El proyecto de Rendición de Cuentas presentado por el gobierno atraviesa un periodo de escrutinio técnico que pone en evidencia la fragilidad de las proyecciones oficiales. Más allá del debate político local, la calificadora de riesgo Moody’s publicó un informe reciente donde cuestiona la viabilidad de la trayectoria fiscal planteada por el Ejecutivo. La agencia sostiene que el panorama de crecimiento económico es más débil de lo previsto, lo que eleva la presión sobre la gestión de la deuda y la eficiencia del gasto público.
Según informó el semanario Búsqueda, este análisis coincide con las preocupaciones manifestadas por otros organismos técnicos, como el Consejo Fiscal Autónomo. El punto central de la crítica reside en el desajuste entre los ingresos proyectados y la realidad macroeconómica. A pesar de ajustar a la baja la estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 —del 2,6% al 1,6%—, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) decidió mantener inalterada su hoja de ruta fiscal hasta 2030. Esta decisión, lejos de generar tranquilidad, parece depender de una disciplina en el gasto que, a ojos de Moody’s, se vuelve cada vez más difícil de garantizar.
La insostenibilidad de las metas en la Rendición de Cuentas
La agencia de calificación advierte que la senda de consolidación trazada por el gobierno resulta insuficiente para lograr una estabilización de la deuda bruta. De acuerdo con las proyecciones, esta superará el 65% del PIB para el año 2030, partiendo de un 59,8% en 2025. Aunque el gobierno defiende que estos números se ajustan a su propia regla fiscal, el problema de fondo es la rigidez del gasto público.
El 86% del gasto primario está comprometido en áreas de difícil ajuste: salarios indexados, pensiones y transferencias sociales. Esto deja al Estado con un margen de maniobra estrecho para enfrentar cualquier imprevisto financiero. La falta de flexibilidad para recortar gastos operativos ante situaciones inesperadas incrementa las vulnerabilidades estructurales del país, especialmente en un contexto donde la carga de la deuda sigue en ascenso.
La apuesta a medidas administrativas
Para compensar la caída en los ingresos, el MEF confía en un «paquete» de medidas a cinco años que apunta a recaudar 1,5 puntos porcentuales del PIB. Sin embargo, Moody’s señala que esta estrategia es, en el mejor de los casos, optimista. El plan se apoya en ganancias de eficiencia administrativa y en cambios tributarios que dependen de factores externos, como la coordinación fiscal internacional.
El informe destaca que, si bien este enfoque evita subir las tasas impositivas y protege la competitividad, genera una incertidumbre significativa sobre la recaudación real. La historia muestra que las ganancias por eficiencia administrativa suelen materializarse con lentitud, lo que traslada el peso de la consolidación fiscal exclusivamente hacia un recorte del gasto que, por el momento, no ha dado pruebas de ser sostenible.
Gastos estructurales y presión sobre el sistema previsional
Por el lado del egreso, los niveles se mantendrán estructuralmente altos durante los próximos años, moviéndose entre el 31% y el 32% del PIB. Este nivel se sostiene por un mayor gasto en transferencias sociales y el costo elevado de las pensiones, que ronda el 10% del PIB. Además, se observa una intención de incrementar el gasto de capital, lo que añade presión sobre una caja estatal que ya luce comprometida.
Un punto adicional de preocupación es la reciente discusión sobre la jubilación anticipada. La posibilidad de habilitar el retiro a los 60 años, según se ha planteado en diversos diálogos sociales, podría añadir más carga a un sistema que ya se encuentra al límite. Aunque el Banco de Previsión Social (BPS) estima que el costo sería bajo a corto plazo, Moody’s advierte que el diseño final de estas políticas será determinante para la estabilidad futura de las arcas públicas.
El escenario planteado por los analistas internacionales sugiere que el Ejecutivo deberá replantear sus expectativas. La confianza en medidas que aún no han demostrado resultados efectivos y la rigidez de un gasto público que no cede, conforman un cuadro que exige una gestión mucho más prudente de los recursos públicos si se pretende evitar una desviación fiscal en 2027.
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¿Qué cuestiona Moody’s sobre la Rendición de Cuentas? La agencia advierte que las proyecciones de crecimiento son demasiado optimistas y cuestiona si el plan de ingresos del gobierno será suficiente para estabilizar la deuda pública hacia 2030.
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¿Por qué el gasto público es un problema para la calificadora? El 86% del gasto primario es rígido (pensiones, salarios y transferencias), lo que limita la capacidad del gobierno para recortar gastos en caso de shocks económicos.
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¿En qué se basa el «paquete de ingresos» del gobierno? Se apoya en ganancias de eficiencia administrativa, cambios en la tributación de dividendos y una mayor localización fiscal, medidas que Moody’s considera lentas y poco predecibles.
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¿Cuál es la proyección de deuda pública? Moody’s estima que la deuda bruta del gobierno superará el 65% del PIB para el año 2030, manteniendo una trayectoria que genera dudas sobre su sostenibilidad.
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¿Qué papel juega el sistema previsional? El gasto en pensiones representa el 10% del PIB. La posible apertura a jubilaciones anticipadas genera riesgos de mayor gasto, lo que impacta directamente en las cuentas fiscales.
