La discusión entre la Intendencia de Salto y Adeoms se intensificó después de la resolución del 14 de agosto de 2025, que dispuso dar vista a los funcionarios comprendidos en el Anexo 1 del convenio del 25 de junio, abrir expediente y notificar a todas las áreas. El acto administrativo se apoya en el informe de una Comisión Especial que revisó contrataciones directas y designaciones realizadas en el período preelectoral, con mención al artículo 229 de la Constitución y a tensiones sobre el rubro 0. En paralelo, el documento describe un escenario financiero ajustado, con atrasos a proveedores, sobregiros y crédito limitado en el BROU.
En ese marco, Adeoms convocó una asamblea general extraordinaria para el martes 19 de agosto, a las 19:00, en su sede de Brasil 380. El orden del día incluye la notificación a funcionarios de designación directa y la definición de medidas de lucha con un plan de acción. Según planteos discutidos a nivel gremial, la presión podría concentrarse en dos áreas donde existe mayor presencia sindical: el bacheo en gramon y la recolección de residuos. La hipótesis de un paro focalizado en esos sectores se maneja como eventual, a resolver por la asamblea.
El foco en esas dependencias responde a razones operativas. En Gramon, el taller y las cuadrillas de bacheo abastecen radios urbanos con mezcla asfáltica para tapar pozos, nivelar calzadas y atender emergencias tras lluvias. Con menos salidas, crece la lista de reclamos vecinales y se estiran las intervenciones en esquinas con rebajes, entradas a garajes o tramos de balasto donde el bondi necesita piso firme para entrar. En recolección, una modificación de turnos y rutas repercute rápido: contenedores colmados, microbasurales y olores en manzanas densas, sobre todo en el microcentro y zonas cercanas a ferias, policlínicas y escuelas.
El Plenario Departamental del PIT-CNT difundió comunicados el 15 y 16 de agosto expresando solidaridad con los trabajadores municipales y cuestionando decisiones que, a su entender, afectarían la estabilidad de 292 o casi 300 personas incluidas en el último convenio. Allí se invocan la Ley 17.940 (libertades sindicales) y la Ley 18.508 (negociación colectiva en el sector público), además del rol del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como ámbito de encauce. El planteo sindical sostiene que la negociación colectiva es el camino para destrabar el conflicto y que las medidas se resolverán en asamblea, con guardias para servicios sensibles.
Del lado del Ejecutivo, la resolución fija un procedimiento: vista individual, descargos, formación de expediente y registro en el Libro de Resoluciones. La Comisión Especial señaló irregularidades formales y decisiones dentro de los doce meses previos al acto electoral. En paralelo, áreas operativas evalúan contingencias si hay medidas que afecten bacheo o recolección. Entre las variantes analizadas aparecen guardias mínimas, redistribución de camiones y priorización de rutas críticas en higiene, además de apoyo puntual de maquinaria para tapas urgentes en calzadas muy transitadas.
Técnicos consultados explican que, en Gramon, la mezcla asfáltica y ciertos insumos son perecederos; si se corta el ciclo de producción, hay que reprogramar frentes, recalibrar maquinaria (terminadoras, rodillos) y reordenar cuadrillas. En recolección, un corrimiento de turnos obliga a redibujar recorridos, lo que puede incrementar tiempos muertos y kilometraje en camiones. Estos efectos, aun cuando duren pocas horas, se notan en la vereda, en el contenedor de la esquina y en la circulación de los barrios.
En su comunicación, el PIT-CNT subraya que la discusión debe pasar por mesas de diálogo y consejos de salario o negociación colectiva, con la presencia del MTSS. La organización sostiene que la responsabilidad de encauzar el proceso es del Gobierno Departamental en su conjunto y llama a no responsabilizar a la herramienta sindical por situaciones ajenas a la mesa. Por su parte, fuentes del Ejecutivo remarcan que interferir en servicios esenciales puede provocar impactos sanitarios y viales. Algunas voces describen la maniobra como “jugar con fuego” por su efecto inmediato, palabras que reflejan una preocupación por la limpieza y la seguridad vial, especialmente en semanas de temperaturas altas.
En el territorio, los vecinos perciben el conflicto de forma concreta. En días de calor, la basura se acumula cerca de plazas y parques; el olor aparece rápido y se multiplican consultas a Atención Ciudadana. En barrios de balasto, un bache sin cubrir implica que el ómnibus no pueda entrar hasta el fondo, y la gente termine caminando una cuadra extra con las bolsas del súper. Comercios del microcentro describen demoras en cargas y descargas cuando hay desniveles en cordones sometidos a alto uso. Son escenas cotidianas que muestran por qué bacheo y recolección pesan tanto en la rutina de la ciudad.
Más allá de la disputa, ambas partes expresan que quieren evitar un escalamiento. La Intendencia reafirma que respetará los plazos legales de vista y notificación, incluso mediante el Servicio de Autogestión de Funcionarios, y que cualquier decisión posterior será fundamentada en el expediente. Adeoms, por su lado, reitera que toda medida se definirá en asamblea y que, de adoptarse, propondrá guardias en hospitales, residenciales y centros educativos.
En la agenda inmediata aparecen tres hitos: la asamblea de Adeoms, la ronda de notificaciones del Ejecutivo y la posibilidad de instancias tripartitas en el Ministerio de Trabajo. También se esperan precisiones sobre el alcance del anexo de funcionarios comprendidos y sobre los requisitos formales que se revisarán en cada caso. Mientras tanto, el énfasis informativo se mantiene en bacheo en gramon y recolección, porque un amague de paro en esos sectores podría repercutir de forma directa en higiene urbana, tránsito y seguridad vial.
