Cuando Gustavo González Amilivia dice que cambiar la forma en que muchos uruguayos entienden sus obligaciones impositivas “siempre va a ser impertinente”, no miente. Lo que no explica es por qué la DGI nueva estrategia 2029 llega justo ahora, con qué herramientas y si realmente se trata de una nueva cultura o de una forma más sofisticada de cobrar más.
La Dirección General Impositiva presenta este plan aprobado el 2 de julio como una ruptura con el pasado: se acabó el rol exclusivo de “sabueso” que solo persigue evasores, ahora la prioridad es acompañar, facilitar, generar confianza y lograr que la gente cumpla por convicción. Pero basta leer con atención sus propias palabras para encontrar la primera contradicción: “lo que estamos procurando es, sí, aumentar la recaudación, porque hay evasión”.
Ahí queda al descubierto el corazón del asunto. La DGI nueva estrategia 2029 no se diseña solo para “mejorar el funcionamiento del sistema”, como repite el director. Se diseña en un momento en que el gobierno necesita equilibrar las cuentas públicas: la Rendición de Cuentas aumenta el gasto, la economía crece lento y la recaudación estancada. La meta es clara: reducir la evasión del IVA y el IRAE en un 20% para llevarlas a mínimos históricos. Esa meta no es casual: menos evasión significa más dinero en las arcas sin necesidad de subir las alícuotas de forma explícita.
Entre el discurso de confianza y la realidad del control
El discurso oficial habla de confianza recíproca, de no tratar a todos como defraudadores, de ejecutivos de cuenta y declaraciones precargadas que simplifiquen la vida al contribuyente. Pero la DGI nueva estrategia 2029 tiene un mecanismo de control muy claro detrás.
Las declaraciones precargadas, que entrarán en vigencia progresivamente desde octubre de este año, no son solo una ayuda. Son una herramienta que cambia la lógica: antes el contribuyente decía cuánto debía; ahora la DGI propone el monto basándose en todas las facturas electrónicas y cruces de datos que ya tiene. Si detecta indicios de subfacturación, pondrá directamente los montos que considera correctos, y será el ciudadano quien tenga que demostrar que está en lo cierto.
Además, no desaparece la mano dura.
Siguen vigentes las listas de deudores contumaces —ya hay más de 1.000 identificados—, se persigue a quienes emiten o usan facturas falsas y se traslada el historial de deudas de una empresa a otra que abra el mismo titular. Es decir: la fiscalización sigue intacta, solo que ahora viene precedida de una etapa de “acompañamiento” que sirve también para saber a quién hay que vigilar más de cerca.
El “timing” que no convence
Una de las preguntas más incómodas es por qué se lanza la DGI nueva estrategia 2029 justo en este contexto. La aprobación del gobierno cae, se debate una Rendición de Cuentas polémica y, en la misma semana, salen a la luz noticias sobre deudas impositivas y construcciones no regularizadas en propiedades del propio presidente.
¿Cómo pedir a la ciudadanía un cambio de cultura tributaria cuando desde la más alta autoridad se muestran situaciones que parecen incumplimientos? La respuesta del director es evasiva: dice que no corresponde involucrar a la institución en ese caso particular, pero no explica cómo se puede exigir a los demás lo que no se demuestra en los hechos.
Tampoco convence el argumento de que “habría formas más cortoplacistas de recaudar si ese fuera el único objetivo”. Cualquier medida que logre que más personas paguen lo que adeudan es, en el fondo, una forma de recaudar más. Llamarlo “mejora del sistema” no cambia su resultado final.
LaDGI nueva estrategia 2029 no es una revolución, sino una actualización de herramientas y discurso. Se habla de confianza, de acompañamiento y de cambiar la “viveza criolla”, pero en la práctica sigue siendo una institución diseñada para cobrar impuestos y perseguir a quienes no pagan.
El verdadero cambio no llegará solo con sistemas más modernos o declaraciones precargadas. Llegará cuando la gente perciba que lo que paga se invierte bien, que las reglas son iguales para todos —desde el más pequeño contribuyente hasta las máximas autoridades— y que el sistema funciona con equidad. Mientras tanto, para muchos uruguayos, esta nueva estrategia se sentirá simplemente como una frase nueva para decir lo mismo: “ahora tenemos más herramientas para controlarte”.
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