La guerra contra las pandillas en El Salvador con menores de edad como protagonistas ha entrado en una fase de severidad inédita. Un reciente operativo de la Fuerza Armada en la colonia Bosques del Río, Soyapango, culminó con la captura de cinco adolescentes vinculados a la facción 18 Sureños, apenas días después de que el país habilitara legalmente la prisión perpetua para este grupo etario.
Soyapango: el último refugio bajo asedio
La intervención militar se desencadenó tras una denuncia ciudadana que rompió el silencio en una zona históricamente controlada por el terrorismo vecinal. Los detenidos, entre quienes se identificó a Josué Adán P. V. y Marelin Valeria L. M., fueron sorprendidos en plena actividad de vigilancia para la estructura criminal. Aunque la incautación se limitó a una pequeña dosis de marihuana, el peso de la acusación no radica en la sustancia, sino en la pertenencia activa a una organización terrorista, un delito que hoy se paga con la vida tras las rejas.
El fin de la «impunidad biológica»: perpetua desde los 12 años
Lo que hace este operativo particularmente relevante es el nuevo marco jurídico que rige en el país desde el 26 de abril de 2026. El Salvador ha roto los paradigmas de la justicia juvenil al establecer que los adolescentes de entre 12 y 18 años pueden recibir sentencias de prisión perpetua por delitos graves. Esta reforma separa definitivamente a los jóvenes vinculados al crimen organizado de la justicia rehabilitadora, enviándolos directamente a Tribunales Especializados donde el castigo es el único horizonte.
Régimen de excepción: la prórroga número 50
En paralelo a las capturas, la Asamblea Legislativa ratificó la prórroga número 50 del régimen de excepción. Con una mayoría aplastante de 57 votos, el gobierno mantiene suspendidas garantías constitucionales básicas como el derecho a la defensa y la inviolabilidad de la correspondencia. Para la administración de Nayib Bukele, esta es la «herramienta quirúrgica» necesaria para neutralizar a las pandillas desde la raíz, sin importar las críticas internacionales sobre el debido proceso.
Un sistema judicial transformado
El mensaje del Estado salvadoreño es nulo en matices: ser menor de edad ya no es un atenuante para quienes integran las filas de las maras o pandillas. La reincidencia de adolescentes en actividades delictivas ha sido el motor de estos cambios legales que buscan, en teoría, desmantelar las bases de reclutamiento de las estructuras criminales. Sin embargo, el impacto social de encarcelar de por vida a jóvenes que apenas superan la infancia es un debate que la sociedad salvadoreña parece haber postergado en favor de la seguridad inmediata.
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