ataque en las canteras ocurrió exactamente dos semanas después de la conmoción generada por el quíntuple homicidio del barrio El Monarca, registrado el pasado 10 de julio de 2026. En aquella masacre en el noreste de Montevideo, tres hijos de una integrante clave de la familia rival conocida como Los Suárez fueron acribillados a balazos junto a otras dos personas en el interior de una vivienda.
Para el equipo de investigadores del Ministerio del Interior, la principal hipótesis sostiene que allegados y sicarios al servicio de Los Suárez planificaron una sangrienta represalia contra el entorno de Los Puglia. La información de inteligencia indica que los atacantes que irrumpieron en el Parque Rodó pretendían ejecutar a cinco personas para «equiparar» el número de bajas sufridas en El Monarca. Si bien la balacera no alcanzó la cifra proyectada por los sicarios, la muerte del niño de 12 años confirmó que la guerra entre bandas delictivas ha traspasado los límites territoriales de la periferia para instalarse en zonas céntricas de la capital gracias al descontrol del espacio público.
La inacción municipal sobre las picadas ilegales en el Parque Rodó desata el choque político
Las repercusiones del tiroteo durante las picadas ilegales en el Parque Rodó no se limitaron al ámbito policial y judicial, provocando de inmediato una dura confrontación en el terreno político e institucional. Las declaraciones de la alcaldesa Matilde Antía responsabilizando a la Intendencia de Montevideo por su pasividad fiscalizadora encontraron el respaldo de diversos dirigentes de la oposición departamental, entre ellos el exsenador y precandidato Martín Lema, quien cuestionó duramente a las autoridades de la comuna y a referentes del oficialismo departamental como el senador Mario Bergara por «minimizar» el fenómeno de las picadas y los «enormes problemas de convivencia» que afectan a la ciudad.
Desde la perspectiva de la oposición, la resistencia de la Intendencia a fiscalizar las concentraciones nocturnas en la costa constituye una falta grave a los deberes del funcionario público. Los críticos remarcan que la comuna cuenta con recursos tecnológicos avanzados, incluyendo el Centro de Gestión del Tránsito, cámaras de videovigilancia y un cuerpo de inspectores que no fue desplegado estratégicamente durante las noches de fin de semana en las canteras del Parque Rodó. La negativa a implementar operativos de alcoholemia, espirometría y control de documentación en el lugar dejó desprotegida a la ciudadanía ante el avance de maniobras delictivas.
Por su parte, voceros de la Intendencia de Montevideo y sectores defensores de la gestión comunal argumentaron que la fiscalización de eventos masivos donde se presume la presencia de personas armadas excede las competencias y capacidades de los inspectores de tránsito no armados. Según la postura del gobierno departamental, abordar reuniones de más de 200 personas con perfiles de alta peligrosidad requiere necesariamente la intervención primaria y el despliegue de la fuerza pública a cargo del Ministerio del Interior, ya que enviar inspectores municipales en esas condiciones pondría en riesgo la integridad física del personal de la comuna.
Este cruce de acusaciones refleja una peligrosa parálisis institucional en la que las administraciones se trasfieren la responsabilidad mutuamente, dejando a los vecinos atrapados en medio del descontrol. La falta de operativos conjuntos entre la Dirección de Tránsito de la IMM y la Jefatura de Policía de Montevideo impidió desarticular un fenómeno cuya peligrosidad era plenamente conocida y documentada por ambas partes con anterioridad al fatal desenlace del viernes.
Medidas urgentes y el incierto panorama de la seguridad en Montevideo
Tras la tragedia, la fiscalía especializada en Homicidios y las brigadas policiales intensifican el análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en los accesos al Parque Rodó, Ramírez y la zona de la rambla para lograr la identificación del vehículo utilizado por los sicarios y determinar la identidad de los autores materiales del crimen. Sin embargo, hasta la fecha no existen personas imputadas por el tiroteo en las canteras ni detenidos en relación con la masacre de El Monarca, lo que mantiene en un estado de máxima alerta a los organismos de inteligencia de la Policía Nacional.
El temor a nuevos episodios de violencia retributiva entre Los Puglia y Los Suárez ha llevado a las autoridades de la Jefatura de Policía de Montevideo a reforzar el patrullaje preventivo en las zonas periféricas del noreste de la ciudad y en los puntos neurálgicos de la costa donde habitualmente se convocaban los fanáticos de las picadas. Asimismo, la presión social y mediática forzará en los próximos días la instalación de mesas de trabajo de emergencia entre el Ministerio del Interior y las autoridades de la Intendencia de Montevideo para coordinar operativos de interceptación de vehículos, controles de espirometría y clausura de accesos a las canteras durante la madrugada.
El trágico costo en vidas humanas ha demostrado de la manera más dolorosa que la permisividad ante contravenciones menores de tránsito y la falta de control sobre el uso del espacio público crean el caldo de cultivo ideal para el asentamiento de la criminalidad violenta. Las picadas clandestinas dejaron de ser un problema de ruidos molestos para convertirse en un problema de seguridad nacional que demanda respuestas contundentes, coordinación interinstitucional y el fin de la inacción administrativa que costó la vida de un menor de edad.
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