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Dictador Nicolás Maduro: el consenso uruguayo que Bordaberry subrayó en el Parlamento

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Autor: Arturo Mondragón Por Arturo Mondragón

Dictador Nicolás Maduro: el consenso uruguayo que Bordaberry subrayó en el Parlamento. La sesión de la Comisión Permanente de este miércoles no fue una más en el Palacio Legislativo. Con el eco de la intervención militar de Estados Unidos todavía resonando en la región, el senador colorado Pedro Bordaberry tomó la palabra para poner blanco sobre negro respecto a la caída del régimen chavista.

Para Bordaberry, la captura realizada el pasado sábado 3 de enero no hace más que ratificar una realidad que Uruguay ya había masticado hace tiempo. Según el líder colorado, existe un consenso que atraviesa todo el arco político nacional, desde la coalición de gobierno hasta la oposición frenteamplista. En sus propias palabras, el mote de dictador Nicolás Maduro no es una opinión aislada, sino una definición compartida por figuras de la talla de Luis Lacalle Pou, Yamandú Orsi y Mario Lubetkin.

El estatus jurídico del dictador Nicolás Maduro

El punto central del alegato de Bordaberry radicó en la desmitificación del cargo que ostentaba el líder venezolano hasta hace apenas unos días. Al no ser reconocido como un presidente legítimo por la comunidad internacional ni por los principales líderes uruguayos, el dictador Nicolás Maduro quedaba automáticamente despojado de cualquier privilegio o inmunidad que suelen proteger a los jefes de Estado. Este vacío legal fue, según el senador, lo que permitió que la justicia estadounidense actuara sobre un “particular” que detentaba el poder de facto.

La lógica planteada en sala fue implacable: si no hay legitimidad de origen ni de ejercicio, no hay Estado que proteja al individuo. Bordaberry insistió en que el dictador Nicolás Maduro operaba simplemente como un delincuente ocupando un lugar de poder por la fuerza. Esta distinción no es menor, ya que justifica desde el derecho internacional la intervención sobre una figura que, al ser calificada unánimemente como dictador, deja de ser un interlocutor válido para las democracias del mundo.

Las coincidencias entre Lacalle Pou y Orsi

Uno de los momentos más tensos de la oratoria ocurrió cuando Bordaberry interpeló a la bancada opositora citando a sus propios referentes. Al mencionar que Yamandú Orsi tampoco reconoce la legitimidad del régimen, el senador buscó acorralar cualquier intento de defensa romántica del proceso bolivariano. La figura del dictador Nicolás Maduro se convirtió así en el punto de unión inesperado entre los dos grandes bloques del Uruguay, dejando poco margen para las tibiezas diplomáticas que caracterizaron otros periodos.

Bordaberry fue muy hábil al recordar que, si el propio candidato del Frente Amplio no reconoce a Maduro como Jefe de Estado, entonces se cae por su propio peso cualquier reclamo sobre la soberanía vulnerada. Para el senador colorado, el dictador Nicolás Maduro no puede invocar normas que él mismo se encargó de pisotear durante años. Esta “muerte civil” internacional del jerarca venezolano fue el preámbulo necesario para su captura física en la madrugada del sábado.

Hacia una Venezuela libre de autoritarismo

El cierre de la intervención de Bordaberry fue tan histriónico como sentido, culminando con un grito de “Que viva Venezuela Libre” que retumbó en las paredes de la Comisión Permanente. Más allá del gesto político, la discusión dejó en claro que Uruguay se encamina a una postura mucho más dura y unificada frente a los restos del chavismo. El fin del dictador Nicolás Maduro abre un escenario de incertidumbre pero también de esperanza para la diáspora venezolana que vive en nuestro país y sigue de cerca cada movimiento del Parlamento.

La captura del jerarca representa, para el sistema político uruguayo, el cierre de un capítulo oscuro donde la región se vio partida por afinidades ideológicas. Hoy, con la evidencia sobre la mesa y el consenso sobre el dictador Nicolás Maduro consolidado, el debate gira hacia la reconstrucción democrática. El planteo de Bordaberry dejó una pregunta incómoda para aquellos que aún dudan en condenar regímenes autoritarios bajo el pretexto de la autodeterminación de los pueblos.

¿Es posible seguir defendiendo la inmunidad de un gobernante cuando el propio sistema democrático nacional ya lo ha sentenciado como un usurpador del poder?


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