Médicos adictos: Investigaciones periodísticas recabaron decenas de testimonios de médicos y enfermeros sobre consumo de drogas en blocks quirúrgicos. La Sociedad de Anestesiología amenazó con juicios si se difunden los nombres, mientras el MSP derivó los casos a las propias instituciones para que se investiguen.
El consumo de fentanilo, propofol y cocaína dentro de los centros de salud del país dejó de ser un rumor de pasillo para convertirse en el centro de una investigación periodística que involucra a decenas de profesionales de la salud. A través del programaTodo se sabe, se expusieron testimonios de médicos, enfermeros y ex jerarcas que detallaron cómo colegas se drogan utilizando los mismos psicofármacos destinados a los pacientes.
Los relatos no se limitan a la capital. Uno de los mensajes recibidos por la producción apunta directamente al departamento de Salto. Según la denuncia, un anestesista concurre a sus consultas en el Hospital Regional y en un centro médico privado bajo los efectos de la cocaína. Los denunciantes aseguran que el profesional consume la droga antes de atender y mantienen que su comportamiento hacia los pacientes es hostil.
En el interior también hay casos graves en Canelones. Testimonios de médicos que trabajan en el Hospital de Las Piedras describieron a un intensivista que ingresaba al block quirúrgico y se llevaba ampollas de fentanilo de los cofres donde se guardan los medicamentos para los pacientes. El relato detalla que el profesional dormía durante las guardias, insultaba a las cirujanas y la dirección del hospital en ese momento optó por no recibir denuncias formales para evitar conflictos, dejando el asunto en la nada.
El modus operandi para obtener las sustancias es sencillo: los profesionales se apropian de los fármacos en los lugares de trabajo. Toxicólogos consultados en el informe explicaron que el fentanilo, un opioide sintético, genera en dosis bajas una sensación de euforia y anula la conciencia del dolor físico, algo que buscan los médicos tras guardias extenuantes. El riesgo es letal: en pequeñas cantidades deprime el sistema respiratorio.
La gravedad de estas prácticas quedó ilustrada con un caso ocurrido hace años en un hospital del interior, donde un anestesiólogo se inyectó propofol en el baño, perdió el conocimiento de forma inmediata y cayó desplomado. El propio cirujano que estaba operando en ese momento tuvo que suturarle el cuero cabelludo por el golpe.
Otra denuncia menciona a una anestesista de renombre que consume cocaína. Una persona que trabajó en su casa aseguró que quedaban restos de la droga en las mesas del living, la cocina y el dormitorio. Esta profesional ya había estado en el centro de las críticas por incidentes en el Instituto de Ortopedia.
Ante la recepción de esta información, el programa envió los nombres, apellidos y relatos al Ministerio de Salud Pública (MSP), al Colegio Médico, a la Sociedad de Anestesiología del Uruguay (SAU) y a la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI).
La respuesta de las instituciones fue dispar y generó más críticas. El MSP, a través de su secretaría, confirmó que tomó conocimiento de los hechos y procedió a “generar expedientes con cada uno de los casos para ser remitidos a los prestadores de salud a efectos de que se investigue e informe al Ministerio”. Es decir, la autoridad sanitaria devolvió la pelota a las mismas mutualistas y hospitales donde ocurren los hechos.
El Colegio Médico, mediante su presidente Álvaro Nigris Meyer, ofreció el programa de bienestar profesional para brindar “apoyo y acompañamiento terapéutico” gratuito a los adictos. Sin embargo, para cualquier sanción ética, condicionaron la acción a que se presente una denuncia formal ante el Tribunal de Ética.
La SUMI fue más directa al esquivar el problema: informaron que no tienen competencias para recibir, investigar o validar denuncias individuales, ni para adoptar medidas disciplinarias, y que esa responsabilidad es de las instituciones prestadoras.
La reacción más contundente llegó desde la Sociedad de Anestesiología del Uruguay. Lejos de abordar el riesgo para los pacientes, la comisión directiva emitió un comunicado para defender el “honor, la imagen y datos de salud” de los profesionales. Advirtieron al programa que, si difunden los nombres basándose en “meras sospechas”, se exponen a “las responsabilidades que el ordenamiento jurídico prevé”. Aseguraron que cuentan con un protocolo para apartar a los adictos del block y reasignarlos en tareas de policlínica o visitas, pero mantuvieron la amenaza de acciones legales contra quienes expongan a los colegas.
El informe también rescató la voz de denunciantes que rompieron el pacto de silencio. Una ex directora técnica de una institución de salud renunció en 2023 al constatar que la administración sabía quiénes eran los funcionarios adictos y en qué sectores trabajaban, sin tomar ninguna medida. Otra ex funcionaria dejó su cargo al ver que se protegía a urólogos y anestesistas que entraban drogados a operar, salían a consumir y volvían al block, amparados por “manos salvadoras” de la dirección.
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